Pablo Hasel está a punto de convertirse en el primer rapero encarcelado en Europa por las opiniones expresadas en sus letras y en redes sociales. La Audiencia Nacional le ha condenado por tres delitos de opinión: “enaltecimiento del terrorismo”, “injurias a la corona” e “injurias a las instituciones del Estado”. El poeta urbano se enfrenta a nueve meses de cárcel, más otros tantos en caso de no pagar la multa de 24.200 euros impuesta en la sentencia. “En diez días -dice Hasel- vendrá a secuestrarme a la fuerza el brazo armado del Estado para encarcelarme porque no voy a presentarme de forma voluntaria en prisión”
La condena hace referencia a 64 mensajes publicados por el rapero en redes sociales y a una canción difundida a través de YouTube.
La sentencia inicial de la Audiencia Nacional (dos años y un día de cárcel) fue emitida en 2018 con el voto en contra de la magistrada Manuela Fernández de Prado, quien pedía su absolución al entender que el rapero ejercía su derecho a la libertad de expresión. En septiembre de 2018 la Audiencia Nacional rebajó la condena a nueve meses y un día de cárcel. En junio de 2020 el Tribunal Supremo confirmó esta sentencia. La defensa de Hasel presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que no fue admitido a trámite.
La Audiencia Nacional ha forzado la condena de cárcel contra el criterio de la Fiscalía, que no abogaba por la absolución pero era partidaria de suspenderla. Según el abogado de Hasel, Diego Catriel Herchhoren, “que un tribunal vaya más allá de la petición de la Fiscalía es gravísimo e insólito”.“Ante una sentencia tan injusta -advierte Hasel- no me pienso entregar, sería una humillación, así que tendrán que venir a secuestrarme”.
Pablo Hasel ha descartado la opción del exilio:“Decido quedarme porque creo, y lo he visto con Valtonyc, que es la única forma de dar más voz al mensaje que quieren encarcelar”.
En su comunicado, Pablo Hasel dice que “si el gobierno no se opone frontalmente a este atropello tan grave será cómplice del encarcelamiento porque ante cosas así no cabe la tibieza”. Denuncia que “no se trata de la decisión de una jueza (Concepción Espejel en este caso) sino de una operación de Estado, hay un aparato represivo cebándose conmigo”.
Y concluye que “van a encarcelarme por contar hechos objetivos pero no podrán doblegarme, no me voy a arrepentir para reducir la condena o evitar la cárcel, servir a una causa justa es un orgullo al que jamás voy a renunciar”.
Amnistía Internacional reclama que desaparezcan los delitos de injurias a las instituciones del Estado: “Usar el Código Penal para inhibir la crítica legítima a las instituciones viola la libertad de expresión”.
