Antes de la llegada de la pandemia, el campo era un polvorín. Manifestaciones de agricultores y campesinos habían tomado las calles para denunciar la crisis que atraviesa el sector desde hace años. Estas movilizaciones en un principio estaban promovidas en parte por las reaccionarias patronales agrarias, ASAJA y APAG, que jugaban su papel como correa de transmisión de los partidos de derechas. Pero pronto se descubrió la verdadera intención de los que pretendían culpar a los últimos que han llegado de una problemática que se arrastra durante varias décadas.
Pese a esto, lo cierto es que las protestas eran legítimas pues los precios que se pagan al sector primario están en muchos casos por debajo del coste de producción, cuestión que afecta sobre todo al pequeño campesinado que ve como cada día es más difícil sobrevivir en este mundo globalizado. Esa razón rompió la finalidad que la reacción había preparado para las protestas en el campo y entraron en juego otros actores que permitieron señalar a los culpables de la situación: las multinacionales y grandes empresas hortofrutícolas que se están haciendo de oro a costa del sudor y el sufrimiento de los agricultores más humildes.
Un año después las movilizaciones han vuelto al campo. En concreto a la localidad cacereña de Miajadas, conocida como capital europea del tomate, y el objetivo de la reivindicación es esa preciada hortaliza roja tan vinculada a nuestra cocina. Los agricultores y las agricultores denuncian que el año pasado el tomate fresco para industria se pagó en España al precio más bajo de la Unión Europea, con una media de quince euros por tonelada, lo que les impide cubrir los gastos para poder continuar en la producción. En Extremadura la problemática se agudiza como consecuencia de las prácticas monopolistas del Grupo Empresarial CONESA que abusa aprovechándose de su posición de dominio, imponiendo el precio que el sector industrial debe fijar en los contratos de compra a los productores y las productoras.
CÓMO HACER SALSA DE TOMATE CON LA SANGRE DE LOS CAMPESINOS
Lo que hoy es CONESA Group fue fundado el 1 de abril de 1976 por Manuel Vázquez Gimón como Conservas Vegetales de Extremadura (CONESA), junto a Rafael Carranza y Luciano Pérez de Acevedo. Geográficamente se encuentra en las Vegas Bajas del Guadiana, en la provincia de Badajoz. Una zona con especial dedicación al tomate al gozar de mucha agua y mucho sol, dos elementos indispensables para el cultivo de esta hortaliza.
CONESA es el mayor transformador del país de esta hortaliza y encabeza la producción mundial de tomate en polvo. Este grupo empresarial acaparaba el 70% del tomate transformado en la región, donde a su vez se hacen casi tres cuartas partes del tomate que se produce en todo el Estado. En la actualidad el grupo cuenta con una capacidad de entrada de 23.000 toneladas/día de tomate fresco y una capacidad máxima de proceso de 1,4 millones de toneladas por campaña, situándose como la empresa líder en España en su sector que además ha conseguido expandirse hasta contar con presencia en tres continentes.
Este volumen de procesado le otorga al grupo la fuerza con la que poder chantajear al campesinado que produce los tomates. Año tras año, fijan el precio de compra sin tener en cuenta algo tan sencillo como los costes de producción. Al tener CONESA una posición de casi monopolio en el sector, el resto de las empresas le siguen y asumen pagar precios de miseria a los productores de tomate. Una practica muy antigua que poco a poco ha creado una situación insostenible para la mayoría de las personas que viven de producir a pequeña escala en el campo y que tiene como resultado el enriquecimiento de una minoría que se va apoderando de todo el sector.
Montar un imperio del tomate no se hace de la noche a la mañana. Como mínimo se necesita el impulso de los que han gobernado Extremadura durante cuarenta años y eso señala directamente al PSOE y su entramado clientelar. Basta con entrar en el portal web del grupo y ver los anuncios de las ayudas que ha recibido por parte de la administración regional. Pero no es la única ayuda que ha recibido del poder, pues en este mundo nadie se hace rico de manera honrada.
OPERACIÓN TOMBA
En 2003 la Guardia Civil desmantelaba una red dedicada al fraude en las subvenciones comunitarias a la producción de concentrado de tomate en Badajoz que podría haber defraudado más de 27 millones de euros entre 1997 y 2000. La operación, denominada Tomba, culminaba con la detención de quince miembros de la red, pertenecientes a varias empresas del sector entre las que destacaba CONESA.
La voz de alarma la dió el alcalde pedáneo de Villafranco del Guadiana que presentó una denuncia contra CONESA ante el Ministerio de Agricultura. En la misma aseguraba que la industria había extorsionado a los agricultores durante la campaña 1998/99 para que devolviesen a la empresa 2,28 pesetas por cada kilo que le habían vendido al precio mínimo fijado por la Unión Europea. Los funcionarios de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) se pusieron en contacto con el edil pacense, quien confirmó que eran los propios capataces de la industria los que avisaban de que si no aceptaban las condiciones CONESA no volvería a comprarles tomate.
El modus operandi era el siguiente. Pagaban a los agricultores un precio inferior al mínimo que establecía la Unión Europea para tener acceso a las ayudas comunitarias. Para poder encubrir sus actuaciones, forzaban a los agricultores a firmar unos recibos como si hubiesen percibido el precio fijado por Bruselas. Luego cuadraban las cuentas -puesto que en realidad se gastaban menos de lo que decían oficialmente- facturando servicios inexistentes a empresas intermediarias que se utilizaban como auténticas tapaderas. Los investigadores calcularon que durante tres campañas esta red empresarial -en la que intervenían en cada ocasión al menos cuatro sociedades- pudo cobrar fraudulentamente más de 27 millones de euros de subvenciones comunitarias.
Evidentemente nadie comete un fraude a gran escala sin contar con el apoyo del poder político. El nombre clave en esta operación era José Luis Quintana, entonces Director General de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura y hoy alcalde de Don Benito, localidad que se encuentra en el epicentro de las Vegas del Guadiana. Manuel Cañada, líder regional de Izquierda Unida en esa época, denunció que estaba clara «la complicidad» existente entre la administración regional y las empresas investigadas y denunció que Rodríguez Ibarra mantenia en su puesto al Director General de Política Agraria Comunitaria involucrado en este turbio asunto.
Para IU-Extremadura esto no era nuevo, pues ya había denunciado públicamente, hasta en cuatro ocasiones, este presunto fraude «incluido el hecho de que Quintana era al mismo tiempo responsable de la distribución de las ayudas europeas al campo y socio de una empresa que recibía muchas de esas ayudas». Un escándalo mayúsculo que señalaba una vez más que la política llevada a cabo por el PSOE en Extremadura es puro clientelismo y caciquismo para favorecer a los empresarios ligados a su régimen con la intención de imponer el miedo en toda la sociedad.
LAS GUERRAS DEL TOMATE
La soga que hoy aprieta el cuello de cientos de pequeños agricultores y campesinos de Extremadura no es una novedad. Es consecuencia de la imposición del cruel modo de producción capitalista en este sector. El procedimiento impuesto consiste en que la venta del tomate se realiza mediante un contrato firmado entre el agricultor y la fábrica. Cada agricultor contrata individualmente con la fábrica una superficie y una cantidad determinada. La firma del contrato se suele hacer a principio del año y en él se regulan las condiciones de entrega, el precio al que se pagará el tomate y el número kilos por hectárea. Lo único que fija el productor es lo que puede producir en esa campaña, todo lo demás lo imponen las conserveras.
El cumplimiento del contrato solo trae quebraderos de cabeza al campesino, ya que el tomate es un cultivo que se estropea mucho y si se tarda en tomar una decisión puede ocasionar daños importantes. En la parte empresarial es todo beneficio. En los años que el tomate escasea se cumple con el precio estipulado pero en los años de buena cosecha las fábricas maniobran para aumentar su ganancia aprovechándose del excedente de producción.
En este contexto se desató lo que se conoció como la guerra del tomate. Un conflicto que se desarrolló en Extremadura en el verano de 1975 cuando las fábricas empezaron a incumplir los contratos alegando que ese año había una gran cosecha y que aún les quedaba materia prima del año anterior. Sin embargo, ni la cosecha era tan abundante ni la cantidad de producto almacenado era tan elevada. La explicación era una bajada de las exportaciones y que las industrias decidieron no perder y trasladar el problema al más humilde de toda la cadena mientras fraguaban el monopolio que tienen hoy.
Ante esta injusticia, el 13 de agosto de 1975 estalla el conflicto. Un centenar de agricultores hartos de las maniobras de las fábricas y con los tractores llenos de tomates cortan la carretera nacional que une Madrid con Lisboa. Eran centenares de vecinos y vecinas de las Vegas Bajas. La lucha corre como la pólvora por las vegas del Guadiana y dos días después unos quinientos agricultores cortaron la carretera que va de Mérida a Montijo durante unas horas, al verter sobre la calzada alrededor de 40.000 kilos de tomates en señal de protesta.
Manifestación en Don Benito, publicada en Mundo Obrero el 16 de agosto de 1976
El temor de estos hombres y mujeres era que el resto se pudriese en el campo. Al día siguiente de cortar las carreteras derramando tomates, los productores propusieron sus mejoras que no eran otras que obligar a las empresas a trabajar al cien por cien de su rendimiento y conseguir una compensación económica para mitigar los perjuicios ocasionados, así como una subvención para lograr una salida del excedente del tomate hacia otras provincias, cuestiones que se consiguieron gracias a la lucha y la unión del campesinado extremeño. Hoy la situación es igual o incluso peor que hace cuarenta años, poniendo de relieve la necesidad de organización de los campesinos y agricultores para que tomen el testigo de las históricas guerras del tomate.
