Dos responsables del Hospital Universitario Ramón y Cajal ordenaron modificar en el sistema informático la valoración de operaciones quirúrgica prioritarias de al menos 57 pacientes para mejorar los indicadores de la lista de espera, sin consultar a los cirujanos que habían determinado la gravedad de los pacientes, según documentos internos y los testimonios de varios facultativos recogidos por EL PAÍS. Los pacientes, todos ellos del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, pasaron de la categoría «preferente» a «normal» entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025, sin que conste una nueva valoración médica que justificara el cambio.
En el sistema de listas de espera de la Comunidad de Madrid, un paciente con prioridad preferente debe ser intervenido en menos de 90 días, mientras que la categoría normal permite llegar hasta los 180 días. Rebajar informáticamente la prioridad permite, por tanto, disponer de otros tres meses para realizar la operación y evita que el paciente compute como incumplimiento de los objetivos establecidos para las listas de espera.
Los médicos que han denunciado los hechos sostienen que los cambios se realizaron sin examinar a los pacientes y a espaldas de los profesionales que los habían atendido y establecido su prioridad clínica. La gravedad de la práctica queda especialmente reflejada en uno de los casos descubiertos: una médica comprobó que una niña de tres años había sido rebajada de prioridad pese a considerar que no podía esperar porque existía riesgo de que perdiera una pierna. La facultativa volvió a modificar personalmente la prioridad en el sistema y posteriormente llevó los hechos ante la comisión deontológica del Colegio de Médicos.
Hasta 17 facultativos habrían detectado o denunciado modificaciones de este tipo. Entre los profesionales que han dado la voz de alarma se encuentra el cirujano Luis Alberto Martos, que comprobó que la “prioridad” quirúrgica de los pacientes, establecida por su equipo, había sido modificados posteriormente. Según la información publicada, las anotaciones internas dejaban rastros de cambios realizados «por indicación» de responsables del servicio. Martos ha denunciado además las consecuencias profesionales que ha sufrido después de cuestionar estas prácticas.
El incentivo para realizar estas modificaciones estaría relacionado, según los documentos y testimonios recogidos por EL PAÍS, con los objetivos de productividad fijados por la Consejería de Sanidad. El cumplimiento de determinados indicadores de listas de espera forma parte de los objetivos de gestión de los hospitales y puede repercutir en los complementos de productividad de los responsables. El servicio de Traumatología del Ramón y Cajal se encontraba en febrero de 2025 entre los que presentaban peores resultados: ocupaba el puesto 23 de 28, con una espera media de 77,5 días. Actualmente la demora media ha aumentado hasta los 98,6 días.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido de que «manipular las listas de espera, engañando a cirujanos y pacientes, ni es nuevo ni está penalizado» y ha reclamado a las comunidades autónomas que adopten mecanismos de transparencia y trazabilidad. García recuerda que el Ministerio planteó en el Consejo Interterritorial nuevas medidas para evitar este tipo de prácticas, pero que no fueron aprobadas en julio.
Izquierda Unida ha exigido responsabilidades y una auditoría independiente para determinar si lo sucedido en el Ramón y Cajal constituye un episodio aislado o responde a una práctica más extendida en otros hospitales públicos madrileños. La formación ha denunciado que el sistema sanitario regional corre el riesgo de colocar el maquillaje de los indicadores por delante de las necesidades de los pacientes.
Una lista de espera récord y una presión creciente sobre la red pública
La polémica llega además cuando la Comunidad de Madrid acumula cifras récord de pacientes pendientes de intervención. En agosto se contabilizaron 114.627 personas en lista de espera quirúrgica, un máximo histórico, mientras la demora media superaba los 57 días y había aumentado un 64% desde 2020. Algunos pacientes han terminado recurriendo a la sanidad privada ante la imposibilidad de soportar las demoras del sistema público.
