Con esta frase reaccionaron ecuatorianos y ecuatorianas ante la absurda sentencia de 8 años de cárcel que el sistema judicial impuso a Rafael Correa y Jorge Glas por haber “irradiado un influjo psíquico” hacia funcionarios de su gobierno para que pidieran aportes para campañas electorales. Era el lunes 7 de septiembre del 2020. El mismo día, -qué casualidad- un juez boliviano inhabilitó a Evo Morales para participar como candidato a senador, “porque no está viviendo en Bolivia”.
De todo han hecho las élites ecuatorianas, articuladas con la estrategia del imperio norteamericano para evitar que la Revolución Ciudadana vuelva al gobierno, después de que la traición de Moreno produjera un total descarrilamiento de la ruta hacia la Sociedad del Buen Vivir que se iniciara con el decenio 2007-2017.
A los partidarios de Correa nos arrebataron el partido político, nos impidieron inscribir un nuevo movimiento durante tres ocasiones, nos han perseguido por absurdas “causas” a través de la Contraloría y la Fiscalía y nos han planteado centenares de juicios por el solo hecho de defender los derechos alcanzados en la Década Ganada.
Debe aclararse que Moreno no ha sido quien ha gobernado durante más de 3 años a nuestro país. El ha servido como un títere de la oligarquía financiera, de los directivos de las Cámaras empresariales, de las grandes empresas mediáticas y del gobierno de Estados Unidos, para impulsar una agenda económica que finalmente ha regresado a condiciones de desempleo y pobreza a una gran parte de la población que había comenzado a vivir con dignidad durante el gobierno de Correa.
A la población le han sido arrebatados los derechos a la salud, a la educación, a un empleo y salarios decentes. El derecho a no ser extorsionados por intereses usureros y comisiones abusivas de la banca, el derecho de los campesinos a no ser estafados por los intermediarios en los tiempos de cosecha y más.
Para ello, las élites empresariales y financieras ubicaron al mismísimo presidente del comité empresarial ecuatoriano, Richard Martínez, en el cargo de ministro de Economía y Finanzas, a efectos de expresarle en forma directa al presidente Moreno sus directrices económicas. Y con el objetivo de que pareciera que la decisión de achicar el Estado -despedir trabajadores, reducir la inversión y el gasto público- ha sido “técnica” y “fundamentada por expertos extranjeros”, provocaron una crisis fiscal que los condujo “inevitablemente” a recurrir a créditos del Fondo Monetario Internacional.
Con esto, acabaron de enterrarse. Se aplicaron las conocidas recetas del FMI y la población reaccionó masivamente en las calles, con ello la represión y el acelerado desgaste del gobierno de Moreno se fue al piso; ahora más del 90% de la ciudadanía reprueba la gestión morenista.
La pandemia del Covid-19 se ensañó contra la ciudad de Guayaquil. La pésima gestión tuvo que ver con la falta de liderazgo del presidente, pero también con tres elementos adicionales: a) la reducción de la inversión en el sector salud durante los tres últimos años; b) el despido de miles de trabajadores del sector, incluida la brigada médica cubana que trabajaba justamente en atención primaria de salud; y c) la debacle institucional y la corrupción generalizada en adquisición de medicinas, insumos y equipos médicos, como consecuencia del criminal reparto de los hospitales en beneficio de asambleístas y políticos, como cuotas políticas para supuestamente garantizar gobernabilidad en el Parlamento.
A la pésima gestión del gobierno de Moreno le ha acompañado también la aplicación de la estrategia imperial del lawfare, la judicialización de la política, que ha tenido como objetivo manchar los procesos progresistas y revolucionarios latinoamericanos, acusándolos falsamente de corruptos y forjando juicios para encarcelar y destruir la vida de sus principales dirigentes. Los casos emblemáticos son los de Lula y Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Krichner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y, en Ecuador, Rafael Correa, Jorge Glas y decenas de dirigentes políticos y ex funcionarios.
Para esto, en el caso del Ecuador, violando la Constitución y la leyes, destruyeron la institucionalidad construida durante diez años, destituyeron funcionarios, nombraron ilegalmente a otros, incluidos jueces, fiscal y una Corte Constitucional ilegítima, hasta construir un completo entramado dispuesto a llevar a la cárcel a todo aquel que oliera a “correista”, en una política neo-fascista que avergüenza a nuestra América Latina.
Ahora Ecuador ha iniciado un proceso electoral que debe llevarse a cabo en febrero del 2021. Las élites financieras, empresariales y mediáticas y el imperialismo saben que Rafael Correa está en el corazón de su pueblo, por lo que se propusieron sacarlo de la contienda. Para lograrlo, organizaron fraudulentamente una consulta popular en el 2018, que no le permite presentarse como candidato a la presidencia. Pero, para evitar incluso que lo candidaticen a la vicepresidencia, volvieron a violar la ley al dictar reglamentos que hacen casi imposible su postulación para ese cargo.
No satisfechos con ello, forjaron un juicio repleto de irregularidades, sin pies ni cabeza, contra Correa y Glas, que hicieron avanzar atropellando tiempos y procedimientos, y que han logrado llevar a la última instancia justo unos días antes de la inscripción de candidaturas para inhabilitar a Rafael Correa. Es tan burdo el montaje judicial que se armó para condenarlo, que estamos seguros de que en las instancias internacionales ese juicio será declarado nulo. La encuesta de una estación de televisión abierta revela que el 82% de los ecuatorianos cree que la sentencia es injusta.
La Revolución Ciudadana, ahora cobijada en los partidos Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, tiene como candidato a la presidencia a Andrés Arauz, un destacado y joven economista de 35 años, con una extraordinaria formación profesional y experiencia en gestión durante la década del gobierno de Rafael Correa, que ha puesto en vilo a la derecha tradicional y oligárquica.
Preocupados por los resultados de las encuestas, la derecha -que ha cogobernado con Moreno estos años- ha decidido hacer una amplia alianza por primera vez en muchos años -en la que participan Jaime Nebot y Guillermo Lasso, enemigos supuestamente irreconciliables- ante el temor de que su dispersión permita el triunfo de Andrés Arauz en la primera vuelta, lo que podría alcanzar con una votación del 40%, si supera al siguiente candidato con 10 puntos.
Ahora le toca al pueblo ecuatoriano asumir su responsabilidad, organizarse en cada rincón del país y pasar a la ofensiva electoral para cumplir, el 7 de febrero próximo, ese grito de futuro y de esperanza: “Estamos condenados a vencer”.
