El pasado 7 de octubre el presidente del Gobierno presentaba a los medios de comunicación, a los agentes sociales y económicos y al cuerpo diplomático el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española (PRTR). Para clarificar su alcance y posibilidades es necesario enmarcarlo en las iniciativas europeas ante las consecuencias económicas de la expansión descontrolada del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad respiratoria covid-19. En este sentido, hay que diferenciar dos conjuntos de medidas adoptadas, con celeridad y volumen inusitados y plausibles, por las instituciones europeas. Inicialmente, en marzo, se adoptó un plan de choque de hasta 540.000 millones de euros para atender las medidas de emergencia orientadas a paliar los efectos inmediatos de la crisis (como el plan SURE para financiar los ERTE o sus equivalentes en otros países).
Posteriormente, en julio, se aprobó el gran plan de reconstrucción (el programa Next Generation EU) de hasta 750.000 millones de euros para impulsar la reactivación poscrisis de las economías europeas y su transformación hacia un horizonte de descarbonización y digitalización. De este programa a España le corresponderían hasta 140.000 millones (72.700 como ayudas directas, que no se devuelven, y 67.300 como préstamos) siempre que se tradujeran en proyectos concretos insertos en las líneas maestras establecidas por las instituciones europeas. Para ver la magnitud de los recursos, hay que recordar que durante el período presupuestario 2014-2020 España ha recibido de la UE en fondos para la cohesión algo más del 5% de esa cantidad, unos 7.800 millones de euros. El compromiso exigido por Bruselas establecía el 15 de octubre como fecha límite para la presentación de las iniciativas y su plasmación ha sido el PRTR.
Las 10 “políticas palanca” del plan
¿En qué consiste el plan? El PRTR está articulado a partir de cuatro ejes (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género) y fija los objetivos y programas concretos para canalizar los fondos europeos, para cuyo desarrollo se aprobará un real decreto ley que intentará agilizar su tramitación e implementación lo que afectará, entre otras disposiciones, a la ley de contratos del sector público (ley 9/2017). Estos cuatro ejes englobarán diez «políticas palanca», que constituyen las orientaciones para los proyectos concretos, es decir, que los recursos deberán financiar iniciativas que contribuyan al cumplimiento de las “políticas palanca” (entre paréntesis se muestra el porcentaje de recursos para cada política):
1- Lucha contra la despoblación y mejora de la habitabilidad de los entornos urbanos y rurales (16%).
2- Protección de la biodiversidad (12,2%).
3- Transición energética (8,9%).
4- Modernización de las administraciones públicas (5%).
5- Modernización del tejido productivo y de las pymes (17,1%).
6- Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo de las capacidades del sistema nacional de salud (16,5).
7- Educación, que incluirá un plan nacional de capacitaciones digitales, refuerzo de la FP y la educación de 0 a 3 años (17,6).
8- Economía de los cuidados y políticas de empleo (5,7).
9- Impulso de las industriales culturales y del deporte (1,1).
10- Modernización del sistema fiscal.
¿Cuáles serían sus efectos inmediatos? La información facilitada por el Gobierno indica que el PRTR supondrá ya en 2021 un uso de 25.000 millones de euros, de los 140.000 millones previstos, que irá orientado en su mayor parte a la inversión pública en infraestructuras y activos intangibles asociados a la descarbonización, la digitalización y la innovación, así como a impulsar inversiones privadas en estas mismas líneas. Otro conjunto de fondos se destinará a aumentar la eficiencia energética, el impulso al emprendimiento, la mejora de la educación y de la formación continua y el refuerzo de las políticas de inclusión, entre otros elementos. El Gobierno estima que el impacto conjunto del plan sobre el crecimiento del PIB en 2021 será de 2,7 puntos porcentuales, y de más de 6 puntos porcentuales en el trienio 2021-2023.
Nos encontramos, en definitiva, ante un típico plan de impulso keynesiano, de carácter contracíclico, con voluntad, a priori, de alcanzar el eternamente relegado cambio de modelo productivo y ajustado a las directrices de la Comisión Europea. No obstante, lo ahora anunciado son sólo las grandes líneas estratégicas, cuyo alcance real e impacto sólo podrá ser ponderado a partir de la concreción de las iniciativas y proyectos específicos que den contenido efectivo al uso de los recursos, así como de los agentes que lo impulsen, lideren y ejecuten.
