Me ha pasado con la televisión. Hay veces que, ante alguna noticia descabellada, falsa o malintencionada, debo contenerme para no agarrar el objeto más contundente que encuentre a mano y lanzarlo contra la pantalla. Seguro que no es la primera vez que lo cuento, pero es que hoy me ha sucedido algo parecido con la del ordenador. A duras penas he podido detenerme. Y si lo he hecho, es porque es mi herramienta de trabajo. Si la rompo, ¿de qué como?
El asunto ha sido el siguiente. Andaba yo debatiéndome sobre qué tema elegir para el artículo de este mes. Las opciones eran a cada cual más jugosas, Ucrania, el asunto de la monarquía o el de las inmatriculaciones. Como no me decidía, le pedí ayuda a una buena y querida amiga que, sin dudarlo, optó por la última, no sin antes advertirme que más me valía recordar en qué lugar vivía y el alto índice de beatería abundante.
Así que, intentando ser ecuánime, en vez de tirar de argumentos favorables a la ruptura del Concordato con el Vaticano y otros acerca de la desvergüenza que suponen las más de 35.000 propiedades inmatriculadas por la Iglesia Católica, por obra y gracia, más que del Espíritu Santo, por la de ese ser deleznable de melena ondulada, entrecana y pustulenta, llamado Aznar, opté por visitar la página de la Conferencia Episcopal. Y ahí empezó mi particular calvario, mi tenaz batalla contra la ira.
El primer argumento que encontré defendiendo la legalidad de dichas apropiaciones apelaba a la historia, la suya quiero decir, no la auténtica. Venía a decir que, como la Iglesia está instaurada desde el siglo I en la península, cualquier lugar donde hubieran asentado sus ilustres posaderas, era de su propiedad. En fin, algo así como lo que sucede con ciertos caraduras en el supermercado, que dejan el carrito vacío en la cola de la caja y, mientras los demás esperamos nuestro turno, ellos van haciendo su compra, ganando, por encima de nuestra paciente espera, un puesto preferente. Ni qué decir que la validez de tal afirmación pasa por obviar mezquitas, templos romanos, griegos o fenicios, sobre cuyas ruinas construyeron los suyos, destruyendo culturas y memorias.
La cosa seguía intentando convencer al lector que, el cambio de la ley mediante el cual podían adueñarse de un sinfín de propiedades cuyos títulos no existían por antiguos, arrebatados o destruidos, en ningún caso significaba un trato de favor. Y ahí me empezó a hervir la sangre. ¿La Inquisición, expulsiones, evangelizaciones a sangre y fuego, torturas y saqueos, no existieron? ¿Siendo obligatorios todos y cada uno de los trámites litúrgicos durante la dictadura, no equivalía eso a un trato de favor? Pues según la Santa Sede, no. Ni tampoco que el alto número de católicos oficiales, dato en el que basan sus privilegios, tenga que ver con el hecho de que, los españoles nacidos entre 1939 y 1977, tuviéramos que estar, sí o sí, bautizados si queríamos acceder a la educación o a un pasaporte.
Ahora, lo mejor de todo, es cuando pasan a diferenciar lo que es Pueblo y Pueblo de Dios. Me explico. Un terreno fértil, pongamos junto a una ermita, que hasta ahora era comunal, esto es, del pueblo, tras la inmatriculación, deja de serlo. Entonces ya no es de los vecinos del pueblo, sino solo de aquellos que son seguidores de su secta, los del Pueblo de Dios, los cuales, por supuesto, dejarán su administración en manos de sus dirigentes. ¿Está clara la diferencia?
Y todo ello, se justifica porque la Iglesia, según su página web, dedica sus propiedades al culto, pero también a la educación, la sanidad y la cultura. Evidentemente los parkings, bares, discotecas, locales comerciales y pisos en construcción, que constan entre éstas, se incluyen en la labor humanitaria y pastoral.
Ahora entiendo al ministro de turno cuando alabó la colaboración de los obispos, después que éstos reconocieran que había anomalías en la inmatriculación de cerca de 1.000 propiedades. Se ve que se había leído también la página de la Conferencia Episcopal y se la había creído, porque de las 34.000 restantes, mutis absoluto.
