Son malos tiempos para la solidaridad. Tras ser aplazado en 2021, se ha iniciado esta semana en la isla griega de Lesbos el polémico juicio contra 24 cooperantes acusados de espionaje y tráfico de personas. Un caso que múltiples oenegés tachan de «totalmente injusto» y «marcadamente político». Los acusados se enfrentan a penas de hasta 25 años de prisión. Todos ellos niegan rotundamente los cargos, asegurando que no hicieron más que ayudar a rescatar a personas cuyas vidas corrían peligro.
Los encausados pertenecen a Emergency Response Centre International, entre ellos el buceador alemán Sean Binder y la refugiada siria Sarah Mardini, que se dio mundialmente a conocer en 2015, al igual que su hermana, tras arrastrar ambas, desde el agua y nadando, una embarcación que las trasladaba junto a otros compañeros de Turquía a Lesbos.
Mardini obtuvo asilo en Alemania, pero volvió a Grecia a ejercer de voluntaria. Fue uno de esos nuevos rescates en el mar el que la convirtió en acusada, por el que hoy junto a sus compañeros y compañeras se enfrenta a posibles penas de hasta 25 años de cárcel en Lesbos. La fiscalía de la isla griega acusa a los activistas y voluntarios de los delitos de tráfico de personas, espionaje y falsificación. A estos cargos se suma la investigación que trata de involucrar a Mardini y Binder en actividades de blanqueo de capitales, facilitar la entrada ilegal a extranjeros al país y pertenencia a una organización criminal.
El PCE muestra su solidaridad
El Partido Comunista de España es muy consciente de que estas actuaciones judiciales no responden a una honesta persecución del crimen organizado ni la trata de personas. «Se trata de una estrategia de amedrentamiento contra el activismo humanitario que cumple un doble atentado contra los derechos humanos. Por un lado, perseguir a quienes defienden activamente la vida y los derechos humanos de miles de personas refugiadas que huían de conflictos patrocinados y sostenidos por Occidente. Por otro, blindar la inhumana y criminal política de la Unión Europea en el Mediterráneo durante la crisis de refugiados de 2015-2018″, se puede leer en el comunicado emitido.
Los y las comunistas de España, denuncian que a lo largo de estos años cientos de personas como Mardini y Binder se han enfrentado a juicios injustos y a la criminalización por sus labores humanitarias y de defensores de los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes en toda Europa, poniendo como ejemplo lo sucedido en varios países como Grecia, Francia, Italia, que han abierto una decena de procesos contra particulares y ONGs.
Además desde el PCE señalan que esa criminalización de la solidaridad es parte de «la política migratoria de la Unión Europea que fija medidas cada vez mas restringidas, sancionatorias y punitivas. En este caso, con ayuda del gobierno griego, se representa la aplicación de políticas antimigratorias, y que criminalizan la labor humanitaria y de solidaridad con los migrantes y los refugiados».
Por ello, desde el Partido Comunista de España, exigen a la fiscalía de Lesbos y los estamentos judiciales griegos a concluir esta farsa judicial y a liberar de todo cargo a los 24 activistas, e instan a la Unión Europea y a sus Estados miembros a dejar de dar cobertura e impulsar políticas migratorias que suponen, por definición, un atentado contra los derechos humanos.
«La acción humanitaria, en su más básico y fundamental expresión del rescate de personas en el mar Mediterráneo (en el que las abominables cifras de muertes durante la crisis de refugiados quedarán como una mancha permanente en la historia) no puede ser criminalizada. Su persecución supone completo acto de indignidad», concluye el comunicado.
