Desde el PCE de Extremadura denunciamos la violencia institucional que seguimos sufriendo las mujeres. Actualmente fundamentalmente evidenciada en el ámbito del derecho de familia y en relación con la custodia. Desde la consideración por los Tribunales del falso SAP hasta la imposición de la custodia compartida, pasando por la negación de los derechos de menores que en muchos casos son negados en sus denuncias de abuso o violación.
Son muchos los casos de mujeres que por alejar sus hijos e hijas de un padre maltratador son enviadas a prisión. Fue el caso de Juana Rivas que, con la movilización del movimiento feminista y nuestra presencia en el gobierno, consiguió que el gobierno le concediera un indulto parcial, que el juez ha ignorado con el rechazo de la suspensión de la pena.
También estos días ha saltado el caso de María Salmerón, víctima de violencia de género, que fue sentenciada a nueve meses de cárcel por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de ésta, condenado a su vez a un año y nueve meses de cárcel y a alejamiento por malos tratos físicos, psicológicos y sexuales.
En una situación parecida se encuentra Sara B.B., a la que el pasado 6 de abril, el Tribunal Supremo ratificó la condena por haber protegido a sus hijas. Esta sentencia corrige la emitida por la Audiencia Provincial de Badajoz en 2021, cuando se le impusieron cuatro años de cárcel por el supuesto secuestro de las niñas: la pena se ha rebajado a dos años porque el Supremo establece que hubo un delito de sustracción de menores y no dos. Sin embargo, se mantienen los cuatro años de pérdida de la patria potestad de las niñas y el pago de una indemnización de 15.000 euros a su expareja por presuntos daños morales.
Con esta sentencia del Supremo, prosigue el largo y tortuoso proceso judicial de Sara B. B., que se inició con una denuncia de oficio por parte del Servicio Extremeño de Salud por un posible caso de malos tratos por parte de su expareja. Cinco años después, y sin que existan aún medidas definitivas sobre la custodia de las menores, a la madre se le quitó la custodia de sus hijas, fue detenida por la Policía a petición del juzgado de lo civil, siguió apartada de sus hijas, que le habían sido arrancadas en 2019, y condenada por sustraerlas.
Además esta nueva sentencia se conoce pocos días después de que el mismo tribunal confirmase que la detención de Sara en abril de 2019 fue ilegal. La jueza que ordenó el arresto, que ha sido sancionada, no tenía las competencias para hacerlo. Fue entonces cuando le arrancaron a sus dos hijas, fue sometida a un trato vejatorio en la Comisaría de Badajoz (reconocido por el Tribunal Constitucional) y empezó un periodo de más de dos años sin poder ver ni hablar con las niñas.
Desde el PCE denunciamos que el terrorismo machista sigue asesinando mujeres, sigue dejando niñas y niños huérfanos, pero no solo nos matan a nosotras, la violencia vicaria mata a nuestras hijas e hijos. Es imprescindible incidir contra esta violencia para proteger las vidas de las y los menores. No ha bastado con reconocerlos víctimas también de las violencias machistas cuando la patria potestad sigue estando por encima de su seguridad. En este sentido nos reafirmamos en nuestra posición en contra de la custodia compartida por imposición. Un maltratador nunca puede ser un buen padre.
Por todo ello desde el PCE de Extremadura mostramos nuestro total apoyo a Sara B.B. y a la campaña “Mamá está Castigada” y utilizaremos todos los medios al alcance de la organización, medios de comunicación, redes sociales, movilizaciones ciudadanas, para denunciar y difundir el caso y la tremenda tortura judicial a la que ha sido sometida esta persona, llena de irregularidades y violencia institucional, y en la que el bien superior de las menores no ha sido tenido en cuenta.
[Resolución aprobada por unanimidad en la Conferencia de Extremadura para el XXI Congreso del PCE]
