Santiago de Chile. Nadie se atreve a aseverar con certeza cuál será el resultado del plebiscito del próximo 4 de septiembre para Aprobar o Rechazar la nueva Constitución en Chile.
Pese a que en la consulta del año pasado, el 79% de las chilenas y los chilenos votó a favor de un nuevo texto constitucional que dejara atrás la matriz institucional impuesta por la dictadura cívico-militar, hoy esa posibilidad es incierta de cara al plebiscito de salida donde debería darse luz verde a la Carta Fundamental redactada y propuesta por la Convención Constitucional que funcionó durante un año (2021 y 2022).
La mayoría de las encuestas, pertenecientes a empresas privadas, dan por triunfador al Rechazo, aunque en estos sondeos la diferencia con el Apruebo va disminuyendo. Al mismo tiempo, se observa un despliegue ciudadano y social masivo y extenso pocas veces visto en este país, a favor de Aprobar la nueva Constitución. Los analistas -dejando de lado a los más elocuentes por una u otra opción- coinciden en que la votación será reñida.
Llama la atención que además del dato del referéndum de 2021, está el dato de la masiva y expandida revuelta social de 2019, que generó una crisis política e institucional en Chile, tuvo al borde de la destitución al presidente de derecha, Sebastián Piñera, y evidenció un rechazo al modelo privatizador y a la institucionalidad vigente, y que tuvo como consecuencia fundamental que todas las fuerzas políticas, el Gobierno y el Parlamento, se allanaran a avanzar en un proceso constituyente que finalizara en una nueva Constitución.
Es decir, Chile está ante la paradoja de haber vivido una intensa revuelta social y un plebiscito que derivaron en una Convención que debía redactar un nuevo texto constitucional, para ahora estar en una situación de incertidumbre respecto a la aprobación de una nueva Carta Fundamental.
La especulación aumenta con el antecedente de que el 4 de septiembre el voto será obligatorio para más de 14 millones de electoras y electores, algo que no sucedía en Chile hace más de una década. En comicios de años recientes participaron entre 5 y 7 millones de personas, lo que introduce ahora un elemento especulativo sobre cómo votará ese amplio segmento que lleva años sin sufragar.
Factores incidentes
En el escenario actual se encuentran diversidad de factores que estaría incidiendo en un estado de ánimo y una disposición de amplias capas de la población a Rechazar el nuevo texto constitucional.
Empezando por extendidas y difundidas fake news,desinformaciones, distorsiones y una forma de terrorismo mediático, donde se dice que con la nueva Constitución se expropiarán casas, se podrá abortar a los 8 o 9 meses, se cambiará la bandera nacional, se fragmentará el territorio al darle derechos a los pueblos indígenas, se quitarán los dineros de las pensiones y no habrá libertad de enseñanza. Con la recurrente mención a que el país caminará por la senda de las constituciones de Venezuela, Cuba y Bolivia.
Junto a eso, se desató una cruenta campaña en contra de la Convención Constitucional que redactó la propuesta de nueva Carta Magna, apuntando a su incapacidad, ausencia de experiencia, bajo nivel jurídico y profesional, desorden interno, estableciendo implícitamente que el hecho de que la instancia fuera paritaria, con escaños reservados para pueblos originarios y con mayoría de representación del movimiento social y de regiones (los partidos políticos quedaron en minoría), era un sello negativo y que no daba garantías de un buen resultado.
Se agregaron noticias falsas de niveles alarmantes, como la difusión en medios de prensa, de que un grupo de convencionales, incluida la presidenta de la Convención, se habían bañado desnudos en la piscina de un hotel y habían bebido alcohol hasta la medianoche, lo que resultó comprobadamente falso.
Contribuyeron a eso ciertos episodios como que un convencional confesara que no tenía cáncer después de hacer campaña en base a esa dolencia, otro que votó un articulado constitucional desde la ducha mientras se bañaba, y otras y otros que se negaron a cantar el himno nacional que era interpretado por una orquesta juvenil e infantil.
Además, se tuvo que reconocer que durante el proceso de redacción de la nueva Carta Fundamental, no se informó adecuadamente del contenido, hubo mala comunicación hacia la población, no se difundió bien el trabajo, algo definitorio si se tiene en cuenta que en Chile más del 80% de los medios de comunicación pertenecen a corporaciones nacionales y trasnacionales de corte conservador y que están editorialmente en contra de la nueva Constitución.
También incide el escenario nacional, con un alza importante de la inflación y con ello un mayor costo de la vida; la violencia e inestabilidad en la región de La Araucanía, punto neurálgico de la protesta mapuche y el despliegue militar y policial; el aumento de la delincuencia y los sucesos criminales de alta connotación social, donde está pegando el narcotráfico y el crimen organizado; la migración irregular y la vinculación a delitos de parte de algunos extranjeros.
