La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado por malversación de caudales públicos a Emilio Álvarez Fernández, ex jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Gregorio Marañón, y a la técnica de laboratorio María Luisa Herranz que entre 2012 y 2015 utilizaron las máquinas y los reactivos del hospital público para realizar pruebas a pacientes de clínicas privadas. Lo denunció el médico Juan Carlos Martínez que ha tenido que esperar cinco años para que la sentencia le diera la razón.


Médico Juan Carlos Martínez, autor de la denuncia

¿Qué te parece la sentencia?
Me parece muy positiva. Reconoce lo que denuncié y CCOO llevó a la fiscalía. Se trataba de análisis de muestras de pacientes de clínicas privadas en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Gregorio Marañón de la sanidad pública. Las biopsias se transportaban por las doctoras Beatriz López Martínez-Bernal y Carmen López Valera desde las clínicas privadas y la técnica María Luisa Herranz realizaba los análisis en las máquinas del Servicio de Anatomía Patológica. Han condenado a Emilio Álvarez Fernández, antiguo jefe del servicio, y a la técnica María Luisa Herranz como autores responsables de un delito continuado de malversación de caudales o bienes públicos. Las patólogas Beatriz López Martínez-Bernal y Carmen López Valera también fueron acusadas pero resultaron absueltas al ser consideradas simples correos.

Es una satisfacción haber acabado con aquella práctica corrupta que deterioraba el funcionamiento de un hospital público. Pero resulta lamentable que la sentencia haya tardado cinco años. Refleja la lentitud en la administración de justicia que caracteriza a nuestro país.

¿Cómo lo descubriste?
Vi en la mesa del laboratorio donde trabajaba la técnica unos sobres con el membrete de una clínica privada. Descubrí solicitudes de pruebas que no correspondían a la numeración identificativa de las biopsias del servicio. Pregunté a varios compañeros y me dijeron que eran “las biopsias privadas del jefe” y que venía ocurriendo desde hacía veinte años. Conseguí pruebas sobre las biopsias ajenas en las que no se identificaba al médico solicitante.

Sobres de las biopsias con los membretes de la clínica privada

Un negocio privado con recursos públicos.
Los gastos por los reactivos y la utilización de las máquinas corrían a cargo del Hospital Gregorio Marañón y los resultados se cobraban a los pacientes de las clínicas privadas o a las compañías aseguradoras. El beneficio se lo embolsaba Emilio Álvarez Fernández.

¿Cómo reaccionaron los responsables del servicio?
Hablé con el doctor Eduardo Junco, jefe en funciones del Servicio de Anatomía Patológica desde la jubilación de Emilio Álvarez Fernández. Le dije que, aunque sabía que no era el culpable, si no acababa con aquella práctica se convertía en cómplice. No hizo nada y desde entonces mantuvo una actitud hostil. Se lo conté a Rosa María Cuadrado, Secretaria General de la Federación de Sanidad de CCOO, que lo puso en conocimiento del Consejero de Sanidad Javier Maldonado. Tampoco hizo nada. En marzo de 2015 un artículo de Iván Gil en El Confidencial denunciaba la trama que utilizaba los recursos públicos del Hospital Gregorio Marañón para realizar biopsias de muestras procedentes de pacientes de clínicas privadas. La dirección del hospital dijo que no tenía conocimiento de lo denunciado y que ordenaba una investigación interna. La Inspección Médica de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid comprobó la realización de técnicas analíticas en biopsias de pacientes de clínicas privadas, cuyo coste había asumido el hospital público. Se envió el expediente a la fiscalía al considerar que existían indicios de delito.

¿Cómo reaccionaron los compañeros?
Aunque sabían lo que ocurría, mis compañeros patólogos reaccionaron evitándome por miedo o indignados porque decían que con mi denuncia había desprestigiado al servicio y al hospital. Solo me apoyaron dos de los diez médicos residentes. Sí hubo una reacción de apoyo entre los técnicos del laboratorio con un escrito que respaldaba mi denuncia y recogía muchas quejas sobre el deterioro y mal funcionamiento del servicio.

¿Cómo es posible que se hiciera durante tanto tiempo lo que denunciaste?
Estas corrupciones son posibles porque la organización y el funcionamiento de los hospitales públicos y sus servicios se basan en un sistema autoritario que permite los reinos de taifas. No hay mecanismos de control. Al condenado por malversación de caudales públicos, Emilio Álvarez Fernández, le habían concedido poco antes de mi denuncia la Medalla de Plata al Mérito Sanitario de la Comunidad de Madrid. Al no convocar los concursos públicos para cubrir las plazas en propiedad, hay una considerable proporción de profesionales eventuales o interinos que dependen del jefe de servicio para la renovación de sus contratos. Crean así una red de fieles y obedientes subalternos. Es vox populi que lo ocurrido en el Gregorio Marañón sucede de forma más o menos similar en otros hospitales pero es muy difícil probarlo. Hay mucho miedo y la gente no se atreve a denunciarlo. El que no ocurra depende de los jefes de servicio que los hay muy dignos. Ha habido varios intentos de aprobar una Ley de Protección de los Denunciantes pero ninguno ha prosperado.