Este mes de mayo está caracterizado por la agudización de las dificultades económicas y políticas, sobre todo en referencia a cómo abordar la mejora de las condiciones materiales de la clase obrera, en un momento difícil y complejo para la izquierda, el movimiento obrero y sindical. Este momento está marcado por la altísima inflación; el encarecimiento de las materias primas, la energía y los productos esenciales; por la escasez y el desabastecimiento internacional consecuencia de la crisis post pandemia; por los cambios en la geopolítica global, que se han agudizado por la temeraria expansión de la OTAN hacia Europa del Este; y por la guerra en Ucrania y por el efecto bumerán que están teniendo para Occidente (especialmente para los países de la UE) las absurdas sanciones que el imperialismo de EE.UU. y la Unión Europea han levantado contra Rusia.

El contexto de pandemia, que ha mermado considerablemente la capacidad de movilización obrera, popular y de la izquierda -sobre todo en los países de la UE- está siendo utilizado por las fuerzas reaccionarias y ultraderechistas -aprovechando también el actual periodo inflacionista y de guerra- para potenciar un ambiente de belicismo, anticomunismo y rusofobia. La hegemonía neoliberal había preparado el caldo de cultivo para reforzar un peligroso auge de las opciones e ideas de la derecha y la extrema derecha entre amplios sectores sociales.

El Gobierno PSOE-UP ha salvado “por los pelos” el decreto para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania, especialmente para los sectores sociales más desfavorecidos, in extremis tras agónicas negociaciones. Y lo ha hecho gracias al acto de responsabilidad y de clase del voto a favor de los cinco diputados de EH Bildu. El PSOE ya estaba en conversaciones con el PP para modificar el decreto en un sentido antipopular, lo que ponía en peligro la legislatura, el gobierno y el bloque de investidura, debido a que ERC volvió a votar en contra, dejándose llevar de nuevo por las presiones y el electoralismo, al mezclar el escándalo del Caso Pegasus en contraposición a las medidas sociales. Está claro que hay que investigar, denunciar y depurar responsabilidades por el grave escándalo de escuchas a políticos independentistas y también a miembros del gobierno, pero eso no puede ser moneda de cambio a costa de los intereses populares.

La OTAN está al mando en plena economía de guerra. El PSOE está incómodo con Unidas Podemos en el Gobierno y con el bloque de la investidura. La derecha se reorganiza y trata de pasar a la ofensiva poniendo a Feijóo a la cabeza. El PSOE socioliberal se acompleja, entre el miedo a la derecha y la obediencia a la oligarquía. El régimen nos quiere fuera del Gobierno y estimula todo tipo de provocaciones y trampas. ¿Es momento de salir del gobierno y dividirnos, o diferenciarnos y defender las posiciones conquistadas? Nada mejor que recordar las políticas que se han implementado gracias a la presencia de UP en el gobierno, a las alianzas políticas con las fuerzas de izquierdas y democráticas del bloque de investidura y sociales, fundamentalmente, con el sindicalismo de clase y otras asociaciones populares.

¿Quién hubiera perdido al caer el decreto de medidas urgentes frente a la guerra?

A pesar de las limitaciones del paquete de medidas sociales y laborales -solo hay que ver los contenidos del decreto para ver a qué sectores sociales y políticos les interesaba que prosperaran-, suponen un gran paso para la clase trabajadora. En la parte social, el decreto acota al 2% las subidas anuales de arrendamiento de viviendas; reduce los “beneficios caídos del cielo” de las eléctricas; prohíbe subidas en la factura del gas superiores al 5% por trimestre; amplía el bono social eléctrico a 600.000 familias beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV); rebaja 20 céntimos el litro de carburante para todos los consumidores; ofrece avales del ICO, créditos y ayudas directas para empresas y autónomos, agricultura, ganadería, transporte e industria, etc.

En el aspecto laboral también se establecen normas para proteger el empleo y a la clase trabajadora -tal y como se hizo en la pandemia-, con la prohibición de recurrir al despido objetivo -indemnizado con 20 días por año trabajado- por causas relacionadas con el aumento de los costes energéticos, además de que tampoco podrán aplicarlo las empresas que reciban ayudas directas. Otro aspecto para blindar el empleo que se reforzó con la reforma laboral es la figura de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), teniendo en cuenta que acogerse a un ERTE implica mantener el empleo o tener que devolver las ayudas públicas recibidas durante su aplicación. ¿Qué sectores sociales y políticos hubieran perdido si se hubiera frustrado el decreto?

