Los acontecimientos acaecidos en Brasil el pasado 8 de enero, cuando una turba multitudinaria y fanatizada de extrema derecha irrumpió y destrozó vandálicamente las instalaciones del Tribunal Supremo, el Poder Legislativo y la sede del Gobierno carioca en Brasilia, admiten una lectura en clave geopolítica. Más allá del impacto político interior de los sucesos de la plaza de los Tres Poderes, sus presumibles causas nos remiten a los efectos, percibidos desde el exterior, de importantes aspectos de la política exterior de Brasil en las últimas décadas. Esta política se ha caracterizado por adoptar una línea de autonomía propiamente brasileña respecto de la teledirección y control políticos ejercido tradicionalmente sobre el país por Estados Unidos.
Fue la Casa Blanca quien instigó el golpe de Estado militar que derrocó en 1964 al presidente progresista Joao Goulart, comprometido en reformas estructurales de carácter social y en una toma de distancia respecto al ascendiente de Washington sobre la política, la economía y las Fuerzas Armadas y policiales del país. Estos hechos precipitaron su derrocamiento mediante un golpe de Estado militar que inauguró e instaló entonces en el gran país suramericano un régimen dictatorial castrense que se prolongó 21 años, hasta 1985.
Pujante potencial emergente
Fue a partir de entonces cuando Brasil inició una paciente política exterior y una diplomacia tendentes a lograr una autonomía basada en la autoconciencia estatal del potencial geopolítico del cual el país disponía entonces: cerca de 200 millones de habitantes, un país enormemente rico pero socialmente muy desigual, con una extensión 17 veces mayor que la de España y casi la mitad de tal superficie de selva amazónica, principal pulmón de oxígeno y de diversidad medioambiental del Planeta. A ello añadía Brasil un litoral costero de 7.400 kilómetros y fronteras con todos los países del continente a excepción de Ecuador y Chile. Además, su potencial agrícola, ganadero y minero figuraba entre los más copiosos del mundo, con gran capacidad exportadora; una infraestructura industrial considerable; las Fuerzas Armadas más potentes del desnuclearizado surcontinente americano; y un Estado institucionalmente mejor configurado que los del conjunto de países de América Latina, a excepción del Chile histórico.
Presiones internas y externas quieren desforestar la Amazonia para satisfacer los intereses de los grandes del sector ganadero, agroexportador, minero y petrolero.
El despliegue de esta potencialidad estatal político-económica condujo a Brasil a integrar el grupo de países denominados BRICS, que aúna las iniciales de Brasil, Rusia, China, India y Suráfrica. Se trataba del conjunto de las economías emergentes más poderosas del mundo tras el fin de la Guerra Fría y la implosión de la Unión Soviética: representaba al 43% de la población mundial y generaba la cuarta parte de la riqueza total del Planeta. Este bloque era visto con recelo por alguno de los poderes fácticos de Estados Unidos –Wall Street, Complejo Militar-Industrial, CIA -FBI, Hollywood y, según algunos analistas, la Mafia-; a la sazón Estados Unidos se hallaba erigido como superpotencia geopolítica unipolar. Washington, agotada su trayectoria de injerencia militar abierta y directa en la política del surcontinente americano -sin abdicar casi nunca de ejercerla indirectamente- asistía con inquietud al despliegue de la potencialidad brasileña, parcialmente emancipada de su férula.
En base a las características descritas, el bloque de los países emergentes comenzó a interactuar entre sus componentes, libre ya de la mecánica división ideológica impuesta por la política de bloques de la Guerra Fría. Así pues, Brasil multiplicó por diez su comercio con China y por tres el que había mantenido con la URSS y ahora desarrollaba con la Federación Rusa. Impulsó también sus contactos económicos con la Unión India. El Gobierno brasileño, imbuido por un fuerte impulso tendente a romper la dependencia del Sur respecto del Norte hegemonizado por Estados Unidos y Europa occidental, comenzó a desarrollar una trayectoria político-económica siguiendo un eje Sur-Sur, señaladamente de colaboración, inversiones y exportaciones, con África. Nuevos recelos se desataron al respecto en el Norte.
