El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva tres años sin cumplir el mandato de renovación, y no dimite, es el mismo que rechaza expedientar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, por comparar, en un periódico, al PCE con el partido Nazi alemán. Es la segunda vez que se libra de sanción por descalificar gravemente al Partido Comunista de España.

El pasado mes de junio, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Mª Concepción Sáez Rodríguez, envió una carta al Presidente y al Consejo Permanente del CGJP para que aplicaran faltas disciplinarias contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al considerar que con sus declaraciones en los medios “vulnera el deber de imparcialidad judicial y la obligación de neutralidad política derivadas de su oficio y cargo”. Y con ello también “violenta la imagen pública del Poder Judicial y la confianza de la ciudadanía.

No es la primera vez que el magistrado realizaba “inaceptables manifestaciones públicas” según la vocal, quien ya hace un año pidió a los máximos órganos judiciales que actuaran frente al comportamiento del máximo representante del TSJCyL cuando en febrero de 2021 expresó en un medio audiovisual que la presencia de miembros del PCE en el gobierno ponía en “solfa” la democracia. En aquella ocasión la respuesta del CGPJ fue archivar la petición de falta disciplinaria amparándose en el derecho a la libertad de expresión del magistrado. Este mismo juez también se manifestó en contra del estado de alarma durante la pandemia, en contra la exhumación de los restos de Franco y en contra la Ley de Memoria Histórica.

La vocal del CGPJ, Sáez Rodríguez, añadía en el escrito que “sus desinhibidas intervenciones en los debates públicos le configuran como un activista al servicio de unos distintivos ideológicos cuya defensa solo tendría cabida, en su caso, de hallarse fuera de la Judicatura”. Considera que no puede seguir escudándose en el derecho a la libertad de expresión. Pero la Comisión Disciplinaria lo ha vuelto a hacer al considera que esas declaraciones “podrán gustar más o menos y, como toda opinión, podrá ser considerada oportuna o inoportuna”, pero también que se trata de “una opinión personal sobre un determinado partido político” que está amparada por la libertad de expresión. Es decir, que un juez que preside un Tribunal Superior de Justicia, contribuya a deslegitimar a un partido político que participa en la coalición de gobierno, y que lo haga reiteradamente desacreditando la imparcialidad que corresponde a los órganos del poder judicial, sale gratis.

Enrique Santiago, Secretario General del PCE al enterarse de la noticia ha expresado a través de su cuenta de Twitter “Jueces condenados por corrupción no ingresan en prisión y otros que presiden un Tribunal Superior insultan reiteradamente y faltan a su deber de neutralidad política”.

La decisión aún puede ser recurrida ante la comisión permanente, el principal órgano de decisión del CGPJ.