Es una decisión inédita en democracia. El Tribunal Constitucional ha acordado en una ajustada votación suspender la tramitación de la reforma con la que el Gobierno quería desbloquear la renovación de parte de sus integrantes que tienen el mandato caducado. Para colmo los dos magistrados que estaban recusados han votado en contra de su propia recusación, que si bien puede ser legal es evidente que no es ético.
Las declaraciones ante lo que se considera un golpe no se han hecho esperar. Enrique Santiago, Secretario General del PCE y diputado de Unidas Podemos, ha declarado «El TC vulneró la soberanía popular. Una agresión a la democracia por quien debe protegerla», para el dirigente comunista «Procede actuar con firmeza: recurso ante los tribunales, iniciativa legislativa y llamamiento a la ciudadanía a que defienda la democracia y exija a la derecha que cumpla la Constitución».
Alberto Garzón, Coordinador General de IU y ministro de Consumo, en un artículo publicado por ElDiario.es, analizaba la situación y escribía «Los jueces conservadores no participan de esta estrategia sólo porque sea también la del PP. Lo hacen porque comparten el proyecto ideológico y creen realmente que estamos ante una amenaza contra el Estado y la Nación, su Estado, su Nación», haciendo hincapié «Es de suma importancia detener la ofensiva reaccionaria y construir la alternativa a partir de ahí, incorporando a todos los actores políticos y sociales que creemos que la democracia es una excelente idea que debe prevalecer».
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha respondido que «el ala derecha del Tribunal Constitucional impide una votación democrática en la sede de la soberanía popular. La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia. Toca demostrar que los y las demócratas somos más», incidiendo en que «Es necesario abordar con urgencia la renovación del CGPJ, secuestrado por el PP desde hace 4 años. Necesitamos frenar este ataque sin precedentes a la democracia con más democracia.»
Unai Sordo, Secretario General de CC.OO., ha manifestado que es un «escándalo sin precedente», y ha declarado que «El Poder Judicial y el Constitucional se pronuncian para hacerle un bypass a la legislatura y dar cobertura jurídica a la derecha política que consideró «ilegítimo”el gobierno y la mayoría parlamentaria».
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