En el primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones, se ha aprobado en el Congreso de los Diputados —con el voto a favor de todos los grupos, a excepción del Partido Popular y Vox—, la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Esta medida es, sin duda, un avance en materia de ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Completa y ayuda a hacer efectivos los derechos derivados de la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010. La nueva medida propone penas de prisión desde tres meses hasta un año o de trabajos en beneficio de la comunidad que oscilan entre los 31 y 80 días para aquellos que acosen a mujeres y trabajadores a la entrada de las clínicas.
Martina Velarde —diputada de Unidas Podemos por Córdoba— ha sido tajante en la defensa de los derechos conquistados por el movimiento feminista, en este caso, el derecho al aborto legal, libre y gratuito: “señorías de VOX y del Partido Popular, los cuerpos de las mujeres no son un territorio conquistable, nos pertenecen solo a nosotras mismas”. “Antes se señalaba a las mujeres libres tachándolas de brujas y quemándolas en la hoguera, ahora, que ya no pueden quemarnos, nos rezan. Lo único que no ha cambiado por tanto, es que siguen señalándonos y haciendo escarnio público cuando ejercemos nuestra libertad”. Ha dejado claro que nadie tiene el derecho a usar la libertad religiosa como herramienta para estrechar la libertad de terceras personas. Velarde ha defendido la necesidad de que los centros de la sanidad pública empiecen a hacer en mayor porcentaje las interrupciones voluntarias de embarazos —actualmente sólo el 15,5% se realizan en centros públicos—. De esta forma, sería más sencillo poder garantizar a las mujeres su derecho a la intimidad y al anonimato.
El PNV se ha posicionado a favor de la Proposición de la Ley Orgánica, proponiendo la adición de una enmienda que introduzca en paralelo a la infracción penal una infracción contra la seguridad ciudadana. De esta manera se prohibirían las manifestaciones y reuniones a menos de 150 metros de las clínicas, de personas en contra de la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, para que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos profesionales y laborales de los trabajadores de los centros sanitarios habilitados para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.
El Partido Popular y Vox, una vez más, han optado por un discurso reaccionario sin límites estigmatizando y criminalizando a las mujeres que toman esta decisión y cuestionando su derecho a decir sobre sus propios cuerpos, llegando a usar expresiones tan ruines como: cultura de la muerte o centros de exterminio (refiriéndose a las clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo). Las intervenciones del PP y de Vox, han puesto de manifiesto, como bien afirmó Pilar Valluguera (ERC), que “todos los avances en derechos se antojan reversibles”.
Los partidos de derecha han retorcido el debate intentando cambiar el relato y presentando a los victimarios como víctimas, afirmando que con esta nueva medida se coarta la libertad de expresión y la libertad religiosa de los grupos ultracatólicos que se reúnen y acosan a las mujeres a las puertas de las clínicas. Ciudadanos ha optado por apoyar la iniciativa, yendo en contra de las intervenciones del Partido Popular y Vox —“estamos ante discursos que nos quieren hacer retroceder, especialmente cuando hablamos del ejercicio de los derechos de las mujeres”— como si no fuera este mismo partido el socio necesario de la extrema derecha en determinados territorios autonómicos.
Pilar Calvo —de Junts X Catalunya— también ha dado luz verde a la iniciativa, añadiendo al debate la necesidad de legislar que no solo tengan derecho a la baja laboral las mujeres que tienen una interrupción de embarazo espontánea —actualmente solo se concede dicha baja si el embarazo es igual o superior a los 180 días—, sino que esta baja laboral se haga extensible a las mujeres que voluntariamente interrumpen su embarazo, debido al duelo que acompaña en la mayoría de los casos a esta intervención.
En un primer momento se votó sobre la aprobación del dictamen de la Comisión de Justicia, y a continuación, el conjunto del texto. En el mismo pleno de la accidentada votación de la reforma laboral se volvió a repetir una situación esperpéntica. La norma iba a salir adelante según todas las previsiones, ya que contaba desde el inicio con el apoyo de todos los partidos, salvo PP y Vox. Sin embargo, a la hora de la votación 79 de los 89 diputados del PP votaron ‘sí’. Hubo 284 votos a favor, 65 en contra y 0 abstenciones. El Partido Popular alegó una confusión que fue fruto de una equivocación por parte de la diputada encargada de indicar el sentido del voto al resto del grupo, lo que provocó que casi todo su grupo votase a favor. Tras percatarse del error, en la segunda votación —la del conjunto del texto— todos los diputados del PP votaron en contra de la ley, que salió aprobada por 204 apoyos, y 144 ‘noes’. Más allá de la anécdota, un fiel reflejo de la posición militante y agresiva de las derechas contra las mujeres y sus derechos.
