Según Amnistía Internacional, “el bloqueo deliberado por parte de las grandes empresas farmacéuticas de la transferencia de conocimientos y los tratos poco claros que hicieron en beneficio de los Estados ricos han provocado una escasez de vacunas totalmente previsible y devastadora, causando decenas de miles de muertes, y van a ganar 120.000 millones de euros con este negocio de la pandemia que no respeta los derechos humanos”. De los 5.700 millones de dosis administradas en todo el mundo, solo un insignificante 0,3% ha sido para los países de bajos ingresos y “las farmacéuticas han reservado el suministro de las vacunas para Estados de los que se sabe que las acaparan”. La organización humanitaria pide a las empresas y a los Estados “que cambien radicalmente de rumbo y hagan todo lo necesario para enviar 2.000 millones de vacunas durante los próximos tres meses a los países de ingresos bajos y medianos”.
Las farmacéuticas cuyo comportamiento ha investigado Amnistía Internacional (AstraZeneca, BioNTech, Johnson&Johnson, Moderna y Pfizer) “se han negado a participar en las iniciativas coordinadas a nivel internacional para impulsar el suministro global y provocan una crisis de derechos humanos con su negativa a renunciar a los derechos de propiedad y compartir la tecnología de las vacunas”.
Las farmacéuticas utilizan la inversión pública y el conocimiento generado en los centros de investigación pero “han monopolizado la propiedad intelectual, impidiendo la transferencia de tecnología y desarrollando una agresiva actitud contra las medidas que podrían facilitar la distribución global de las vacunas”.