Ayudó de alguna manera a la posición conservadora de Rechazo a la nueva Constitución, que segmentos socialdemócratas, liberales, democristianos y de la antigua Concertación, manifestaran su oposición al nuevo texto, y que personeros como el ex presidente Ricardo Lagos, se negaran a exteriorizar si apoyan o no la nueva Carta Magna.
Ese grupo se autodefinió como “centroizquierda por el Rechazo” y asumió realmente el discurso contrario a la Carta Magna propuesta por la Convención, dándole agua al molina de la derecha, al punto que los personeros de ese sector, como el ex presidente Sebastián Piñera y el ex candidato presidencial de la ultraderecha, José Antonio Kast, no han emitido vocería alguna durante todo este tiempo.
Desde esa “centroizquierda” y la derecha se instaló mediáticamente que el nuevo texto es “maximalista”, “de izquierda”, “partisano”, “refundacional”. Se oponen a la desaparición del Senado, critican la amplitud de los derechos a los pueblos originarios, cuestionan cambios en el Poder Judicial, dicen que no habrá cómo financiar los derechos sociales que se otorgarán y postulan que haya otro proceso donde puedan cumplir un rol el Parlamento o un “grupo de expertos”.
Contradictoriamente, desde sectores contra/transformadores surgió la tesis de “rechazar para reformar” o para iniciar otro proceso constituyente donde se podría elegir otra Convención, darle la tarea al Parlamento (donde hoy están parejas las fuerzas conservadoras y transformadoras) o designar a “una comisión de expertos” que redacten otra Constitución.
Eso, de hecho, es dejar de lado la representación ciudadana que alcanzó la Convención Constitucional elegida democráticamente, después que en las urnas la ciudadanía rechazara que las/los legisladores, los partidos o “expertos” diseñaran el nuevo texto constitucional.
Además se abre una duda crucial: ¿qué pasa si en una nueva elección se elige a una Convención más o menos similar a la actual y un nuevo texto constitucional se parece al actual? ¿Volverán a rechazar? ¿Será que aspiran a que lo única viable sea su concepto de Constitución?
Un nuevo texto transformador
Al mismo tiempo, y también con mucha fuerza, se instaló una percepción/convicción de que, finalmente, la nueva Constitución propuesta da respuestas a las demandas ciudadanas del 2019 y da curso a lo que fue el plebiscito de 2021 para tener otra Carta Fundamental.
También que se garantizan derechos sociales y civiles, se modifica el modelo de desarrollo privatizador y concentrador por uno sustentable y equitativo, se protege la naturaleza y los recursos naturales estratégicos (agua, cobre, litio, entre otros), se otorga derechos a los pueblos indígenas, se da sustento a derechos de las mujeres, niños y adolescentes, se apunta a altas prerrogativas de las regiones en un camino de descentralización, y se garantiza la soberanía nacional.
La opción del Apruebo y su promoción está asociada a la transformación del sistema político (por ejemplo se elimina el Senado y se cambia por una Cámara de las Regiones, manteniéndose la Cámara de Diputadas y Diputados), abriendo un sistema participativo y más democrático, y a la transformación del esquema económico hoy privatizado, trasnacionalizado y de alta concentración de la riqueza.
De hecho, desde su primer Artículo, la nueva Constitución define al Estado chileno como democrático, de derechos, plurinacional, con componente paritario, inclusivo y de una democracia participativa.
Se deja atrás la actual Constitución que define al Estado como subsidiario, con rasgos autoritarios y excluyentes, con acento en un modelo extractivista y privatizador, abierto a la trasnacionalización de recursos vitales como el cobre y el litio, y el dominio empresarial del agua.
También se indica que se trata de un texto constitucional moderno, acorde al siglo XXI, con una proyección a 50 años cuando menos, con condiciones de participación y consulta a la ciudadanía en materia estratégicas y que, por cierto, se puede modificar mediante mecanismos democráticos y consultivos.
Es más, los dos conglomerados políticos que reúnen a los partidos que están a favor de la nueva Constitución, emitieron hace unos días un comunicado donde plantean algunos puntos constitucionales que podrían ser cambiados o modificados si gana el Apruebo.
En este camino es donde están corriendo las fuerzas transformadoras hoy y por ello los objetivos, de cara al plebiscito del 4 de septiembre, son informar y difundir la nueva Constitución, llegar a millones de casas y personas para persuadir y explicar, estar en cientos de miles de espacios públicos, y dar a conocer cómo la nueva Carta Magna garantiza derechos y soluciones a la gente, a las familias chilenas, sobre todo en la línea de las demandas de la revuelta del 2019.
El Gobierno ante la consulta
El Gobierno, por ley, es prescindente, sólo puede hacer la campaña de difusión del nuevo texto constitucional y llamar a votar a las y los ciudadanos.
