El secreto de Estado es una práctica a la que éste recurre para ocultar determinados hechos políticos al conocimiento público. Junto a un secreto siempre comparece una intencionalidad. En ocasiones, se invoca la seguridad o la defensa para aplicarlo. En otras, la conveniencia. Puede haber acontecimientos, puntuales, cuya ocultación resulte necesaria o conveniente para preservar la protección o seguridad de una sociedad amenazada. Pero la mayor parte de los secretos de Estado tiene un denominador común: la ocultación de la responsabilidad de hechos políticos de alcance, que vulneran la legalidad estatalmente proclamada y la moral pública a la que el Estado dice atener su conducta política.
Para garantizar la razón de Estado, esto es, satisfacer los intereses estratégicos y tácticos del Estado en el espacio y en el tiempo, éste acostumbra transgredir esos principios virtuosos que predica y dice respetar. La naturaleza del poder del Estado genera una tendencia a extender el secreto sobre casi todas las esferas de actividad estatal. Se trata de una deriva demasiado peligrosa como para no impedirla. Máxime, en sociedades dotadas de sistemas democráticos, cuya característica básica es el principio de publicidad, el conocimiento público de los actos del Estado.
Larga lista de secretos eternos
Pero en España cabe decir que existen, por ley, secretos eternos: una norma preconstitucional, la ley de Secretos Oficiales, de 1968, promulgada en vida del dictador Francisco Franco, no contempla plazos temporales de ningún tipo para que esos secretos puedan ser revelados y públicamente conocidos. Es una legislación de excepción, insólita, antidemocrática. Aquí, son demasiados los hechos históricos y actuales que permanecen premeditadamente escondidos al conocimiento público, por decisiones tomadas a espaldas de los intereses sociales mayoritarios. El Periodismo democrático ha hecho mucho por desvelarlos, pero resulta insuficiente. Abarcan desde todo lo sucedido en la posguerra, con su estela genocida de crímenes, condenas, exilio, expropiaciones a partidos, sindicatos y particulares, y exacciones judiciales de todo tipo, hasta la más nimia de las deliberaciones del Consejo de Ministros que son, por definición, secretas.
Por supuesto, el secreto cubre toda la política exterior desde antes, durante y después del franquismo hasta nuestros días; las guerras y la descolonización de Marruecos; la crisis del Sáhara y Guinea Ecuatorial; las cláusulas ocultas de los tratados militares suscritos con Estados Unidos en 1953; la caída accidental de tres bombas termonucleares norteamericanas en Palomares, Almería, en 1966; el magnicidio del almirante Luis Carrero Blanco en 1973; los asesinatos de abogados laboralistas y vecinales de Atocha en enero de 1976; la trama civil del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981; incluso, el alcance de las prácticas delictivas de quien ha desempeñado la jefatura del Estado hasta junio de 2014… todos estos casos y muchísimos más, permanecen ocultos bajo el secreto, en este último, bajo una variante, plasmada en la Constitución, en la forma de inviolabilidad e irresponsabilidad ante la ley del titular de la Corona.
Estas aberraciones antidemocráticas son expresión del trato que tan dolorosa y humillantemente se da al pueblo español desde hace siglos, como si fuera menor de edad, incapaz de conocer los actos y acontecimientos más importantes concernientes a su propio pasado y a su presente. Es un trato indigno de un pueblo libre. La generalización del secreto de Estado provoca una desmemoria colectiva que impide a cada ciudadano, independientemente de su adscripción ideológica, hacerse una idea del acontecer remoto e inmediato de España. Lo cual nos condena a tod@s a una perpetua y desconcertante inmadurez política, causa perenne de malentendidos que están en el origen de la incultura política y de la conflictividad a las que asistimos cada día. Conflictividad e ignorancia observada no solo en los foros políticos y parlamentarios, sino también en la calle. Son conflictos que, aquí, se añaden a las ya de por sí agudas confrontaciones derivadas de los antagónicos intereses de las distintas clases sociales, caracterizadas por una distribución desigual de la riqueza y del poder. La desigualdad afecta asimismo a la información y a la cultura democráticas, en virtud de esas prácticas y leyes del secreto, vergonzosamente aún vigentes, 40 años después del arranque de la democracia en nuestro país.
