Las comunidades han reportado al menos 14 muertes por la represión en varios barrios de la ciudad colombiana. La FIC ha podido confirmar ocho manifestantes civiles asesinados por la policía, de las que las primeras víctimas fueron dos menores de edad reportadas el 28 de abril. Además, hay tres personas desaparecidas, una de ellas desde el 28 de abril, día en el que comenzaron las manifestaciones.
Durante la rueda de prensa, las organizaciones de DD.HH, advirtieron que no han podido desarrollar su labor bajo completa normalidad, a pesar del acuerdo previo con las autoridades, razón por la cual desconocen el paradero de algunas de las personas detenidas por las fuerzas policiales. La red asegura que la Policía les ha negado la información sobre las personas trasladadas y su ubicación.
TRATAMIENTO DE GUERRA
Las organizaciones criticaron lo que ellos llaman un “tratamiento de guerra” a las protestas en Cali. Durante todo el día, el senador Wilson Arias denunció arrestos ilegales, así como disparos indiscriminados por parte de la Fuerza Pública. Uno de los hechos pasó en el barrio 12 de Octubre, donde una niña recibió un disparo en su rodilla derecha.
Las organizaciones indicaron que han recibido durante la noche del viernes reportes de acciones policiales en los barrios Calipso, El Diamante y varios sectores populares de la ciudad de Cali.
Los representantes de las DD.HH. responsabilizaron al presidente y al alcalde de Cali por la represión policial a las masivas manifestaciones en contra de la reforma tributaria.
Rechazaron la propuesta del gobierno del departamento del Valle del Cauca y de la ciudad de militarizar Cali en un intento por poner fin a las movilizaciones. El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció el viernes la llegada de unos 3.000 policías y militares a Cali.
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este viernes que va a revisar el proyecto de reforma tributaria rechazado con masivas movilizaciones desde el 28 de abril pasado en varias ciudades del país.
MARCELO AGREDO, 17 AÑOS, ASESINADO POR UNA PATADA A UN POLICÍA
Incluso el conservador diario “El Tiempo” se hace eco de esta historia que ha conmocionado a Colombia.
“Marcelo Agredo, de 17 años, salió a manifestarse en contra de la reforma tributaria el jueves 28 de abril. Según registraron las cámaras de seguridad del barrio Mariano Ramos, el joven -quien se encontraba en noveno grado en el colegio- le propina una patada a un uniformado, tras lo que el policía realizó un disparo que impactó en la cabeza del joven. Su padre, Armando Agredo, repite tres veces que se haga justicia con algunos quiebres en su voz. La melancolía lo acompaña cuando afirma que un padre no es quien debería enterrar a su hijo. Solo lo dice una vez, pero su voz parece no aguantar más el peso de la tristeza: «Era mi niño. El vacío que deja es enorme».
Este es el video que recoge el momento de su asesinato a manos del agente de policía.
El congresista Alexander López reveló cómo la policía efectúa disparos contra los manifestantes en el sector de Calipso, en el oriente de la ciudad, donde se reportaron tres ciudadanos muertos.
«En Cali un miembro del Esmad usa la marcadora a quemarropa frente a una persona que se cae al piso. Definitivamente la Violencia Policial que estamos viendo en ciudades como Cali debe ser sujeta de las medidas legales más drásticas. Esto no puede seguir sucediendo», publicó en Twitter el representante a la Cámara Inti Asprilla, quien denunció, además, cortes de luz y ráfagas de disparos de uniformados contra la ciudadanía en el sector Terron Colorado, y hay denuncias similares en el sector de Portada al Mar.
El director del Observatorio de Realidades Sociales de Cali, Rubén Darío Gómez, preguntó: «Están matando a la gente. ¿Quién responde?»
En este vídeo difundido por la agencia Colombia Informa puede verse cómo la policía golpea a defensor de derechos humanos, empleado de la alcaldía de Cali, y dispara contra los manifestantes.
ACTUALIZACIÓN 2 DE MAYO
Duque mantiene al Ejército en las ciudades colombianas tras una nueva jornada de protestas
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha confirmado este sábado tras una nueva jornada de protestas en las principales ciudades del país que el Ejército continuará en los centros urbanos donde la situación de orden público se vea afectada. En un mensaje en el que se ha dirigido a la nación después de la tensa jornada de manifestaciones por el Día de los Trabajadores, Duque ha explicado que «la asistencia militar se mantendrá hasta que cesen los hechos de grave alteración de orden».
En el discurso ha lanzado una advertencia «clara a los que por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo, pretenden amedrentar a la sociedad y creen que bajo ese mecanismo doblegarán a las instituciones».
Un total de 97 organizaciones han firmado un documento en el que denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas contra la reforma tributaria. En el marco de las manifestaciones, han pedido a la CIDH que le exija al Gobierno colombiano «medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales». Entre los hechos a los que señala este documento destaca la estigmatización de la protesta por parte de los agentes estatales, el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por la Policía, el abuso de figuras policiales, allanamientos ilegales, judicializaciones arbitrarias y la intervención del Ejército en los escenarios de protesta.
En Cali, después de la llegada del ministro de Defensa y su cúpula militar el viernes, se ha presentado la detención irregular de activistas y líderes sociales de la ciudad. El sábado en la zona de Sameco, la policía detuvo a Alfredo Mondragón, integrante de Sindesena y miembro del partido de izquierda Polo Democrático; de igual manera detuvieron integrantes del comité de estudiantes y egresados del SENA, COES y del taller político Estanislao Zuleta, ellos son los jóvenes Juan Carlos Lora, María Alejandra Patiño y Gina Fernanda Jordán como lo informó el medio local Agencia de medios hoy. La policía además incautó el equipo de sonido que se encontraba informando a la comunidad sobre la actividad que se realizaba de manera pacífica.
Durante estas estas tres jornadas de paro la respuesta de la policía ha sido puesto en riesgo la integridad y la vida de familias enteras que participan de las actividades convocadas por esta jornada de protesta contra las políticas económicas lesivas que representa la implementación de la reforma tributaria diseñada por el gobierno uribista de Iván Duque. Organizaciones de derechos humanos exigen la libertad inmediata de los líderes sociales, y le solicitan al gobierno nacional no asumir una lógica de enemigo interno por medio de la militarización, sino por el contrario buscar salidas frente a la crítica situación que se vive en Cali, donde además organizaciones sociales han denunciado que las movilizaciones han sido infiltradas por delincuencia común, situación que conocía la inteligencia policial y que han permitido, en la idea de desprestigiar la acción política pacífica y social que desarrollan las comunidades en la capital del Valle del Cauca. A pesar de ello el pueblo caleño se encuentra en pie de lucha, en todas las zonas de la ciudad hay actividades y concentraciones exigiendo el desmonte inmediato de la reforma tributaria como único mecanismo para aliviar la situación socioeconómica que padece todo el país, y así garantizar mecanismos democráticos de participación para buscarle salidas a las dificultades producto de la situación de corrupción, la evasión de las grandes fortunas y las exenciones que las favorecen y la permanente desatención gubernamental a las necesidades provocadas a partir de la emergencia sanitaria por la Covid 19.
* Nota elaborada por la Redacción de Mundo Obrero a partir de informaciones de TeleSur, El Espectador, El Tiempo, Europa Press y la agencia Colombia Informa.
