Ayer asistimos a un insólito ataque a la democracia. En una operación absolutamente coordinada entre la derecha política y la derecha en el Consejo del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, el bloque reaccionario está tratando de impedir que se cumpla la Constitución y se incorporen los nuevos magistrados al Tribunal Constitucional, que darían mayoría progresista al tribunal de garantías, como así quiso el poder constituyente al facilitar la alternancia de sensibilidades en el tribunal. El recurso del Partido Popular pide al Tribunal Constitucional que tome una decisión para la cual no tiene competencia, que es paralizar un procedimiento legislativo, toda vez que la ley no contempla ninguna posibilidad de paralización de un procedimiento legislativo en el Congreso de los Diputados salvo que se trate de la aprobación de un tratado internacional o de un Estatuto de Autonomía.
Debe recordarse que el Parlamento tiene plena competencia para reformar las leyes, incluso la Constitución, atendiendo a los procedimientos establecidos tanto en la propia Constitución como en el Reglamento del Congreso. De hecho, en la reforma de ley que está generando la polémica no hay ningún intento de injerir en la justicia ni cambiar ninguna mayoría de ningún órgano. Lo que hay es la decisión de hacer cumplir la Constitución y renovar los órganos judiciales cuando corresponde, hace cuatro años debía haber sido renovado el Consejo del Poder Judicial y hace seis meses debía haber sido renovado un tercio del Tribunal Constitucional, resultando evidente que quien está bloqueando el cumplimiento de la Constitución es una alianza entre la derecha política y la derecha judicial. El constituyente estableció un mecanismo de nombramiento del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional con intervención de mayorías parlamentarias y del gobierno en el caso del Constitucional. No puede acusarse de injerencia política lo que no es otra cosa que el cumplimiento del mandato constitucional.
A pesar de eso y de ser absolutamente excepcional admitir procedimientos de medidas cautelares urgentes (la medida cautelar urgente para reincorporar al diputado Alberto Rodríguez a su escaño lleva esperando casi 10 meses), el presidente del Tribunal Constitucional acordó el miércoles la celebración de un pleno para abordar la solicitud de medidas cautelares realizada por el PP, a la que se ha sumado Vox, y que ayer pudo paralizar gracias al escrito de alegaciones y recusación que el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos interpuesto, especialmente al haber recusado al presidente y al otro magistrado cuyo mandato está vencido, afectados por la ley que se está tramitando, por estar su mandato caducado y tener que ser sustituidos tras el nombramiento realizado por el Gobierno. Es evidente que ambos magistrados tienen un interés directo en lo concerniente a la norma en tramitación, no resultando admisible que quien tiene un interés en la causa sea juez y parte, por lo que o bien se abstienen de conocer la causa o deben ser apartados por su compañeros del pleno.
Tras la suspensión del pleno para poder estudiar mejor las alegaciones y recusación planteada por parte de Unidas Podemos, y la aprobación por parte del Congreso de la proposición de ley y su remisión al Senado, se ha convocado nuevo pleno para resolver las medidas cautelares urgentes para este lunes, con lo que la próxima semana volveremos a encontrarnos con la misma situación, la tramitación de una ley en una cámara de representación popular, en este caso el Senado, que estará pendiente de la decisión que tome el Tribunal Constitucional, estando en todo caso previsto que el Senado apruebe definitivamente la norma el próximo jueves 22 de diciembre, por lo que hasta entonces el bloque reaccionario intentará paralizar la aprobación definitiva de la reforma, que una vez aprobada desbloquearía la situación en el Tribunal Constitucional y dará normalidad institucional al tribunal de garantías.
