Hay momentos en los que una sociedad se mira al espejo. Y lo que el espejo nos devuelve no siempre nos gusta.
Muchos estudios sobre inmigración y comportamientos sociales racistas tratan de justificar según qué acontecimientos mediante un escenario previo propiciatorio: la deshumanización del migrante y su erradicación a efecto social de cualquier consideración de humano sujeto de derechos y, por lo tanto, de cuidados, independientemente de su situación administrativa.
Cuando estas líneas lleguen a las manos de los lectores y lectoras de Mundo Obrero con seguridad el debate sobre los sucesos en Ceuta, la situación de la infancia migrante no acompañada o la respuesta necesaria de las administraciones públicas, habrá derivado en deshumanización. Conceptos como «invasores» o «propiciadores de violencias” dificultarán hallar una respuesta seria y sosegada a la situación actual: atender a los 2.500 menores que llegaron a la ciudad autónoma entre mediados de julio y los sucesos del 30 del mismo mes.
No pretendo con este escrito volver a abordar las capacidades que tienen 17 sistemas de protección autonómicos de un país de 49 millones de habitantes para trasladar y acoger a ese contingente de menores porque hemos visto ya fórmulas que han permitido que más de 600 menores del sistema de protección ceutí fuesen acogidos en la península mediante el Real Decreto Ley aprobado hace un año, no sin fuerte oposición de las comunidades autónomas del PP.
También porque ya se ha explicado la viabilidad de hacerlo mediante convenios con entidades sociales o con otras comunidades autónomas que permite la ley y que hemos defendido en el Ministerio de Juventud e Infancia desde el inicio de la crisis. Porque, en definitiva, es perfectamente solucionable la contingencia migratoria relacionada con menores no acompañados desde la reubicación de niños y especialmente niñas en situación de vulnerabilidad. En la península no hay discusión posible, y solo actúa contra ello una estrategia política del PP que ahora, sorpresivamente, asume el gobierno ceutí tras descongestionar su sistema de protección en los últimos meses.
Lo realmente preocupante es cómo se puede asistir al actual proceso de deshumanización de una parte de la sociedad ceutí que, amparada en un entendible desasosiego, hartazgo y miedo, se entrega sin pudor a discursos de calado racista, albergando la esperanza de que, con ellos, vuelva una normalidad que realmente nunca ha sido tal. Ceuta es, y será, una frontera por la que se desliza todos los días el drama migratorio en forma de llegadas a nado o incluso, tristemente, un goteo de cadáveres que la corriente traslada a la costa del Tarajal.
El pasado 18 de agosto, en un clima tenso en las calles ceutís, y en medio a la vez de una búsqueda frenética de espacios para acoger menores migrantes, adultos, familias enteras, por parte de varias administraciones que pretendían dar respuesta urgente a la contingencia migratoria, un nutrido grupo de vecinos y vecinas ceutís, usuarias de las instalaciones de la hípica de la ciudad, salieron a la calle para protestar ante el eventual uso de esas instalaciones como centro de acogimiento de emergencia de personas migrantes.
Al frente de todas ellas una pancarta, la que ilustra este artículo, que rezaba: «LOS CABALLOS Y LOS NIÑOS TAMBÍEN IMPORTAN». No estaba, en aquel momento, clara la tipología de perfiles de personas migrantes que usarían ese espacio. De hecho, mientras escribo estas líneas, se confirma que tal espacio acogerá a mujeres con menores a su cargo y, sobre todo, a niñas que estaban siendo atendidas por recursos vecinales en barrios como el del Príncipe.
Lamentablemente, la pancarta ya advertía lo que en los días siguientes se vendría repitiendo por parte de un sector de la ciudad: los niños (los nuestros, los que no son “invasores”), y que han pagado por recibir clases de equitación en dicho centro ceutí, son los que importan. Los otros, los que han cruzado el Tarajal, no.
Da igual que tengamos marcos normativos que garanticen un derecho a techo, cuidados e incluso a un proyecto migratorio fundamentado en la Convención de los Derechos del Niño o la Niña de la ONU, porque cuando se coloca el bienestar de los niños y niñas ceutíes frente al derecho a la protección de niños y niñas migrantes, lo que se está haciendo no es defender a la infancia. Es establecer una jerarquía.
Para quienes enarbolan esa pancarta, no hay ni un hueco en la arena donde colocar una tienda que pueda estar por encima del legítimo derecho a disfrutar de disciplinas como la doma clásica o de alta escuela de los niños y niñas ceutíes. Ni siquiera temporalmente. El interés del menor que prevalece en este caso, queda reducido a lo occidentalmente permisible. Y eso es exactamente lo que no podemos permitir.
Desde ese día, en adelante, la deshumanización del ajeno, del extranjero, del otro, ha llegado hasta la violencia. El pasado 27 de agosto, decenas de ceutís impedían a la mismísima Cruz Roja repartir alimentos básicos a migrantes, agredían e insultaban a periodistas e incluso llegaron a quemar las precarias tiendas de campaña en las que sobreviven en la playa del Trampolín.
Desconocemos aunque intuyamos el origen de la arenga fascista y xenófoba, el germen de esta ira racista, pero sospechamos que los cocineros de este plato se encuentran, en parte dentro del edificio del gobierno ceutí, pero también través de los medios y redes sociales, extra o intramuros de la ciudad. Poco importa cuando el resultado es la deshumanización, así como una profunda brecha que dificulta todas y cada una de las soluciones que se han propuesto por parte de varios ministerios del gobierno.
¿Quién va a poder explicar metodologías garantistas de digestión larga para conseguir el reagrupamiento familiar en el país de origen cuando una patrulla ciudadana persigue a un menor a través de las barriadas de la ciudad autónoma al grito de “invasor, a tu casa”? ¿Cómo se recupera una visión empática y garantista cuando un caballo o unas clases de hípica son alfa y omega de todo un espacio que puede ser esencial para evitar violencias o peligros a un nutrido grupo de madres y niñas?
No son invasores. No son delincuentes. No son una contingencia administrativa. Son personas titulares de derechos.
Quizás la única solución sea dejar de buscar a quien prende la llama del racismo, dejar de escuchar y atender al combustible humano que incendian, y simplemente armarse de la determinación que da la defensa de los derechos humanos, la perspectiva de infancia, la acción política e institucional y la fuerza de los valores democráticos para decir que «nada justifica el racismo», ni la más aplaudida o perfecta ejecución ecuestre de un flamante niño ceutí.
Nuestra obligación como sociedad democrática debería ser que, al llegar a España, las niñas y niños no tengan que enfrentarse a una última frontera: la de descubrir que sus derechos valen menos por haber nacido en otro lugar. Porque la primera condición para poder vulnerar los derechos de una persona es dejar de verla como una persona. La deshumanización es siempre el paso previo a todo lo que estamos viviendo ya. En esa misma arena ecuestre se juegan, nos jugamos, los valores de humanidad que le vendrán en su vida infinitamente mejor que los trotes de un caballo que mensualmente pagan sus papás.
