Garamendi, que cobra 300.000 euros al año, dice que no hay que hablar de pobres y ricos. Lidera la gran patronal que no quiere subir los salarios para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, se empobrezcan más y aumenten las desigualdades. La patronal que no quiere hablar de pobres argumenta que subir los sueldos aumentaría la inflación. Muchas voces lo desmienten. No sólo los sindicatos. Enrique Santiago, secretario General del PCE y portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, lo dijo alto y claro en la tribuna del Parlamento dirigiéndose a la bancada que defiende las posiciones e intereses de la patronal: “Eso es falso y ofensivo”. Enfatizó: “La responsabilidad la tienen los beneficios indecentes de muchas empresas”. Si el IPC está en un 8,9% y la subida media de salarios de 2,9% no estamos ante una subida decente, explicó.
Los sindicatos de clase reclaman que los empresarios suban los salarios conforme al IPC real para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Pero la patronal, insistió Enrique Santiago, se niega y bloquea la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva en el que se establecen las subidas salariales para los próximos 3 años; se niegan a acordar cláusulas de renovación salarial que eleven los salarios de acuerdo a la inflación. “Es necesario dar certidumbres a las y los trabajadores de que entre este año y el próximo van a recuperar la capacidad adquisitiva”, dijo invitando a la participación a la convocatoria de CCOO y de UGT: “El 3 de noviembre Madrid tiene que llenarse de dignidad de los trabajadores y trabajadoras de toda España”.
El Partido Comunista de España hace un llamamiento a toda su militancia, a la clase obrera y la izquierda, a organizarse y participar de forma activa, en todas las movilizaciones sindicales para que el 3 de noviembre Madrid sea un clamor masivo contra la carestía de la vida, por la subida de los salarios y por la paz.
En ese llamamiento insiste en que es el momento de pasar a la acción más amplia y de masas en defensa de los salarios, derechos sociales, laborales y políticos, por las pensiones y servicios públicos dignos, por una fiscalidad progresiva y de redistribución de la riqueza (que pague más quien más tiene y reciba quien más lo necesite). Para hacer frente a la especulación con una firme y amplia intervención pública en los sectores esenciales y estratégicos de nuestra economía.