Modelo de sostenibilidad y gobernanza
Por otra parte, las políticas medioambientales emprendidas desde el Gobierno de Brasilia, asignaron al Estado brasileño el atributo de modelo de sostenibilidad, tan caro a Naciones Unidas, habida cuenta de la responsabilidad ecuménica y global contraída por distintos Gobiernos cariocas progresistas para guarecer ecológicamente la integridad de la selva amazónica: esta se veía acosada por enormes presiones internas y externas de Brasil para deforestarla y satisfacer así la voracidad de los sectores ganadero, agroexportador, minero y petrolero, casi todos ellos vinculados a grandes multinacionales con casas matrices en Estados Unidos. En América del Sur, y señaladamente en Brasil, Gobiernos progresistas como los del obrero fresador y sindicalista Lula da Silva (2002-2006 y 2006-2011), habían estimulado el anterior establecimiento de dos instituciones comunitarias, denominadas Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) y Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, (PIACI), que agrupaban a más de un centenar de comunidades aborígenes y estaban destinadas a preservar la presencia ancestral de sus moradores oriundos en las grandes zonas boscosas y selváticas de la Amazonia.
Las líneas maestras del proceso de autonomía seguido por Brasil, convirtieron al país suramericano en un modelo de gobernanza global, aplicada mediante una política exterior cristalizada, como tal, en una prestigiosa diplomacia que supo extraer de la paciencia y tenacidad, observadas durante décadas, unos réditos que situaron al país brasileño en el club de los Estados más influyentes. Por ello, las autoridades brasileñas acariciaban la posibilidad de adscripción de Brasil al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro permanente.
Los BRICS, entre los que está Brasil, al final de la guerra fría representaban el 43% de la población mundial y generaban una cuarta parte de la riqueza total del Planeta
Esta preminencia geopolítica de Brasil fue consolidada por Gobiernos progresistas como los anteriores mandatos de Luiz Inazio Silva, Lula y Dilma Roussef, presidenta brasileña entre 2011 y 2016. Los programas Hambre cero y Bolsa Familia, que redujeron drásticamente la pobreza y la precariedad de la población brasileña, otorgaron a Lula y su Partido del Trabajo una enorme popularidad. Roussef, economista, ex guerrilera antigolpista, desde la Presidencia de Brasil hizo asimismo una decidida apuesta brasileña por las decisiones geopolíticas propias y contra el proteccionismo del Norte hegemónico. Nuevamente, la libre trayectoria de Brasil en el contexto internacional causaba inquietud en la Casa Blanca que asistía a una diversificación no controlada de actividades geopolíticas por parte de países de su “patio trasero” latinoamericano, como Brasil, anteriormente sujetos a sus designios, designios que el fin de la Guerra Fría había cancelado.
Sin embargo, la imagen de preminencia geopolítica de Brasil entró en barrena con el acceso al poder de Jair Bolsonaro en 2018, que consiguió al quedar expedito su camino a la Presidencia tras haber quedado previamente excluido de la carrera electoral Lula da Silva, al que un juez, Sergio Moro, futuro ministro de Bolsonaro, condenó a nueve años de prisión por supuesta corrupción pasiva en el denominado asunto Petrobras. Lula pasó 580 días en la cárcel hasta que los cargos que le impedían ejercer políticamente le fueron retirados. Jair Bolsonaro era un ex capitán de las Fuerzas Armadas, de simpatías golpistas, afirmaciones machistas y convicciones negacionistas sobre la pandemia del Covid, cuyos desequilibrios políticos y personales, su errática política de nombramientos y destituciones, más su falta de visión política y su ideología altamente reaccionaria, menoscabaron el prestigio internacional y geopolítico adquirido por Brasil antes de su llegada al Gobierno.
Los procesos judiciales a los que fueron sometidos Roussef y Lula son considerados como ejemplos claros de lawfare. Este término designa los derrocamientos políticos inducidos desde la esfera judicial, técnica nueva del golpe de Estado no violento pero, quizá, más eficaz: la inhabilitación para ejercer cargos políticos generalmente contra dirigentes de partidos progresistas. Dada la complejidad y el alcance de la responsabilidad de los líderes políticos en el funcionamiento de todos los escalones de la vida administrativa de los países que gobiernan, su vulnerabilidad política resulta ser máxima. Si, además, quien emprende tales procesos es la judicatura, a la que solo suele acceder un segmento social económicamente privilegiado de la población y de ideología generalmente conservadora si no reaccionaria, todos los liderazgos progresistas, por sí mismos, corren riesgos de derrocamiento por este medio. Sin embargo, al ser revisado su proceso, Lula sería rehabilitado, lo cual le permitió regresar al poder en las recientes elecciones de octubre de 2022.
