Esta mañana se celebró el juicio al concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, máximo responsable del Partido Comunista en Aragón, contra quien VOX presentó una querella por delitos de odio a raíz de unas declaraciones realizadas el 20 de abril de 2021 en una comisión de trabajo en el Consistorio. El juicio ha quedado visto para sentencia.
“Es la primera vez que se juzga a un político por una declaraciones que se hicieron durante su actividad política” expresó a la salida del juicio Antonio Segura, letrado en estrados junto a Ramón Campos y responsable de la Secretaría de Justicia del PCE, desde la que ha ayudado en el trabajo de la defensa del concejal aragonés. “Ha sido un Juicio político defendido por una Fiscalía que ha hecho una defensa política de los intereses del grupo político VOX contra otro partido de ideología diferente, en este caso comunista” explicó Segura, subrayando que “VOX ha insistido en que Alberto Cubero es comunista como si eso fuera un agravante”. En concreto, le acusan de “apólogo del comunismo”.
En declaraciones a Mundo Obrero, Segura contó que no se ha hablado del delito de odio del que se acusa a Cubero, porque evidentemente VOX no es un grupo desprotegido para acogerse a este tipo de delitos, destinado a colectivos vulnerables. Lamento que en el juicio prácticamente no se hablara de los hechos que se produjeron en el Ayuntamiento sino de los que se produjeron en el mitin de VOX durante la campaña en el madrileño barrio de Vallecas, unos hechos que ya están archivados en los juzgados madrileños sin ningún delito. Pero, con esta querella, consideró el responsable de la Secretaría de Justicia del PCE, VOX no sólo actúa contra el concejal comunista sino que intenta que nadie vaya a un mitin de VOX a protestar contra la presencia de la ultraderecha en determinadas zonas.
Lawfare para inhabilitar a la izquierda
Durante las últimas semanas Alberto Cubero ha estado respaldado por una campaña estatal de apoyo por parte de sus compañeros de militancia. El manifiesto público, bajo el nombre El antifascismo no es un delito de odio, lleva recogidas más de 800 firmas, encabezadas por dirigentes de su organización y de otros partidos de la izquierda alternativa. El contenido de ese manifiesto denuncia claramente las verdaderas intenciones de este juicio: “La querella forma parte de la estrategia judicial y política de la extrema derecha contra dirigentes de izquierdas y sociales para tratar de ocasionarles el mayor perjuicio posible. En el caso de Cubero, el objetivo reconocido de VOX es “inhabilitarlo políticamente” y para ello le solicitan una pena de prisión de 4 años y 9 meses de prisión además de una indemnización económica de 10.000 euros”.
La Fiscalía por su parte, mantiene su petición de dos años y medio de cárcel para el concejal zaragozano por sus palabras, junto a una sanción económica de 5.400 euros.
En resumen, insiste el abogado madrileño, “ha sido una querella de un partido político contra un político de ideología contraria y una Fiscalía que ha defendido políticamente al partido político VOX. Y el informe de la Fiscalía ha sido más político que técnico”.
Al juicio también asistieron dirigentes de la organización de Cubero, como Anabel Segado, Secretaria de Organización del PCE y abogada, y la diputada de Unidas Podemos, dirigente comunista y abogada Roser Maestro.
VOX sí puede llamar genocidas a los comunistas
«La Fiscalía ha sido muy tajante, porque entendía, como nosotros, que la libertad de expresión, incluso la parlamentaria, tiene limites y no es un derecho absoluto», declaró la vicesecretaria Nacional Jurídica de VOX, Marta Castro, a la salida del juicio, insistiendo en que un cargo público tiene «responsabilidad con lo que publica, lo que convoca y a lo que incita».
Pero eso no afecta a sus cargos institucionales. La misma mañana que se celebraba el juicio contra Cubero acusado de delitos de odio, el diputado de VOX y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, Alberto Asarte, calificó a los comunistas de ser «Defensores de una ideología totalitaria, antidemocrática y genocida que carga a sus espaldas con millones de muertos inocentes». Y lo hizo desde la tribuna del Congreso de los diputados. Esa responsabilidad pública tampoco limita al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, por comparar, en un periódico, al PCE con el partido Nazi alemán, ni por decir en televisión que la presencia de miembros del PCE en el gobierno ponía en “solfa” la democracia.
