A diferencia de otras organizaciones del llamado tercer sector y tal como señala la propia ley que lo regula, la ONCE es un modelo singular aunque se mueva en un campo próximo en algún aspecto a dichas entidades sociales. Pero no solo su condición legal sino el conjunto de sus actividades implican una composición mucho más compleja y difícil de abarcar con una sola mirada desde la opinión pública e incluso desde la Administración.
Por referirnos brevemente al primer aspecto, hay que afirmar con rotundidad que la ONCE no es una entidad privada como las mencionadas, pues de origen está regulada ex profeso por una norma legal promulgada por el gobierno del Estado, la cual la sitúa en el ámbito de las entidades tuteladas, con la única semejanza en el caso de Cruz Roja que mantiene un status formal igual al de la ONCE. Si bien su actividad es bastante diferente globalmente.
La ONCE cuenta con 82 años de historia, ya que fue creada por un decreto de guerra de 12 de diciembre de 1938 y se erigió, por tanto, en una hija predilecta del régimen franquista, toda vez que acogía a un grupo de militares que habían perdido la vista en la contienda y, además, aprovechaba la experiencia surgida en algunos territorios del Estado antes de 1936 con la puesta en marcha de un cupón pro ciegos, lotería que se concede en exclusiva a la nueva organización y se extiende a todo el país. Con el decreto se unifica bajo el techo de la ONCE a todas las entidades anteriores relacionadas con las personas ciegas, convirtiéndose en la única entidad del Estado con ese objetivo. El esquema funcional de inicio era muy simple: los militares ciegos serían los jefes y el resto del colectivo los vendedores de ese juego inventado en la etapa republicana y desarrollado sobre todo en Catalunya y Andalucía. Más aún, el cariz selectivo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) llegaba hasta el punto de discriminar sin paliativos al resto de las personas con discapacidades distintas a la ceguera, es de suponer que en parte también derivadas de la guerra, hasta el punto de que, por ejemplo, a la Asociación Nacional de Inválidos Civiles, ANIC, prácticamente no se la dotó de medio alguno para su desenvolvimiento. Ese inicio diferencial ha venido arrastrándose históricamente, aunque a partir de los años ochenta se buscan algunas soluciones alternativas que actualmente sirven de contención a esa evidente desigualdad.
Pero a pesar de su nacimiento tan definitorio, la evolución de la ONCE fue alcanzando algunos objetivos sociales mínimos que la hicieron útil para su colectivo. La oportunidad de obtener un trabajo para vivir, la creación de algunos servicios básicos para la atención social de las personas afiliadas, unido a la existencia de una red de centros de cobertura estatal, le dieron solidez a la organización y le facilitaron unos recursos propios, base de su futuro desarrollo.
Democratización de su anacrónico estilo autoritario
Tras la transición a la democracia y la aprobación de la Constitución de 1978 se plantea el problema de la democratización de esa vieja institución marcada por un estilo autoritario anacrónico y por unos conceptos trasnochados de la asistencia social y la integración de las personas con discapacidad visual.
Los movimientos internos promovidos por vendedores, estudiantes, profesores y otros colectivos se negaron a admitir un cambio desde la propia jefatura de la entidad y forzaron la aprobación del Real Decreto 1041/81 de 22 de mayo, del que ahora celebramos su 40 aniversario, que se constituyó en el instrumento legal para la democratización de la ONCE, cuyas primeras elecciones democráticas tuvieron lugar el 19 de enero de 1982, dando comienzo a un cambio estructural muy significativo en la ONCE y en su percepción por la sociedad, la clase política, los poderes económicos y, por supuesto, los responsables de las políticas sociales y de juego de todo el país.
