El Congreso de los Diputados ha pedido a través de una declaración institucional que Irán cese las ejecuciones a los activistas y ciudadanos que protestan como reacción a la muerte de Mahsha Amini, dos días después de ser detenida por no cumplir con las estrictas normas de vestimenta impuesta a las mujeres en dicho país. A raíz de las críticas, se han intensificado las persecuciones, la represión y endurecido las torturas. A la oligarquía de Irán le molesta las voces discordantes y, con estas medidas, tratan de amordazar el levantamiento popular.
En la declaración, que firman todos los grupos de la Cámara, se pide también a las autoridades iraníes que esclarezcan el paradero de las personas detenidas y su situación procesal y se apela al respeto de las garantías judiciales, el derecho a la defensa y el acceso a los recursos de revisión de sus condenas.
El texto denuncia que los ciudadanos y ciudadanas se han enfrentado a un «uso desproporcionado de la fuerza» que ha provocado «numerosas muertes, lesiones y detenciones» y que se desconoce el paradero de un grupo de personas detenidas en las manifestaciones.
Dos personas participantes en las protestas han sido ejecutadas, Mohsen Shekari y Majid Reza Rahnavard, tras procesos judiciales «que no han contado con todas las garantías» y sin recurso de apelación. Según datos de Amnistía Internacional, otras 18 personas corren el peligro de ser condenadas a muerte.
Entre los condenados a muerte figuran Sahand Nourmohammad-Zadeh, Mahan Sedarat Madani, Manouchehr Mehman Navaz, Mohammad Boroughani, Mohammad Ghobadlou, Saman Seydi, Hamid Ghare Hasanlou, Akbar Ghafarri, cuatro personas de apellido Alborz y otra de nombre desconocido.