Previamente, las decisiones gubernamentales de Bolsonaro, condescendiente con las presiones de grupos de presión -internos, sobre todo agroexportadores, que financiaron sus campañas electorales y lobbies externos, multinacionales ganaderas, fruteras, agrícolas y mineras-, en torno a la deforestación de la Amazonia, precipitaron el retorno de Brasil a situaciones de dependencia respecto del Norte, del capitalismo financiero depredador y medioambientalmente tan irresponsable. Las comunidades indígenas amazónicas serían las más dañadas por las pulsiones especulativas, el extractivismo minero y el agronegocio a gran escala, desplegadas para desalojarles por la fuerza de sus lares históricos. Por otra parte, el objetivo estatal brasileño de figurar como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU se vio truncado bajo el Gobierno bolsonarista.
La reciente reaparición de Lula en la escena electoral en 2022, desplazó a Bolsonaro del poder por un margen de votos exiguo pero legítimo y legal, que el bolsonarismo, tras su derrota en las urnas el pasado mes de octubre, rechazó mediante una movilización inusitada del sector más fanatizado de su amplia base electoral. Esta base se caracteriza por una fuerte presencia de componentes religiosos, señaladamente evangelistas, corriente cristiana fundamentalista, con ingredientes mesiánicos, políticamente muy reaccionaria, que ha desplazado al catolicismo del lugar preferente que éste ocupaba en Brasil antes de ser anatemizada por Juan Pablo II la denominada Teología de la Liberación, corriente modernizadora en clave social progresista del catolicismo centro y suramericano.
Semejanzas milimétricas
La ocupación y destrozo de las sedes oficiales de los tres poderes brasileños por la turba enfurecida de seguidores de Bolsonaro el 8 de enero de 2023, presentó una semejanza milimétrica con la irrupción violenta y multitudinaria de airados seguidores de Donald Trump en el Capitolio de Washington, el 6 de enero de 2021. Impugnaban entonces, asimismo, el resultado de las urnas que dio la victoria al demócrata Joseph Biden, mientras la multitud envalentonada de Brasilia hacía lo propio contra el resultado electoral que dio el triunfo a Lula. Esta semejanza desató sospechas fundadas sobre una posible inducción estadounidense de los sucesos de Brasilia. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, el presidente norteamericano Joe Biden condenó oficialmente el asalto de los seguidores de Bolsonaro, habida cuenta de que el violento episodio en Brasilia mostraba la misma intencionalidad antidemocrática y golpista que los seguidores de Trump habían intentado proyectar contra él mismo para derrocarle, tras el desenlace de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 favorables al candidato demócrata.
Primero desestabilizaron los Estados adscritos al Movimiento de Países no Alineados. Ahora a los países emergentes del BRICS. No es casualidad
En caso de demostrarse la inducción trumpista de los sucesos acaecidos en Brasilia, lo ocurrido probaría la existencia de una especie de metástasis política e ideológica de cuño golpista, instigada desde importantes sectores de poder estadounidenses hacia el surcontinente americano a partir de la profunda división interna registrada en Estados Unidos por la actitud insurreccional de Donald Trump y los grupos de presión que le secundan, que algunos analistas califican de potencial guerra civil, por las pulsiones golpistas allí manifiestas. En caso de quedar probada la teledirección de los hechos citados por parte de uno o varios sectores de poder estadounidense, el alcance geopolítico de la ocupación bolsonarista de las tres principales instituciones del Estado brasileño, adquiriría un inquietante alcance. Y permitiría comprender el significado – y quizás el desenlace- del malestar mostrado durante las pasadas décadas por amplios círculos de Washington ante la progresiva emancipación y autonomía políticas de un país emergente tan importante como Brasil respecto del control histórico ejercido por Estados Unidos sobre el surcontinente, en el cual Brasil es el Estado de mayor peso geopolítico, ecológico, económico y militar.
La cadena de desestabilizaciones políticas y/o bélicas registradas, tras la implosión de la URSS, entre las cúpulas dirigentes de Estados adscritos al Movimiento de los No Alineados, como Yugoslavia, Argelia, Egipto, Iraq, Pakistán, Siria o Libia, además del reciente golpe de Estado judicial en el cercano Perú, entre otros, permite sospechar fundadamente que no se trató de episodios casuales, como tampoco lo parecen los acontecimientos que afectan hoy al propio Brasil, Rusia y China entre los BRICS emergentes. Más bien parecen obedecer a pulsiones premeditadas para rediseñar el mapa geoestratégico mundial en claves favorables a la superpotencia aún hoy, hegemónica, a la que numerosos analistas sitúan en el trance de hallarse en un evidente declive.
