La cuota del ferrocarril en el transporte de mercancías alcanzó en la Unión Europea una cuota media del 19% en 2011 -mientras que en España apenas llegó al 3%-, a la vez que el transporte en tren de personas aumentó del 7,0% al 7,6% entre 2007 y 2016. El nuevo Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, además de cambiar su nombre, debe hacer el esfuerzo titánico, durante 2021, el Año Europeo del Tren, para que la red básica ferroviaria española, mallada, coherente y consistente, vertebre todo el territorio español, sin dejar sin servicio a la España Vaciada.
El 4 de marzo de 2020 el Parlamento Europeo y el Consejo tomaron la decisión COM (2020) 78 final, que declaró Año Europeo del Ferrocarril el 2021. La UE se marcó el objetivo de alcanzar la neutralidad climática de la UE en 2050, es decir que las emisiones de gases con efecto de invernadero, GEI, sean iguales a la absorción natural de los mismos por bosques, agua del mar y demás sumideros de CO2, y para ello es preciso reducir en un 90% las emisiones del transporte de ahora hasta el 2050. Entre otras medidas previstas, una parte sustancial del 75% del transporte interior de mercancías, que ahora se realiza por carretera, debe pasar al tren y al transporte fluvial.
En ese contexto el ferrocarril español debe desempeñar un papel importante para acelerar la reducción de las emisiones GEI en el transporte, ya que es uno de los modos, junto a la marcha a pie y los desplazamientos en bicicleta, más respetuosos con el medio ambiente y de mayor eficiencia energética. De hecho, el ferrocarril, en gran medida electrificado, emite mucho menos CO2 que un viaje equivalente por carretera o en transporte aéreo.
Para la UE, el objetivo esencial del Año Europeo del Tren es fomentar y apoyar la labor de las administraciones públicas europea, estatal, autonómica y local, de los Estados Miembros, para aumentar la cuota del ferrocarril en el transporte de personas y mercancías. La propuesta que reiteradamente hace el movimiento social español de las plataformas por el tren público, social y sostenible.
La red básica ferroviaria transeuropea, donde se incluye la española, que estará definida a finales de 2023 y que se pondrá en marcha en 2030, señala que las líneas férreas serán de doble vía electrificada, con sistema europeo de gestión del tráfico, que proporciona una capacidad de 443 trenes por día y sentido permitiendo la circulación simultánea de todo tipo de trenes, trenes de cercanías, trenes regionales, trenes de grandes distancias, trenes nocturnos y trenes de mercancías, con velocidades medias de 165 km/h los trenes rápidos, y con estaciones en el mundo rural pues han de prestar servicio a las poblaciones por donde pasan además de las ciudades y aglomeraciones urbanas.
Deslocalización de la agricultura y la ganadería
La concentración de más del 70 por ciento de las personas en las grandes aglomeraciones urbanas no es un hecho natural, es la derivada de las decisiones tomadas por los anteriores Gobiernos de España, que han atendido las propuestas de la globalización capitalista más que las necesidades de nuestra sociedad con un mundo rural dispuesto a producir bienes ecológicos, agrarios y ganaderos, en explotaciones familiares capaces de darnos seguridad alimentaria y cuidado del medio ambiente, en todas las facetas del suelo, el agua y el aire. El capitalismo interno se alineó con el capitalismo del imperio y deslocalizó la producción industrial en China y el sudeste asiático y, a su vez, también ha deslocalizado la producción de la agricultura y ganadería básicas en territorios del tercer mundo de América Latina, África y Asia.
El presente de nuestro medio rural está sin relevo, con una política agropecuaria muy burocratizada y decidida de espaldas a la población, y con nuestras administraciones públicas internas actuando como simples gestores de la Política Agraria Común. Y como es sabido, la lucha contra la despoblación del medio rural debe centrar una parte importante de los esfuerzos de dichas administraciones, asegurando la plena igualdad en la calidad de los servicios públicos y de los servicios sociales, con las adaptaciones necesarias en función de sus características territoriales, a los servicios ofrecidos en las grandes aglomeraciones urbanas.
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INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y DE GESTIÓN
Garantizar un mundo rural vivo pasa por la defensa de los servicios públicos, y de las infraestructuras que éstos requieren para su prestación; infraestructuras públicas y de gestión pública. Sabiendo que la falta de servicios repercute fundamentalmente en la vida de las mujeres y que sin mujeres no hay posibilidad de frenar ni revertir la despoblación. La actual falta de servicios públicos, en el ámbito rural, se manifiesta de forma singular en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja, y en zonas fronterizas con Portugal como Orense, Zamora y Salamanca.
Así mismo es necesario concebir, diseñar y poner en marcha, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y los Municipios, y con la participación de la Administración General del Estado, planes comarcales de cobertura de servicios públicos de salud, educación, bienestar social, transporte,… que garanticen el acceso a la población rural y que respondan a las peculiaridades y necesidades de cada territorio.