Consejos áulicos y razón de Estado
¿Quién toma esas decisiones secretas? No se sabe con precisión. Pero, generalmente, se trata de personas desconocidas por el gran público, agrupadas en consejos áulicos que guían u orientan a quienes toman las decisiones gubernamentales para hacerlas acordes con las líneas generales de la razón de Estado que han elaborado y adaptado. Su función consiste en definir la forma que adquiere la preservación de la integridad territorial y la pervivencia histórica del Estado en cada momento de la vida estatal. Es decir, se dedican a formular la razón de Estado, basada en los intereses estratégicos, a largo plazo, del Estado en cuestión. Las decisiones tácticas quedan para los Gobiernos de turno y si no se atienen a aquella, el fracaso político está asegurado.
Es muy curiosa la relación entre la proximidad/lejanía a la razón de Estado y la caída en desgracia política de quienes se relacionan con ella. Entre los administradores o gestores de la razón de Estado y del secreto figuran los servicios de Inteligencia y los/las agentes que viven en el secreto y procuran clandestinamente, mediante el espionaje, información para la decisión política.
La dimensión del secreto político en España, sin plazos de revelación, sin límites y escasos controles eficaces, plantea una inquietante sospecha: la posible existencia, todavía, de un Estado secreto. Invisible y desconocido, no da la cara y esconde su entraña más honda bajo el boscaje de una legislación indigna que urge apremiantemente ser derogada.
Cultura democrática
Los efectos de la anhelada derogación de la ley de Secretos Oficiales y su sustitución por normas pautadas, con plazos temporales de revelación según la entidad de lo tratado, pueden ser muy beneficiosos para reducir el apoliticismo existente en España. Y ello ya que la información estatal revelada tras su desclasificación, puede ser transformada en cultura democrática para la adquisición de conciencia política; permitiría despejar la incertidumbre política; extraer de las prácticas estatales secretas experiencias y referencias de actuación social ante retos semejantes a los tratados; al tiempo que desharía numerosos malentendidos históricos para limitarlos a su base factual, entendidos los hechos en el contexto en el que se produjeron. No solo facilitaría entender lo sucedido, sino comprender además su significado, rescatando la memoria histórica. Pero, por encima de todo, pondría fin a la percepción dolorosa del pasado que tanto nos ha enemistado como españoles. Contribuiría así a establecer unas bases mínimas de concordia y cohesión social que, si bien no zanjaría las contradicciones propias de las sociedades contemporáneas, si permitiría el respiro de descubrir que hay algo que nos iguala como individuos libres y racionales y puede facilitar tender puentes de diálogo entre distintas opciones políticas e ideológicas.
Como colofón, cabe señalar una función adicional del secreto estatal, que consiste en esconder la verdadera naturaleza del Estado cuando olvida sus deberes democráticos. Es decir, cuando se convierte en el Estado al servicio de una sola clase, la clase propietaria del poder económico y del discurso hegemónico dominante. Y se aplica, exclusivamente, a facilitar la tasa de ganancia de las grandes compañías y a ejercer la violencia, renunciando a la armonización de los intereses públicos y privados desde una neutralidad que predica pero incumple. Esta es la función más oculta del Estado en los sistemas del actual capitalismo financiero, para el cual la democracia ha dejado de tener interés por lo que es más urgente que nunca, para l@s trabajador@s, defenderla, ejercerla y ampliarla.
(*) Analista geopolítico, periodista y docente, experto en organizaciones de Inteligencia. Se doctoró en Sociología con una tesis sobre el Secreto de Estado