Las listas de espera no constituyen el único indicador de presión sobre la sanidad madrileña. La demora para pruebas diagnósticas también ha provocado denuncias recientes. En el caso de las mamografías, más de 19.000 mujeres estaban pendientes de una prueba y más de 9.000 no tenían siquiera fecha asignada, una cifra que se había multiplicado por más de doce desde 2023. Se corre el riesgo de que las demoras afecten al diagnóstico precoz.
UVI móviles que salen sin médico
La falta de profesionales afecta también a uno de los puntos más sensibles del sistema: la atención de emergencias. El Sindicato Médico de Madrid (AMYTS) ha denunciado una situación que califica de «grave y estructural» en el SUMMA 112.
El servicio dispone actualmente de 30 UVI móviles. Tres están configuradas estructuralmente como unidades de soporte vital avanzado de enfermería y no requieren médico; las otras 27 deberían contar con facultativo. Sin embargo, AMYTS asegura que todos los días salen recursos sin médico debido a la falta de profesionales. Según el presidente de la sección sindical del SUMMA, Óscar Rodríguez, hay jornadas en las que faltan cinco o seis médicos en las UVI y otras en las que llegan a faltar hasta diez.
Cuando una UVI medicalizada carece de facultativo, una emergencia que requiere valoración médica avanzada puede necesitar coordinación telefónica o el desplazamiento de otro recurso desde una ubicación diferente, con el consiguiente riesgo de retraso. AMYTS denuncia que la situación afecta especialmente a vacaciones, permisos y bajas, pero considera que el problema es estructural y responde a la dificultad para captar y retener médicos.
El sindicato sostiene que los facultativos del SUMMA son los médicos peor remunerados de la sanidad pública madrileña y reclama mejoras salariales y laborales para evitar que los profesionales abandonen el servicio. También denuncia problemas de funcionamiento en las Unidades de Atención Domiciliaria, averías de vehículos y deficiencias en algunas bases. Rodríguez resume la situación calificando al SUMMA como “el patito feo de la sanidad madrileña” y reclama mayor inversión y una estrategia específica de fidelización de profesionales.
La denuncia no se limita a Madrid capital. En Leganés, los trabajadores comunicaron que durante varios días, entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre, los dos recursos móviles del SUMMA con base en la localidad —una UVI y una Unidad de Atención Domiciliaria— habían funcionado en distintos turnos sin médico, en ocasiones simultáneamente.
El problema de fondo: qué se mide y para quién se gestiona
El caso del Ramón y Cajal coloca así una cuestión central en el debate sobre la sanidad madrileña: si los indicadores destinados a medir la eficiencia del sistema terminan convirtiéndose en un objetivo que condiciona la clasificación de los pacientes.
Los sindicatos y organizaciones profesionales vienen reclamando desde hace años más plantilla, reducción de la temporalidad y de la sobrecarga, refuerzo de Atención Primaria, recuperación de capacidad hospitalaria y mayor transparencia en las listas. CCOO ha denunciado de forma reiterada los récords de las listas de espera madrileñas y el deterioro de los recursos públicos, mientras su sección sindical en el propio Ramón y Cajal ha señalado problemas de plantilla, entre ellos la escasez de celadores y los incumplimientos de acuerdos laborales por parte de la Gerencia.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha situado también las listas de espera, la falta de profesionales, las camas hospitalarias y la privatización entre los principales problemas estructurales de la sanidad madrileña.
En este contexto, la exigencia que plantean los colectivos defensores de la sanidad pública va más allá de conocer cuántos pacientes esperan: reclaman listas auditables, trazabilidad de cualquier modificación, control independiente de los datos y prioridad clínica por encima de los objetivos de gestión. Porque si un paciente puede pasar de «preferente» a «normal» sin que vuelva a ser valorado por un médico, y si una UVI que debería contar con facultativo sale a atender una emergencia sin él, el problema deja de ser exclusivamente el de una estadística peor o mejor. Pasa a afectar directamente a la capacidad del sistema público para garantizar que quien necesita atención sanitaria reciba la respuesta adecuada en el momento en que la necesita.
