El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de regulación del estatuto de los expresidentes destinada a regular y garantizar la ética en el ejercicio de la función pública ante el laxo régimen de incompatibilidades aplicable hasta ahora a quienes han ocupado la Presidencia del Gobierno. Se trata, en definitiva, de evitar cualquier aprovechamiento derivado del uso de informaciones privilegiadas para el ejercicio de actividades lucrativas privadas en sectores estratégicos por parte de los expresidentes del Gobierno.
Dos ejemplos paradigmáticos fueron los de Felipe González, que, tras abandonar La Moncloa, formó parte del consejo de administración de Gas Natural entre 2010 y 2015, y el de José María Aznar, que ocupó puestos de asesoría y dirección en compañías como Endesa —la empresa que privatizó cuando fue presidente del Gobierno— y News Corporation, además de desarrollar actividades de consultoría internacional. Se realizaron dentro de la legalidad vigente, pero han sido denunciadas reiteradamente por organizaciones de transparencia y por diversos grupos parlamentarios como ejemplos de unas puertas giratorias que erosionan la confianza ciudadana en la independencia de las decisiones públicas y alimentan la percepción de una excesiva proximidad entre el poder político y los grandes intereses económicos regulados por el Estado.
Las medidas registradas hoy por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar amplían de dos a diez años las incompatibilidades de los expresidentes, condicionan el mantenimiento de recursos públicos a la ausencia de actividades privadas lucrativas y exigen dedicación exclusiva para ejercer como consejero nato del Consejo de Estado. Son medidas orientadas a reforzar la calidad democrática, la transparencia institucional y la prevención de conflictos de intereses, según sus promotores.
La iniciativa fue presentada en rueda de prensa por el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago; la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero; y el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun. Los tres defendieron la necesidad de reforzar los estándares de ética pública en las más altas responsabilidades del Estado y subrayaron que el prestigio institucional asociado a la Presidencia del Gobierno no debe convertirse en un activo susceptible de explotación privada una vez abandonado el cargo.
La proposición parte de una premisa política clara: la confianza ciudadana en las instituciones exige mecanismos más exigentes de integridad pública. En su exposición de motivos, el texto sostiene que la corrupción y los conflictos de intereses no pueden abordarse únicamente desde una perspectiva sancionadora, sino mediante instrumentos preventivos que dificulten el aprovechamiento privado de la información, los contactos o la influencia adquiridos durante el ejercicio de responsabilidades públicas. Según sus impulsores, la actual regulación resulta insuficiente para una figura cuya capacidad de influencia se prolonga mucho más allá de su salida de La Moncloa.
Diez años de incompatibilidad para los expresidentes
La medida central de la reforma consiste en ampliar de dos a diez años el periodo durante el cual un expresidente no podrá prestar servicios para entidades privadas que operen en sectores estratégicos o sometidos a regulación específica del Estado. La propuesta modifica la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo para establecer expresamente esa limitación temporal, que hasta ahora se limitaba a solo dos años, la misma duración que para otros funcionarios públicos.
Junto a ello, la iniciativa introduce cambios en el estatuto de los expresidentes como consejeros natos del Consejo de Estado. La condición vitalicia se mantendría, pero su ejercicio efectivo quedaría sujeto a un régimen de dedicación exclusiva. Quienes opten por desarrollar actividades profesionales o empresariales privadas tendrían suspendida su condición activa en el órgano consultivo y dejarían de percibir las retribuciones o beneficios asociados a dicho estatus. Solo quedarían exceptuadas actividades de carácter académico, creativo o divulgativo.
Pérdida de recursos públicos si realizan actividades privadas lucrativas
El tercer gran eje de la reforma afecta a los medios materiales y económicos que reciben los expresidentes. El texto establece que la realización de actividades privadas lucrativas supondría la pérdida inmediata de recursos públicos como personal de apoyo, oficinas o vehículo oficial, manteniéndose únicamente aquellos servicios de seguridad que Interior considere imprescindibles. Asimismo, la percepción de la pensión indemnizatoria sería incompatible con ingresos procedentes de actividades privadas remuneradas, salvo las excepciones académicas, creativas o divulgativas previstas en la ley.
La iniciativa presentada por Sumar se inscribe además en una larga trayectoria de propuestas impulsadas por el PCE e Izquierda Unida en materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Desde la década de 1990, ambas organizaciones han defendido en el Congreso medidas para endurecer las incompatibilidades de los altos cargos, regular la actividad de los grupos de presión, reforzar la transparencia en la contratación pública, limitar las puertas giratorias y castigar con mayor severidad el tráfico de influencias y los delitos de corrupción. Entre las iniciativas planteadas en distintas legislaturas figuran propuestas para crear registros obligatorios de lobbies, ampliar los periodos de incompatibilidad para exministros y altos cargos, prohibir indultos en delitos de corrupción y fortalecer los mecanismos de control parlamentario sobre grandes contratos públicos.
En anteriores legislaturas, tanto Unidas Podemos como otras fuerzas del espacio confederal plantearon reformas orientadas a ampliar los periodos de incompatibilidad, reforzar el control de la Oficina de Conflictos de Intereses y limitar la presencia de exdirigentes en empresas reguladas. Sin embargo, aquellas iniciativas no reunieron apoyos suficientes o quedaron bloqueadas por la falta de consenso entre los grupos parlamentarios.
Sumar urge al PSOE a actuar con medidas valientes
Sumar sostiene que el contexto político y social exige dar un paso más. Pide al PSOE, principal socio parlamentario de Sumar y actor imprescindible para que cualquier reforma de este alcance pueda avanzar en las Cortes, que actúe de forma valiente porque, según expresó Urtasun, «la sede de Ferraz no puede ser un lastre para este gobierno progresista».
Por eso, urgen al PSOE a tomar medidas valientes en materia de anticorrupción, vivienda y otras medidas sociales. También, insistió Enrique Santiago, deben derogar leyes que limitan las libertades, como la Ley Mordaza.
La tramitación parlamentaria permitirá comprobar hasta dónde llega la disposición de las fuerzas de gobierno para traducir en cambios legislativos el discurso sobre la ejemplaridad pública. Para Sumar, la respuesta no admite demoras: considera que la lucha contra las puertas giratorias y la protección del interés general exigen decisiones ambiciosas.
La rueda de prensa completa aquí.
