El anuncio del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, del ultraderechista Vox, de que el Gobierno autonómico instaurará medidas antiabortistas, entre las que se incluyen obligar a los sanitarios a ofrecer a las embarazadas que pretendan interrumpir su embarazo la posibilidad de escuchar el latido del feto, obtener una ecografía en 4D y un apoyo a la atención psicológica, ha desatado una ola de indignación entre políticos y colectivos médico.
Juan Gascón, coordinador de IU en CyL, ha tachado de moralista la propuesta de Vox y PP, que trata de imponer a las mujeres un “tutelaje propio del régimen franquista”. El retroceso en derechos con este Gobierno autonómico es evidente. Por ello piden a todas las fuerzas democráticas, unidad para luchar contra la pérdida de derechos que supone y unidad para evitar que este gobierno complete sus objetivos.
Para la formación de izquierdas, “el gobierno de PP y VOX debería centrarse en hacer su trabajo y ofrecer servicios de calidad en vez de malgastar recursos con el fin de coaccionar a las mujeres que, por diversas razones, libre y conscientemente solicitan abortar.”
Desde Izquierda Unida dudan de la legalidad de la propuesta, y piden una rectificación inmediata de la medida, que parte, dicen, “de un profundo desconocimiento de la Sanidad Pública y de sus procesos, puesto que las mujeres que tienen dudas al respecto de una decisión tan importante, son derivadas a las Trabajadoras sociales. La medida es puramente coercitiva y vulnera los derechos de las mujeres.”
