El Congreso de la República, de mayoría opositora, acaba de anunciar la moción para destituir al presidente Pedro Castillo (*) que se someterá al pleno de la cámara para decidir si se toma en consideración para su debate. De momento hay incertidumbre sobre la posibilidad de que la derecha sume los votos necesarios.
Fuerza Popular, el partido de Keiko, la hija del ex presidente Alberto Fujimori, Renovación Popular, del ex candidato de la extrema derecha Rafael López Aliaga, y Avanza País, del neoliberal Hernando de Soto, no alcanzan juntos los 52 votos necesarios para que la moción sea admitida y se inicie el proceso de la destitución parlamentaria que exige 87 votos a favor de un Congreso con 130 diputados.
Toda la derecha golpista solo tiene 45 votos y Alianza para el Progreso y Acción Popular, también de la derecha, han dicho que no están de acuerdo pero no hay claridad sobre lo que vayan a hacer sus congresistas.
Se han presentado situaciones políticas en las que los portavoces de los partidos definen la postura institucional de sus bancadas en el Congreso pero en las votaciones se expresan posiciones diametralmente diferentes.
Lo más sorprendente de toda esta compleja situación es que Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo, podría votar a favor de que se admita el debate sobre la moción de destitución.
El pleno del Congreso se realizaría entre el 7 y el 9 de diciembre.
Para el gobierno estos días son vitales en la negociación que pueda desactivar una situación altamente explosiva que podría acabar erosionando la estabilidad del presidente Pedro Castillo, llevando al país a una situación de colapso institucional.
Son días de negociaciones, de sumas y restas que pueden acabar definiendo el futuro del gobierno y de la posibilidad de los grandes cambios que el Perú necesita.
(*) El sistema político peruano permite que la mayoría absoluta del Congreso destituya por incapacidad moral al presidente elegido en las urnas. No hay una definición legal sobre esa supuesta incapacidad cuya determinación depende exclusivamente de la arbitraria decisión parlamentaria.
/ Lima
