Durante la Transición, un grupo de abogados, miembros del PCE y de las CC.OO, abrieron despachos para atender al movimiento obrero y vecinal. El 24 de enero de 1977, un grupo de ultraderecha irrumpía en el despacho de la calle Atocha 55 asesinando a cinco de ellos y malhiriendo al resto.

El juicio se celebró en febrero de 1980 con una tensión extrema. Existía la pena de muerte. Los Abogados de Atocha no la reclamaron para sus asesinos. Uno de ellos, Fernando Lerdo de Tejada, se fugó en 1979 gracias a la concesión de un permiso. No se ha vuelto a saber de él. Otro, Carlos García Juliá, fue condenado a 193 años de prisión. En 1991 gracias a un permiso viaja al extranjero y no regresa, dejando pendiente el cumplimiento de más de 10 años de pena. En 1996 se le declara prófugo. Ha pasado estos años en Latinoamérica dedicado al narcotráfico y relacionado con grupos paramilitares. En febrero de 2020 es extraditado a España para que termine de cumplir su condena.

En pleno estado de alarma su abogado consigue trasladar el caso de la Audiencia Nacional a la Provincial de Ciudad Real donde tenía una condena posterior por intento de fuga en 1979. Lograba así anular la estimación inicial consiguiendo una liquidación de condena que pondría al asesino en libertad el 19 de noviembre de este año. Todo sucede sin informar a las partes personadas en el caso, las víctimas de Atocha y la Fundación Abogados de Atocha.

La Fundación Abogados de Atocha y los compañeros de las víctimas han iniciado una batalla legal para evitarlo. Se han personado ante la Audiencia Nacional y la Provincial pidiendo la impugnación de la liquidación de la condena. Y es ahora cuando La Fiscalía, por primera vez, acepta revisarla excarcelación de Carlos García Juliá prevista para el 19 de noviembre.

Perdimos la guerra y nos abandonaron en las cunetas, nos torturaron y fusilaron. Tragamos con la Transición en aras del bien común y nos dejaron en una terrible soledad llorando ausencias. Y hoy, tras más de 40 años, pretenden continuar negándonos la justicia que nos pertenece por derecho, por humanidad, por historia inconclusa, por la maldita reconciliación que tanto nos reclaman cuando son ellos los que no la quieren.

Los Abogados de Atocha, sus familias, sus camaradas y la ciudadanía necesitamos ver que se inicia este siglo XXI cerrando heridas. El olvido y el perdón son herramientas de las religiones, de los poderes fácticos. Son la muerte de la civilización por la que luchamos. Nuestra idea de Justicia es laica, es social, es equitativa y por esto hoy pedimos justicia y reparación para el pasado, ordenando el presente y poder así trabajar para un futuro en el que impere la paz y la libertad.

Carlos García Juliá debe cumplir toda la condena pendiente de Atocha. Debe someterse a un nuevo juicio por su fuga. No puede morir sin cumplir con la sociedad como “Billy el Niño” y muchos otros fascistas asesinos materiales e ideólogos de la muerte. Esta sociedad, la lucha por la libertad, el PCE y las CC.OO, las familias merecen justicia y reparación para que la Historia, Nuestra Historia, cobre sentido y ponga en armonía el Universo.