El gobierno de Colombia, sin la autorización del Parlamento, ha aceptado la intervención militar de Estados Unidos “para combatir el narcotráfico”.
Una unidad de tropas especiales iniciará en junio esta operación de varios meses dirigida por el Comando Sur, la jefatura encargada del despliegue militar de Estados Unidos en América Latina. Es la primera vez que se realiza una intervención de estas características en territorio latinoamericano.
Washington dice que va a ayudar a su mejor aliado en la lucha contra el narcotráfico pero los defensores de los derechos humanos de Colombia denuncian que se trata de una operación inconstitucional, por no contar con la autorización parlamentaria, que puede ser utilizada en agresiones contra Venezuela.
Las tropas de Estados Unidos actuarán en zonas fronterizas entre los dos países y su despliegue se produce inmediatamente después del fracaso del intento de desembarco sobre la costa venezolana por mercenarios dirigidos por un veterano estadounidense de las guerras de Irak y Afganistán.
Esta operación militar en Colombia forma parte del bloqueo naval en el Caribe, recientemente anunciado por el presidente Donald Trump como un hostigamiento contra Venezuela por su supuesta complicidad en el narcotráfico hacia Estados Unidos.
Paradójicamente, el anuncio de la llegada de las tropas estadounidenses, justificada por “la colaboración contra el narcotráfico”, coincide con la decisión de la Fiscalía General de llamar a declarar a Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en una investigación sobre los narcoparamilitares.
