En México se decidirá este domingo en las urnas si se procesa a los cinco presidentes anteriores bajo la acusación de presuntos delitos económicos y contra los derechos humanos. Los presidentes cuestionados son Carlos Salinas de Gortari (1988/1994), Ernesto Zedillo (1994/2000), Vicente Fox (2000/2006), Felipe Calderón (2006/2012) y Enrique Peña Nieto (2012/2018), tres del PRI y dos del PAN que son los partidos tradicionales desplazados por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). El resultado de la consulta popular convocada por López Obrador solo será vinculante si la participación es por los menos del 40%.
López Obrador considera que durante el mandato de los cinco anteriores presidentes se impuso “una política elitista y antidemocrática, basada en la corrupción, que provocó la concentración de la riqueza en un grupo de privilegiados, la apropiación de los bienes públicos, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en la violación masiva de los derechos humanos con la impunidad como norma”.
A las acusaciones contra los ex presidentes se añade ahora el descubrimiento de contratos falsificados para desviar los recursos del presupuesto nacional hacia la adquisición de los servicios del ilegal sistema israelí de espionaje Pegasus, utilizado contra la oposición, los periodistas y los defensores de los derechos humanos durante los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI). Entre los supuestamente espiados por la Secretaría de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Federal estaba López Obrador cuando era el líder de la oposición.
El diario mexicano La Jornada ha recordado que los presuntos delitos económicos de los anteriores presidentes pueden incluir la corrupción en contratos de miles de millones de dólares con empresas españolas como ACS (de Florentino Pérez), Repsol, Iberdrola y OHL.
