La primera medida que ha promovido el nuevo gobierno del PP de Madrid ha sido la propuesta de reformar los artículos de la ley de RTVM de 2015 relacionados con la elección, duración y competencias del Director General y del Consejo de Administración, elementos fundamentales de dicha ley que garantizan la independencia de los órganos de gestión y dirección de la casa.
La reforma propone:
• Reducir a cuatro años el mandato del Director General que en la actualidad tiene una duración de seis con la finalidad de que no coincidiera con el mandato electoral y así tener mayor independencia del poder político.
• Cambiar el apoyo de 2/3 de los diputados del parlamento regional para la elección del Director General y de los miembros del Consejo de Administración (que obliga al consenso entre las fuerzas representadas en la Asamblea de Madrid) por el de mayoría absoluta.
• Cambiar a los representantes del Consejo de Administración que pertenecen a asociaciones de la sociedad civil (5 de 9) por los elegidos entre los partidos políticos con representación parlamentaria.
• Eliminar las competencias del Consejo de Administración respecto a los nombramientos del personal directivo.
La propuesta de reforma viene acompañada por supuestas razones que ocultan la verdad. Se argumentan supuestos desequilibrios presupuestarios cuando en realidad el ejercicio de 2020 se cerró con un superávit de 4,6 millones de euros que ha sido validado y aprobado por unanimidad del Consejo de Administración y por el propio gobierno regional. Se argumenta la necesidad de afrontar renovaciones tecnológicas para el futuro de la casa, unas renovaciones que el gobierno ha impedido en los últimos dos años. Y la necesidad de la búsqueda de consensos cuando en realidad con la reforma se dinamitarían los construidos hace seis años y que la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, consideró “un referente para otros medios de comunicación públicos al suponer el fin del partidismo”.
Para el PP de Madrid sólo es útil el consenso y la independencia de un medio de comunicación público cuando no tiene la suficiente representación parlamentaria para poder controlarlo a su antojo.
La ley de 2015, aprobada por el conjunto de las fuerzas parlamentarias madrileñas, ha permitido promover el incremento de la audiencia (en 2020 la mejor de los últimos 9 años), la credibilidad informativa y una gestión transparente. Hemos recuperado la credibilidad de la sociedad madrileña gracias al esfuerzo combinado de la plantilla, la Dirección y el Consejo de Administración. Por eso estamos totalmente en contra de esta reforma que nos retrotrae a tiempos de control político y despilfarro económico y por eso seguiremos luchando por una radiotelevisión pública al servicio de toda la sociedad madrileña. Volvemos a reclamar el apoyo de la sociedad civil, de las asociaciones que ahora pretenden ser excluidas y de los partidos políticos que sí creen en la independencia de un medio de comunicación público.