Pero en definitiva el status jurídico de la organización mantuvo en los diferentes reales decretos promulgados en la etapa democrática la misma característica: una corporación de derecho público de carácter social y base asociativa, bajo el protectorado del Estado ejercido por el ministerio competente en materia de política social pero a través de un órgano de tutela denominado Consejo de Protectorado de la ONCE con una composición mixta: una representación interministerial del gobierno y una representación paritaria de la alta dirección de la ONCE, exceptuado el cargo de presidente o presidenta ostentado por la titularidad del departamento, es decir, hoy la nueva Ministra de Derechos Sociales. Sin embargo, las funciones de ese órgano han ido variando manifiestamente según cada etapa política pero siempre en una línea descendente de responsabilidad por parte del Estado sobre el desenvolvimiento de la ONCE. Durante la etapa de UCD, impulsora del primer decreto de la democracia, aunque había cambiado el órgano, se mantuvo un intervencionismo bastante continuista, pues aún pervivía la mentalidad anterior protectora del Estado. Pero, aunque fue breve su mandato que solo duró año y medio, les tocó gestionar el primer proceso electoral, elaborando la orden ministerial de convocatoria y presidiendo la Junta Electoral, extremos que realizaron con buen criterio y que propiciaron unos comicios limpios que facilitaron un resultado equilibrado y plural. La forma participativa en que se redactó la norma y la presencia de la Administración en todas las juntas electorales supuso un contrapeso fundamental frente a cualquier intento interno de condicionar el proceso.
Con un enorme impacto social
Ya en la era socialista, ese intervencionismo se acentuó inicialmente, pues el ministro Almunia, presionado por su minoría interna, intentaba influir en la marcha de la ONCE, entrando en materias de gestión interna, lo que creaba tensiones políticas impropias de una relación de autonomía. Pero cuando su grupo pactó internamente con los demás grupos progresistas un cambio de dirección, ese control férreo se convirtió en colaboración efectiva. Es cierto que no acabaron ahí las diferencias ONCE/gobierno pero la función del protectorado se adaptó al interés político del momento. Incluso los ciegos amenazan con salir a la calle ocho días antes de las elecciones de 1986. Ello derivaba del enorme impacto social que la nueva ONCE había logrado, en el orden comercial, social e institucional, con un proceso de modernización impresionante que el gobierno no lograba encajar y menos aún controlar. Ambas partes estaban condenadas a entenderse, pues la ONCE dependía y todavía hoy depende de un real decreto del gobierno y su papel social resulta tan relevante que todo gobierno debe procurar defender y apoyar.
El Organismo Nacional de Loterías del Estado, ONLAE, que equivale al actual SELAE, nunca aceptó esa prevalencia de la ONCE dentro de los juegos públicos y esa presión siempre ha estado presente con mayor o menor intensidad dentro del protectorado.
Después de la crisis de 1986, se producen las segundas elecciones de la ONCE, donde aún se mantiene el pluralismo en su órgano de gobierno, el Consejo General, pero ocurre entonces el hecho fatídico de la desaparición de su primer presidente, Antonio Vicente Mosquete, de forma traumática, al caer por el hueco del ascensor de su casa. Es una pérdida decisiva para la nueva ONCE, pues él era una pieza clave en los pulsos con el gobierno y un líder indiscutible al interno de la institución, quedando siempre la sombra de la duda sobre ese hecho tan determinante. Poco después de su muerte, se alcanza un acuerdo importante con el ejecutivo socialista, ya fraguado en buena medida al final de su presidencia.
La ONCE incorporará a unos 7.000 vendedores con discapacidad procedentes del juego ilegal que practicaba PRODIECU y se le autorizaría un nuevo juego incisivo y potente, que trajo cola, según su propia publicidad, el famoso cuponazo de los viernes. Además, se pondría en marcha de inmediato una Fundación ONCE, destinada a la cooperación con las restantes discapacidades para financiar proyectos sociales transcendentes. Se la dotaba del 3% de los ingresos brutos obtenidos por las ventas del cupón, evitando así que se tuviera que conceder un nuevo juego para el resto de la discapacidad.
