Desgraciadamente parece que nos vamos acostumbrando a la vandalización (como le gusta expresarse a la prensa acomodaticia) continuada de cualquier elemento público referente a la memoria democrática de nuestro país: los ataques a memoriales, placas, monolitos, señalizaciones e incluso a los propios espacios referenciales se van cometiendo sin otra consecuencia que la limpieza o reposición de la parte atacada en el mejor de los casos, apenas se investiga ni se buscan responsables. Pero en este asunto hemos asistido a una vuelta de tuerca más, y esta vez a partir de la propia administración, que es la vanalización o, si se quiere mejor, la frivolización de estos espacios.

Ocurrió en la localidad madrileña de Bustarviejo, donde se conservan -tras un previo, profundo e importante estudio arqueológico preliminar-, los restos arqueológicos del destacamento de presos políticos que fueron destinados a la construcción de la línea del ferrocarril Madrid-Burgos entre 1944 y 1952 para la reducción de sus penas por trabajo. Su ayuntamiento permitió rodar en aquel recinto una película pero no para ahondar con un documento filmando lo que fue el trabajo esclavo, las condiciones de los presos y sus familiares o las condiciones sanitarias o de salubridad en las que se desarrollaba la cotidianidad de los presos; la productora del film lo requería para reconvertirlo, por unas horas, en decorado de una ficción que en nada tenía que ver con el destacamento ni con la historia del franquismo o la de sus víctimas. Se les permitió convertir aquello en un set de rodaje con decenas de personas moviéndose libremente por él y modificando espacios que bien podría haberse hecho en algún estudio cinematográfico o televisivo sin agredir de este modo uno histórico.

Evidentemente el edificio de resintió y sufrió desperfectos en su ya de por sí débil estructura que fue recuperada en su día, por cierto, con dinero público.

Si la administración, cualquiera que sea, no protege el patrimonio cultural e histórico que le compete entendemos que se equivoca dejándolo en manos del voluntarismo de las entidades sociales o de personas particulares, entre otras cosas porque no es la labor de éstas sino de la administración pública el protegerlo. A ella debe corresponder su salvaguarda, un mantenimiento y una conservación que ya pagamos el conjunto de la ciudadanía con nuestros impuestos y tasas. Y consideramos también una irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento lo ocurrido en Bustarviejo sobre un lugar que debiera estar protegido por ley y defendido por munícipes y vecinos.

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También fue protagonista otro ayuntamiento, el de Villadangos del Páramo, en León, de otro atropello al dar traslado al consejo vecinal del municipio la decisión de la concesión, o no, del permiso de exhumación de una fosa común con represaliados en el cementerio de dicha localidad. Evidentemente era de esperar que el consejo decidiera mayoritariamente denegar el permiso y, por tanto, el inicio de los trabajos de recuperación de las victimas. Una muestra más de la dejación por parte de muchos municipios (afortunadamente no de todos) con respecto a sus obligaciones con la memoria democrática de todos, no sólo de la de entorno local, y del incumplimiento de una ley, la 52/07, que aunque no guste está vigente. Este caso si tuvo aparentemente final feliz; la intervención del gobierno de la Junta de Castilla y León posibilitó el permiso para el inicio de las obras, tras el gran impacto mediático que supuso el recurso plebiscitario al que se recurrió desde el ayuntamiento para una gestión administrativa que necesitaba recurrir a cualquier subterfugio para poder denegarla.

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Pero terminemos esta columna con una recuperación positiva: la documentación de Fernando Rodríguez Miaja, sobrino y secretario del general José Miaja, jefe de la Junta de Defensa de Madrid, ambos exiliados tras la guerra en México. Se trata de una serie de álbumes con fotografías, sin catalogar ni fechar la mayoría, que han sido depositadas en el Ateneo Español de la capital mexicana y que recogen imágenes tanto de personalidades republicanas en la España en guerra como de las exiliadas en aquel país. Esto significa, cuanto menos, un revulsivo en la memoria del exilio español y en la importancia que tuvo en los países de acogida.


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