El 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de México invalidó por unanimidad el artículo del Código Penal del estado de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel a la mujer que abortase voluntariamente. De manera que se ha declarado inconstitucional la penalización a las mujeres que abortan en la primera etapa del embarazo, reconociendo el derecho a decidir.
Representa un avance de los derechos humanos de los mexicanos y de las mexicanas. Porque a partir de ahora será inconstitucional en México la criminalización de la mujer que aborta y la del personal sanitario que la asiste con consentimiento. Hasta ahora solo estaba despenalizado en 4 de los 32 estados.
La decisión del Supremo sienta un precedente obligatorio para todos los tribunales del país. De esta manera, mujeres y organizaciones que defienden los derechos reproductivos podrán aprovechar el precedente para combatir por la vía judicial la criminalización del aborto en otros códigos penales estatales.
Además se establece «la garantía de que las mujeres o personas gestantes que así lo decidan puedan interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria».
En España el Tribunal Constitucional planea abordar la deliberación de la sentencia sobre la ley del aborto, pendiente desde hace once años.
Estima también que ha llegado el momento de atender a la reclamación para que el pleno aborde el recurso que el PP presentó en 2010, rompiendo el consenso constitucional. Según algunos medios, el criterio dominante entre los magistrados del Constitucional es que no se debe esperar mucho más y que resulta necesario poner fin al largo período de espera sobre el recurso del PP.
La victoria mexicana debe plantear a los Estados democráticos que el derecho al aborto como todos los derechos humanos debe estar blindado por la Constitución. En consecuencia, negar este derecho humano atenta contra la dignidad, la autonomía y a decidir sobre la propia vida.
En España el tribunal constitucional debe tomar nota. México ha abierto precedente.
