El 31 de agosto de 2021 el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de anteproyecto de una nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), presentada por el Ministro de Universidades, Manuel Castells. Pese a que el Ministerio de Universidades afirma que la ley nace con la intención de, entre otras cosas, acabar con la grave precariedad existente en las universidades públicas, la Ley ha encontrado la oposición de estudiantes, rectorados, sindicatos y plantillas.
La herencia que recibió Castells y los polémicos primeros pasos
Si bien los más de cuarenta años de autonomía universitaria hacen difícil hablar de la Universidad española como un ente homogéneo, puede afirmarse que, aún con todas las particularidades que pueda tener cada universidad concreta, tras una temporada larga de sucesivos recortes la situación de las universidades públicas españolas es crítica. Los duros años de infrafinanciación y también una creciente burocratización han configurado una Universidad pública “a dos velocidades” donde coexisten por un lado una doble escala salarial entre el personal laboral, muchas veces también con contratos temporales, y el personal funcionario y por otro el secreto a voces del envejecimiento de sus plantillas, con edades medias más cercanas a la jubilación que a la edad del comienzo de la vida laboral.
Esta es la situación que se encuentra Manuel Castells a su llegada al Ministerio de Universidades. Junto con la cartera, Castells heredó los entonces anteproyectos de Estatuto del Personal Docente e Investigador de Pedro Duque, germen de la actual LOSU. Tras varios borradores, a veces contradictorios entre sí, y poco diálogo con las centrales sindicales, el Ministro de Universidades decide aparcar el proyecto de Estatuto del PDI y centrarse en el más ambicioso proyecto de una Ley Orgánica que reemplace la actual Ley Orgánica de Universidades de 2001 y modificada en 2007.
Así, la llamada Ley Orgánica del Sistema Universitario, surgida con el beneplácito del PSOE, ve la luz a finales de agosto y rápidamente levanta polémica entre todos los sectores involucrados. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas, la mayor organización estudiantil universitaria, en un juego de palabras por la cercanía al antiguo periodo de exámenes extraordinarios populariza el hashtag “#LOSUspendo” para criticar el anteproyecto duramente. Por su parte, los sindicatos mayoritarios mantienen su oposición a la actual redacción mientras piden más diálogo al Ministerio. Finalmente, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas aprovechó el acto oficial de inicio del curso para “dar un toque de atención” en directo a Castells. Mientras esto ocurre a nivel orgánico, la situación en las plantillas es de nerviosismo o directamente de miedo ante un cambio de reglas “en mitad del partido”.
Los motivos
Si bien hay un clamor general por las formas nada dialogantes del Ministerio, el hecho de que la LOSU sea un anteproyecto ambicioso que intenta cambiar todo, desde la ya incierta carrera académica a la propia gobernanza de las universidades, hace que los diferentes actores tengan muchas y variadas objeciones al articulado actual.
Por un lado el actual anteproyecto disminuye la democracia interna de las universidades al, entre otras medidas, permitir la eliminación de la elección democrática del rector o de los decanos, que podrían pasar a ser nombrados por un consejo o directamente por el rector, respectivamente.
Por otro lado, la carrera académica daría un vuelco que sería particularmente duro para los más jóvenes. En efecto, los más jóvenes verían alargada su etapa de contrato temporal de los actuales 5 años a 6 años, lo que es un incremento del 20%. Además, la LOSU no trata mejor al profesorado menos joven ya que por ejemplo la principal figura indefinida laboral, el Profesor Contratado Doctor, aparentemente desaparece para dejar paso a “figuras laborales indefinidas” dependientes de las Comunidades Autónomas. Dado que estas figuras autonómicas necesitan ser creadas independientemente en cada territorio, la regulación quedaría en manos de las comunidades autónomas con el consiguiente peligro al estar algunas de ellas gobernadas por el “trumpismo castizo” de Ayuso o por gobiernos sostenidos por la ultraderecha.
Mientras tanto, la LOSU no parece poder resolver los problemas para los que ha sido, se supone, diseñada. En principio, la figura del profesor asociado (la que han usado algunas universidades para contratar abusivamente) se mantiene con cambios menores que afectan principalmente a la cantidad de horas de clase que estos profesores pueden dar.
Dada la oposición de los principales sujetos involucrados y lo complicado de la situación actual, confiamos en el que ministro Castells no envíe la LOSU al trámite parlamentario. Es más, estamos seguros de que un intelectual de su talante reconocerá los posibles errores de su Ministerio y comenzará una negociación con los sindicatos y los representantes de los estudiantes para abordar un nuevo borrador de la LOSU que reúna los consensos necesarios.