El próximo pulso: blindar el poder adquisitivo versus moderación salarial

En un contexto donde el IPC de abril se sitúa en el 8,4% y amenaza con seguir aumentando durante los próximos meses, los sindicatos CCOO y UGT están defendiendo incrementos significativos y, sobre todo, la generalización de cláusulas de revisión en los convenios sectoriales o a nivel de empresa (hoy solo están en el 30% de los convenios), para blindar el poder adquisitivo e incrementar los sueldos al vincularlos con la inflación.

La patronal ha roto las negociaciones con los sindicatos en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). El jefe de la CEOE, Antonio Garamendi, defiende la “moderación salarial” y se opone a vincular las subidas salariales al IPC, prefiere hacerlo en función de la “productividad”, los “resultados” y los “índices de absentismo”. La trampa empresarial de siempre: menos sueldo fijo y más variable, menos sueldo consolidado y más destajo para aumentar las ganancias del capital a costa de devaluar los salarios de la clase trabajadora.

Ante el actual bloqueo patronal de los convenios colectivos (más de 4.000 mesas de negociación), los sindicatos han dejado muy clara su posición hacía el aumento del conflicto social. Así lo advertía Unai Sordo (CCOO) el pasado Primero de Mayo en Madrid: “Las organizaciones sindicales vamos a impulsar un proceso de movilización creciente entorno a la negociación de los convenios colectivos. No puede ser que las organizaciones empresariales pretendan no mejorar los salarios y que la crisis la paguen los trabajadores. No lo vamos a tolerar y ese es el mensaje fuerza de este Primero de Mayo” [1].

Fortalecer la sindicación, la organización y la conciencia de clase

Los grandes resultados de la reforma laboral, tanto en el aumento de la contratación indefinida como en la disminución del paro, especialmente entre los sectores más golpeados por la precariedad (juventud, mujeres e inmigrantes), ofrecen una oportunidad para empoderar y sindicalizar a los sectores de la clase obrera y del nuevo proletariado que no habían tenido la oportunidad de organizarse colectiva y abiertamente para defender sus derechos.

Es estratégico para la izquierda y el sindicalismo de clase reforzar a las próximas generaciones de la clase trabajadora para poder afiliarse en las empresas, organizar secciones sindicales y presentarse en las elecciones sindicales a delegados, delegadas y a comités de empresa. En este sentido, hay que poner todos los medios organizativos e institucionales (desde las organizaciones sindicales a la inspección de trabajo) para conseguir este objetivo. Solo desde la organización en los centros de trabajo y los sectores productivos, desde la movilización social, el conflicto y la negociación colectiva, es como la clase obrera puede obtener una posición de fuerza frente a la patronal e influir en los poderes públicos para conquistar nuevos derechos.

A la vez, el sindicalismo ha salido reforzado en la negociación colectiva tras la reforma laboral (ultraactividad indefinida, prevalencia de los convenios sectoriales, convenios por la actividad de la empresa principal, etc.). La patronal es consciente y por eso el actual bloqueo en los convenios no es una casualidad. Saben que los sindicatos son más fuertes negociando en los convenios sectoriales que dispersos en miles de pequeñas y medianas empresas donde los empresarios son más fuertes, por eso se resisten. Es su forma de intentar boicotear los avances conseguidos en la reforma laboral. Es por eso que será clave respaldar las próximas luchas que se van a librar en los sectores y en las empresas.

Ante un posible auge de la lucha de clases, la patronal y el régimen alientan a las fuerzas reaccionarias y de la extrema derecha. En esta coyuntura el mejor antídoto contra el peligro fascista es la movilización y la conciencia de la clase obrera por sus derechos, la extensión de políticas sociales y laborales favorables, haciendo frente al militarismo, a la guerra y a la OTAN, por la recomposición de la alternativa y la unidad de la izquierda y el movimiento obrero, con un pie en la calle y otro en la institución, haciendo valer nuestras victorias, para mejorar el estado de ánimo y poner a la clase obrera y los sectores populares a la ofensiva.

Frente a la arremetida patronal contra los salarios, y frente al ataque de la derecha y la ultraderecha a las organizaciones sindicales de clase y su poder negociador, la izquierda debe tomar partido sin complejos por la clase obrera y los sindicatos. Así de contundente se mostró la Vicepresidenta Segunda Yolanda Díaz Pérez: «Cuanto más combata la ultraderecha a los sindicatos, más estamos en la obligación de defenderlos» [2]. Lo dijo en el acto conmemorativo del 1º de Mayo organizado por el Partido Comunista de España (con su secretario general y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago y la participación de los secretarios generales de CCOO y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez).

Notas:

1. Los sindicatos cargan contra la CEOE y amenazan con tensar los convenios (lavanguardia.com)

2. Yolanda Díaz avanza que la contratación indefinida en abril será «un cambio de paradigma» en el empleo | Público (publico.es)

Área de Movimiento Obrero del PCE