Acaba de arrancar en el Congreso de los Diputados la Comisión de Investigación sobre la denominada “Operación Kitchen”, trama policial orquestada por el Gobierno de Mariano Rajoy para tratar de ocultar a la justicia y la opinión pública décadas de financiación ilícita del Partido Popular y de corrupta connivencia con el poder empresarial. El objeto de la Comisión de Investigación es depurar las responsabilidades políticas del Gobierno de Mariano Rajoy sobre este escándalo que ha venido a poner en cuestión, una vez más, la degradación y utilización que se hace de la policía por parte del poder ejecutivo. A la par, continua abierta en la Audiencia Nacional la investigación judicial para depurar las responsabilidades penales sobre estos hechos que serían constitutivos, al menos, de los delitos de revelación de secretos y malversación de caudales públicos.
Pero ¿Qué es la trama Kitchen? Para comprenderla, hay que remontarse a enero de 2013 cuando se publicaron las primeras informaciones sobre los papeles de Bárcenas, ex gerente y tesorero del PP, lo que desencadenó un terremoto político y mediático y, durante semanas, pareció conmocionar al PP. Lo publicado era «total y absolutamente falso», «salvo alguna cosa», llegó a decir Rajoy por entonces, lo que choca con la realidad que estamos conociendo estos días en el juicio de la caja B del PP. Desde esa primavera de 2013 comenzó una carrera para tratar de comprar y silenciar a Luis Bárcenas, pero una vez iban pasando los meses el Partido Popular comenzó a mover sus propias fichas para neutralizar la información de la que disponía Luis Bárcenas, aunque fuese por medio ilícitos.
A partir de las grabaciones intervenidas al excomisario José Manuel Villarejo hemos ido conociendo como desde el PP y el Ministerio del Interior -que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz– se organizó un operativo para actuar «extramuros del procedimiento judicial» para hacerse con la documentación que guardaba Bárcenas.
La idea era hacerse con documentos y archivos informáticos para controlar el daño que podía hacer al PP y al Gobierno, pero también tener elementos para negociar con Bárcenas, que en julio de 2013 entró en prisión preventiva y amenazaba con hacer públicas sus anotaciones. Para ello se organizó un dispositivo de vigilancia a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, en el que participaron decenas de agentes y que controló sus movimientos al menos entre julio de 2013 y febrero de 2014.
La información la reportaban al comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, Enrique García Castaño, «el Gordo», considerado por los investigadores colaborador de Villarejo en los negocios y presuntos delitos que se investigan en el caso Tándem, causa principal en la que se encuadra Kitchen. La operación, al menos en parte, dio sus frutos. El 18 de octubre de 2013, el ministro Fernández Díaz comunicó a Francisco Martínez, su secretario de estado de seguridad, en un mensaje: «La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe». Además, en un reciente auto, el juez que investiga la supuesta caja B del PP concluye que «los resultados obtenidos cumplieron con los objetivos marcados».
El compadreo del ex ministro Fernández Díaz y la “policía patriótica”
La trama afecta por completo a la cúpula policial de la época de Fernández Díaz, conocida como «policía política» o «policía patriótica», con el entonces director adjunto operativo, número dos de la policía, Eugenio Pino, al frente, la implicación de subordinados como Miguel Ángel Fuentes Gago o Bonifacio Díaz, y con Villarejo y García Castaño como principales operativos. La declaración judicial de este último señaló directamente al ex secretario de estado Francisco Martínez, pues aseguró que fue a él a quien dio el clonado de los móviles y el Ipad del extesorero.
Los investigadores judiciales ven también un papel clave en Andrés Gómez Gordo, un inspector jefe que estuvo vinculado a Francisco Granados como director de Seguridad del Campus de la Justicia, antes de que Cospedal lo fichara como director general de Documentación y Análisis de la Junta de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015.
Queda constancia en el sumario de que el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, puso en contacto a Gómez Gordo con Villarejo para que este contactara con Sergio Ríos, chofer de Bárcenas a quien se le compró con dinero público de los fondos reservados (50.000€) para que filtrará información sobre los movimientos de la familia Bárcenas e incluso se apoderase de documentación. Sobre María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro pesan fundadas sospechas de que tenía un «interés personal» en conseguir la documentación que guardaba Bárcenas y que «supuestamente» podría ser «comprometedora» para ella y para otros exdirigentes del partido.
Veremos ahora hasta donde se puede avanzar en la Comisión de Investigación abierta en el Congreso de los Diputados, pero sin duda será una oportunidad excepcional para que la sociedad española conozca a fondo esta trama político policial que ha socavado los cimientos del Estado de derecho.
