Las personas migrantes, por motivos económicos o por cuestiones sociopolíticas, componen siempre uno de los colectivos con mayor riesgo de vulnerabilidad de España. A las dificultades causadas por la precariedad, el desarraigo y la vulnerabilidad causada por las normativas y legislaciones del Estado español, en la actualidad nos enfrentamos al drama añadido de la epidemia de COVID-19, cuyos efectos sociales y económicos han afectado con especial dureza a la población más vulnerable.
En este escenario, los pasados días 6 de junio y 4 de julio, desde la Secretaría de Migraciones del PCE impulsamos la celebración de dos Encuentros Estatales. Un espacio de participación e intercambio abierto a organizaciones sociales, asociaciones, colectivos de migrantes y refugiados, entidades en defensa de los derechos humanos, e incluso universidades y otros espacios de estudio e investigación que desarrollan un trabajo en el ámbito de la migración. Los encuentros reunieron a cerca de 70 delegados, con la participación de 25 entidades de colectivos migrantes y 15 delegados de españoles expatriados como representantes de la emigración española.
Se intercambiaron impresiones, escucharon experiencias, analizaron contextos, problemas y realidades de la migración en la actual crisis sanitaria. El encuentro también sirvió para desarrollar planteamientos, propuestas y líneas de actuación conjuntas que puedan armarse desde los distintos espacios y entidades. Así mismo, se plantearon retos y oportunidades que se abren para mejorar la situación social, laboral y económica de la población migrante desde el ámbito ejecutivo gracias a nuestra participación en el gobierno de coalición progresista.
Los principales aspectos que se abordaron en estos encuentros fueron jurídico/administrativos, como los efectos de la política migratoria en España y sus efectos sobre los derechos de las personas. Las dificultades de acceso a la regularización y los efectos adversos para el acceso a derechos fundamentales como la vivienda, la sanidad, los derechos laborales e, incluso, en la articulación de la participación política.
El primer bloque sobre temas Jurídicos fue dirigido por Mauricio Valiente como coordinador de Izquierda Unida dentro del grupo parlamentario de la confluencia Unidas Podemos. En este bloque, Valiente puso en valor las medidas aprobadas por el gobierno de coalición durante este periodo de pandemia de cara a la población migrante, resaltando las dificultades inherentes de cambiar el modelo de políticas migratorias arrastrado durante más de dos décadas y la necesidad de depositar nuestro esfuerzo en derechos reivindicativos, como regularización de papeles y cambios legislativos en la ley de extranjería y asilo.
En este ámbito, los colectivos plantearon la necesidad de una regularización inmediata y eficaz de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular administrativa, ya que sin que ésta se produzca, la población migrante queda excluida del grueso de medidas destinadas a evitar los efectos más dramáticos de la crisis social y económica, no pudiendo acceder a mecanismos para garantizar derechos fundamentales como la vivienda, el trabajo o la asistencia sanitaria. De igual manera se reiteró la reivindicación de derogación de la ley de extranjería y asilo, cierre definitivo de los CIEs, medidas más efectivas y ágiles para la solicitud de asilo, requisitos flexibles para el arraigo social y laboral y muchos otros puntos de especial reivindicación. Por otro lado por parte de la población emigrante se insistió en la necesidad de suprimir el voto rogado, que impide a millones de españoles expatriados ejercer sus derechos políticos, y la lucha por la ley de Recuperación de Nacionalidad.
Los siguientes bloques de contenido y debate versaron sobre el acceso a derechos sociales. Durante los mismos, se plantearon intensos debates sobre las limitaciones que han existido históricamente para acceder a derechos sociales fundamentales, mucho antes de que la crisis sanitaria volviese a poner en riesgo su acceso inmediato. Así mismo, se planteó la especial vulnerabilidad de la población migrante, abocada a los peores efectos de la crisis en los ámbitos laborales, económicos y sociales. El volumen de personas de origen migrante en algunos de los sectores laborales que se han mantenido en la primera línea de combate contra la pandemia: sectores de limpieza, de cuidados, empleados de superficies comerciales de primera necesidad, inclusive un buen porcentaje del personal sanitario, son elementos que no pueden pasar por alto en la opinión pública en un momento en el que los discursos de odio y rechazo crecen.
Por último, cobra gran necesidad la defensa y garantía de los derechos y las libertades de la población migrante, uniendo esfuerzos de convivencia intercultural, pedagogía, sensibilización y cohesión social para combatir el racismo, la xenofobia y los discursos de odio que genera la extrema derecha, permitiendo en estos encuentros concluir con propuestas concretas en la que se identificaron los distintos colectivos para empezar un trabajo organizativo conjunto y común.
En definitiva, estos encuentros nos han permitido una primera aproximación colectiva a un fenómeno de fundamental importancia para nuestra organización, en el que seguiremos trabajando.
Responsable de la Secretaría
de Migraciones del PCE