En junio comenzará a cobrarse el ingreso mínimo vital que oscilará entre 462 y 1.015 euros mensuales, según la composición de los 850.000 hogares a los que va a beneficiar. Se calcula que 2.300.000 personas van a recibir esta prestación de la Seguridad Social que será compatible con ingresos de carácter laboral para incentivar la búsqueda de empleo.
Un Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado el ingreso mínimo vital, introducido por Unidas Podemos en el programa del gobierno de coalición contra el empobrecimiento anterior al coronavirus pero que se establece ahora con urgencia para impedir que la exclusión social se agrave como consecuencia de la pandemia.
“Es un día histórico para nuestra democracia -ha dicho el vicepresidente Pablo Iglesias– porque con este nuevo derecho se cumple el mandato constitucional de garantizar la protección social”. Según Iglesias, “es una medida estructural, no coyuntural, como la jubilación y el desempleo”, con la que se combinan la justicia social, la defensa de la dignidad personal, la seguridad que en una sociedad democrática debe garantizar la cobertura de las necesidades básicas y la libertad que sólo se puede ejercer con ese mínimo vital asegurado.
El ingreso mínimo vital se podrá solicitar entre los 23 y los 65 años, mediante una tramitación simplificada a través de la atención electrónica de la Seguridad Social y en función de los ingresos anteriores pero teniendo en cuenta la pobreza sobrevenida como consecuencia del coronavirus.
Será de entre 462 y 1.015 euros, según la composición de los hogares. Establece un suelo mínimo para toda España que podrá combinarse con las rentas de inserción de las comunidades autónomas.
Si el que lo recibe consigue también ingresos laborales, tendrá la prestación por la diferencia entre lo que cobra y el mínimo garantizado.
