El estado colombiano, los gremios de ganaderos y terratenientes, sectores de los partidos políticos tradicionales, las fuerzas armadas y de policía, y muy especialmente el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, han sido reafirmados como los grandes responsables de la violencia narco-paramilitar que en la década de 1980 profundizó, extendió y degradó profundamente la guerra en Colombia con una cifra impresionante de victimas que organizaciones de derechos humanos estiman en más de 100 mil muertes violentas, 50 mil desaparecidos y 7 millones de personas obligadas al desplazamiento forzado interno.
Estas verdades se han venido denunciando desde el primer momento y existen centenares de causas abiertas tanto por la justicia colombiana como por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y la misma Corte Penal Internacional. Pero son verdades que adquieren mayor relevancia cuando las confiesa uno de los principales actores de la violencia, Salvatore Mancuso, uno de los más reconocidos jefes del paramilitarismo colombiano, preso en los Estados Unidos, por temas de narcotráfico. Mancuso fue un acaudalado terrateniente del departamento de Córdoba.
Las revelaciones de Mancuso se han realizado en el marco de una audiencia ante la Comisión de la Verdad, creada en virtud del Acuerdo de paz de La Habana junto a la Justicia Especial para la Paz y la Comisión para la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto. También participó en la audiencia el ex comandante de la que fuera la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien reconoció que en el desarrollo de la confrontación cometieron muchos crímenes contra la población civil.
Mancuso reconoció que la creación de los grupos paramilitares fue una decisión del gobierno del que Uribe Vélez era el presidente, y que contó con el total apoyo de las fuerzas militares y de policía, de los organismos de inteligencia y de los gremios de ganaderos y de altos empresarios. No fue necesario que pronunciara el nombre de Álvaro Uribe Vélez para saber quién estaba detrás de toda la estrategia paramilitar. Fue muy enfático en señalar que
Un grupo de victimas, representativo del inmenso arco que lo compone, fueron testigos en esta audiencia, reconociendo el valor del esclarecimiento de la verdad, lo significativo de la audiencia y que falta mucha verdad por conocerse.
Mientras en esta audiencia Álvaro Uribe estaba omnipresente, sin ser nombrado, en otra audiencia ante un juez de penas, el Fiscal General sigue buscando que se precluya la investigación en contra de Uribe por delitos relacionados con la compra y manipulación de testigos, en uno de los tantos casos que tiene abiertos ante la justicia y de los que hasta ahora ha logrado salvarse. Hasta ahora.
Protesta de las víctimas del genocidio contra el general Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército Nacional de Colombia hasta el 4 de noviembre de 2008, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Renunció en 2008 cuando estalló el escándalo de los «falsos positivos» (ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes para presentarlos como guerrilleros abatidos) y ha sido imputado por la fiscalía por 106 casos que se le atribuyen directamente.
(*) Jaime Cedano Roldán es militante comunista, superviviente del genocidio contra la Unión Patriótica en Colombia. Escritor y conductor del programa radial«Suenan Timbres»
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