Por eso desarrolla una intensa campaña para que la gente conozca el texto de la Carta Magna, titulado “Chile Vota Informado”, repartiendo el librito constitucional y explicando varios articulados. El Presidente Gabriel Boric plantea que el país necesita otra Constitución y que el proceso constituyente debe llegar a un término y así superar la actual estructura institucional.
Pero las cosas están en tal tensión que la derecha y quienes están por el Rechazo acusaron de “intervencionismo electoral” al Presidente Boric y a varias ministras y ministros por esa disposición a informar y promover el voto. Finalmente la Contraloría de la República desestimó las denuncias.
Al mismo tiempo, el Gobierno está abocado a sus tareas y enfrentando los elementos adversos en el escenario nacional.
Tomó medidas como aumentar el salario mínimo, entregar un bono de invierno que benefició a 7 millones y medio de personas, abrir el diálogo y los apoyos sociales en La Araucanía junto a medidas contra acciones violentas, mejorar la gestión policial en el combate a la delincuencia, introducir el proyecto de rebaja de la jornada laboral a 40 horas semanales, preparar una reforma al sector Salud para una mejor atención, reducir deudas educacionales y caminar hacia la reducción sustancial del déficit habitacional.
Así también, la administración de Boric no abandona su programa de Gobierno basado en reformas estructurales y ya presentó la reforma tributaria, está por presentar la reforma previsional, avanzar hacia la reforma de Carabineros (la policía uniformada cuestionada por graves violaciones a los derechos humanos) y preparar el camino de las leyes con la nueva Carta Magna.
Es claro que cómo se sienta la gente en esta contingencia, incidirá o podrá incidir en su voto en el plebiscito, claro, sin olvidar que por mal que anden ciertas cosas, amplios sectores de la población tienen decidido respaldar el Apruebo.
Las fuerzas en pugna
Algo que termina definiendo el marco actual en Chile de cara al plebiscito, es cómo se agrupan la diversidad de fuerzas ideológicas, orgánicas y económicas en torno de las dos opciones. Porque varios analistas, personeros políticos y miembros del Gobierno desahuciaron la tesis de “la tercera vía” o “plan B”, en cuanto a que existiría otro sendero aparte de Aprobar o Rechazar.
Es así que no resulta gratuito el cómo están alineadas las representaciones ideológico/políticas y de segmentos de la sociedad chilena frente a la disyuntiva del 4 de septiembre.
El Apruebo es promovido por una treintena de partidos políticos progresistas, socialdemócratas, de izquierda, liberales, y al menos 300 organizaciones sindicales, feministas, estudiantiles, indígenas, poblacionales, profesionales, entre otras.
El mundo de los derechos humanos, la cultura, la academia y la intelectualidad está con el Apruebo. También grupos de medianos y pequeños empresarios, medios de prensa alternativos y comunitarios, Colegios Profesionales como el de periodistas y profesores. Es notorio el apoyo de quienes están por la defensa del agua y del litio, los adultos mayores, el feminismo, y la academia que están por dar luz verde a la nueva Constitución.
De acuerdo a diversos estudios y encuestas, en capas de clases medias y populares, en amplios sectores urbanos, en el mundo del trabajo, en el sector femenino y juvenil, existe una expresa intención de respaldar la aprobación de la nueva Carta Fundamental.
La fuerza del Rechazo radica en los partidos de derecha y ultraderecha, en la jerarquía eclesial católica, en la llamada “familia militar”, en segmentos socialdemócratas liberales (que en estos meses se definen como “la centroizquierda del Rechazo”), en los grupos financieros propietarios de las AFP y las Isapres (consorcios que controlan la previsión y la salud privadas, respectivamente), la mayor parte de los medios de comunicación (incluido el oligopolio de la prensa escrita), gremios empresariales, entre otros.
Hay una base electoral de estos sectores conservadores que se sitúan en zonas urbanas de la capital y sectores rurales del sur del país, segmentos de evangélicos, del grupo etario mayor de 60 años y que tradicionalmente vota por los partidos de la derecha.
De acuerdo con analistas, también está incidiendo en que alguna gente pueda votar Rechazo, golpeada por la inflación y la delincuencia.
Un momento estratégico
Como sea, Chile juega este 4 de septiembre un partido estratégico y, de alguna manera, definitorio respecto a su futuro.
No es menor: se verá si tiene o no una nueva Constitución.
Las fuerzas políticas y sociales, según su postura, tendrán un triunfo o una derrota estratégica de alta intensidad con efectos al menos al mediano plazo y otros de largo alcance.
Quizá lo principal es si chilenas y chilenos seguirán viviendo en medio de una estructura política y un modelo económico instalados durante la dictadura cívico-militar hace unas cuatro décadas, o darán paso a un nuevo estado de cosas.
(*) Periodista
