Una mala noticia para nuestra memoria cerraba el pasado mes de noviembre: tras la finalización del plazo para la admisión de las enmiendas parciales al texto de la ley que se tramita en el Parlamento, queda paralizada sine die todo proceso de negociación sobre el futuro próximo del texto y, por tanto, el acuerdo político para su aprobación definitiva, en beneficio de otras disposiciones y prioridades; ello supone que queda sin efecto el calendario previsto e inmovilizado el proceso parlamentario aún por vencer pero que promete contener escollos difíciles de encarar.

Quedamos, una vez más, en una situación de extrema indefinición para, si no se rectifica en el tiempo que separa la redacción de este texto a su publicación en MO, la reparación de las víctimas, el respeto al propio movimiento memorialista -tras las positivas expectativas creadas en los meses anteriores- y un nuevo aplazamiento para la posibilidad de estudiar en la escuela el franquismo y su mantenida represión, novedad propositiva que incidía en garantizar la integración de la memoria de la dictadura en la enseñanza secundaria española.

Una nueva decepción ante el diagnóstico actual de la situación.

Con la amenaza de la derogación de las normas ya vigentes más que anunciada por los partidos de la derecha nacional-católica, no parece ser el mejor momento para restar importancia a un asunto que es de Estado en nuestra humilde opinión, y que lleva años, muchos años ya, en un limbo en que nada concreta pero que si perjudica a un futuro de convivencia normalizada. El ministro Bolaños aseguró hace unos días en Oviedo que fomentando el conocimiento de la memoria es posible que no seamos capaces de repetir los errores de la historia. De acuerdo con eso, esta situación que describimos no se entiende.

Cambiamos de tema con alguna noticia relacionada con los avances en memoria, comenzando como es la recibida desde Sta. Cruz de Tenerife por la que informa de la retirada a Francisco Franco del título de hijo adoptivo de la isla, que le fuera concedido el 20 de agosto de 1936.

En Andalucía ya ha sido contestada públicamente la propuesta de VOX para una ley de Concordia que, según parece, supone un atropello a las víctimas, a su reconocimiento como tales, pues fomenta la confrontación al equipararlas con responsables de la represión, eficaz mecanismo de impulso de odio. A la par, se ignora la vigente en aquella Comunidad, aprobada en 2017.

En Irún, a partir de una moción aprobada hace exactamente un año, se ha instalado una placa en recuerdo a Lluís Companys sobre el puente donde la Gestapo entregó al presidente catalán a las autoridades franquistas en 1940.

Y cerramos con una mención a Almudena Grandes, la escritora que demostró, de manera eficaz y contundente, que son muchas las disciplinas que tienen demostrada utilidad –en el marco cultural, en su caso la literatura- para la recuperación de la historia democrática de nuestro país y la estructuración de un discurso en el que la memoria tiene un peso fundamental y vertebrador. Ella dará nombre a un nuevo premio literario acordado por el Gremio de las librerías de Madrid, que distinguirá a partir del próximo año la primera novela de un autor o una autora novel como nueva categoría de los Premios Libro del Año. Este reconocimiento se suma a otro extraordinario por su apuesta por la recuperación de la memoria democrática otorgado, a título póstuma por la Asociación Pro-Derechos Humanos de España.

Nos despedimos con una cita pública del ministro Bolaños deseando lo mejor para la Memoria Democrática de España en 2022: … En España hubo personas que se dejaron su vida para que seamos una democracia en la que viven 47 millones de personas que pensamos diferente. Esa es la España que nos enseñaron los que lucharon por la democracia. Pues eso, porque la memoria tiene proyección de presente y de futuro.


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