El lunes 28 de marzo, el Ejército colombiano llevó a cabo una operación militar en el departamento de Putumayo, en el sur del país, y la presentó como dirigida contra presuntos guerrilleros pertenecientes a una facción disidente de la exguerrilla de las FARC. Sin embargo, las personas que perdieron la vida serían civiles, entre ellos una autoridad indígena y campesinos, según varios testimonios, lo que hace temer un nuevo caso de uso de los “falsos positivos”.

Este martes, al día siguiente de que el Ejército colombiano anunciara una operación en Puerto Leguízamo (departamento del Putumayo), que buscaba capturar a uno de los líderes de la Segunda Marquetalia de las FARC, y que se saldó con 11 muertos, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), declaró que «las personas muertas no eran guerrilleros»; denunciando así una presunta matanza de civiles que el Ejército trató de hacer pasar por guerrilleros.

Entre las personas asesinadas se encuentran:

1. Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso.
2. Ana Maria Sarria Barrera, compañera sentimental del presidente de la Junta.
3. Brayan Santiago Pama, menor de edad, de 16 años.
4. Pablo Panduro Coquinche, Gobernador del Cabildo Kichwa.
5. Oscar Olivo Yela.

El lunes, el presidente Iván Duque, había anunciado que en «operaciones de nuestra Fuerza Pública, se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo)»:

LA MENTIRA DEL GOBIERNO Y DEL EJÉRCITO, AL DESCUBIERTO

Pero todos los testimonios que se van conociendo de los testigos y familiares de las víctimas refutan la versión oficial del Gobierno colombiano. Niegan que hubiera ningún enfrentamiento armado, sino una matanza perpetrada contra la población civil que se encontraba en una celebración comunitaria en la vereda El Remanso, cuando llegaron hombres armados, algunos encapuchados, vestidos de negro, disparando. Describen lo ocurrido como una masacre, una matanza de civiles que luego fueron presentados por la fuerza pública como guerrilleros, una práctica criminal que en Colombia se conoce como “Falsos Positivos”, y que la fiscalía ha cifrado en 6.402 casos documentados durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010).

La Defensoría del Pueblo confirmó las denuncias realizadas por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), sobre la muerte de civiles en manos del Ejército Nacional en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo). La Defensoría del Pueblo y la ONG Human Rights Watch informaron que entre las víctimas de la acción del Ejército están el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández Rojas, su esposa, un niño indígena, Brayan Pama, y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha denunciado que el Ejército está encubriendo su responsabilidad en la masacre. Este es su comunicado del 1 de abril:

“Días después de ocurrida la masacre en el caserío de El Remanso, corregimiento de Puerto Ospina, municipio de Puerto Leguizamo se siguen conociendo testimonios que desmienten las versiones oficiales del gobierno nacional sobre el operativo que terminó bárbaramente con la vida de once personas, entre ellas un gobernador indígena, un presidente de la JAC de El Remanso y su esposa, un niño, un trabajador campesino, así como cuatro heridos, tres mujeres.

Testigos confirmaron que el lunes 28 de marzo hacia las 7:00 a.m. durante aproximadamente veinte minutos unos veinte hombres armados incursionaron vestidos de negro, algunos de ellos encapuchados, disparando de manera indiscriminada contra pobladores que aún se encontraban en el sitio donde se desarrollaba la fiesta comunitaria dentro de un bazar.

A pesar de que muchos sobrevivieron al ataque armado, estos no permitieron se les asistiera, entre ellos el gobernador indígena Pablo Panduro, quien murió desangrado, afirman.

Los armados, luego de corroborar quiénes habían muerto, procedieron a mover los cuerpos, colocar armas cerca de los cuerpos, así como prendas militares y otros elementos de guerra. Cada cierto tiempo realizaron disparos al aire, mientras obligaban y a los sobrevivientes a estar boca abajo.

Posteriormente los encapuchados, al modificar la escena del crimen múltiple, amenazaron y se trasladaron unos a la orilla del río subiendo a unas pirañas y otros a helicópteros militares.

Con relación a los videos mostrados por el ministro de defensa Diego Molano como pruebas, fuentes aseguran que la grabación de doce segundos donde se muestran hombres armados, en ningún momento es el caserío de El Remanso, y menos durante el evento comunitario. Ningún testigo ha negado que en la región hay grupos irregulares, pero en la incursión armada solo había personas de civil. Los testigos sugieren que ese video de MinDefensa es tomado en otro lugar.

A pesar de que fuentes castrenses han filtrado a medios de información que el principal objetivo de la operación militar era Carlos Emilio Loaiza alias “Bruno”, quién habría muerto, hasta el momento, ninguno de los once cuerpos identificados corresponde a Carlos Emilio.

Las fotos y videos borrosos y nada claros, son pruebas endebles que pretenden ocultar el verdadero rostro de una acción militar arbitraria, desproporcionada, y violatoria de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, una operación que, en un racional Estado de Derecho, jamás habría ocurrido.

Esta acción militar es el resumen del cuatrienio del presidente Duque, un gobierno que desprecia la vida de los más humildes e indefensos, que hizo trizas la paz y que continúa concibiendo los asuntos de seguridad como doctrina del enemigo interno.

El pretexto de enfrentar a grupos irregulares contra toda disposición legal es enfermiza. Nada justifica lo ocurrido: un uso arbitrario de la fuerza, un plan previo de encubrimiento con encapuchados, una modificación de la escena del crimen, montajes mediáticos posteriores para ocultar la criminalidad de Estado.

Sí había tantos armados, ¿por qué no hubo otra planeación? ¿Por qué no se les capturó? ¿Por qué una masacre? ¿Por qué simularon confrontaciones en medio del montaje de los asesinados colocándoles armas? Si un soldado resultó herido, ¿quién lo hirió, qué dice la prueba balística, de dónde vinieron las balas? Si había armados, ¿por qué matar desarmados y luego montarles armas y más? Si la operación es limpia ¿por qué mover los cadáveres y modificar la escena del crimen?

Esta criminalidad de Estado puede enfrentarse con una justicia eficaz y unas nuevas políticas de seguridad y una información pública contrastada.

Se requiere una intervención internacional que garantice el derecho.

1 de abril de 2022.
Comision Intereclesial de Justicia y Paz.

UN GENERAL YA IMPLICADO EN PREVIOS CRÍMENES DE ‘FALSOS POSITIVOS’

El general Édgar Alberto Rodríguez, jefe del Comando Conjunto # 3 implicado en la masacre en Puerto Leguizamo ya estuvo involucrado en casos de «falsos positivos» (ejecuciones extrajudiciales de civiles) mientras estuvo en el departamento del Huila, ha denunciado la red de ONG en defensa de los derechos humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

El mayor general Edgar Alberto Rodríguez fue quien «informó» de la operación del Ejército colombiano que se está revelando como una masacre de civiles presentados como guerrilleros:

Esta es la verdad, denunciada por la población de Puerto Leguizamo: