El aumento de las ejecuciones hipotecarias en Castilla-La Mancha fue el año pasado el segundo mayor de toda España, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de las diferentes ayudas públicas del escudo social establecido por el gobierno de España.

Miguel Ramírez, el responsable del Área Regional de Vivienda de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, denuncia que “miles de personas siguen esperando acceder a una vivienda pública protegida mientras el gobierno regional responde con una rebaja del 50% en el presupuesto de la Dirección General de la Vivienda y con un parque público de viviendas abandonado, sin inversiones en mantenimiento o accesibilidad para sus inquilinos”.

Hay una contradicción evidente entre el aumento de los desahucios -941 por impagos de alquiler- y el hecho de que la región cuente con los precios inmobiliarios más bajos del país, lo que denota la generalización de los infrasalarios y la precariedad en amplias capas de la sociedad, especialmente mujeres y jóvenes, que apenas pueden hacer frente a los gastos de la vivienda. Costes ahora agravados por la escalada de los precios de la energía derivados de un mercado energético en manos del oligopolio y que, con el reciente conflicto de Rusia y Ucrania, está ofreciendo cifras récord en precios y tarifas, poniendo también en peligro la continuidad de muchos sectores productivos.

¿Qué ha pasado con el traspaso de los bienes de la SAREB prometido por Page?

Le recordamos al gobierno regional sus promesas sobre el traspaso de los bienes de la SAREB (gestora creada para gestionar y vender los activos problemáticos de las entidades financieras que recibieron ayudas públicas) al patrimonio público regional para, de acuerdo con los ayuntamientos, empezar a atender las demandas de vivienda mediante la movilización de suelo y la realización de inversiones.

Le exigimos aprovechar los Fondos de Recuperación, Resiliencia y Transformación, que llegarán desde Europa, para desarrollar políticas que permitan ofrecer un proyecto vital a muchas personas y familias de la región abrumadas por la falta de un bien básico y de primera necesidad como es la vivienda.

La principal herramienta para evitar ‘ocupaciones ilegales’ es favorecer el acceso a una vivienda en condiciones dignas, evitando así la especulación o la degradación del parque público de viviendas.