Los retos del PCE e IU en el ámbito local

Cuando en junio de 1981 se constituía en el Palacio de Congresos de Torremolinos la Federación Española de Municipios y Provincias, una estructura para defender los intereses del municipalismo en un momento de profundo debate sobre el papel que debían jugar los ayuntamientos en el marco institucional y competencial, nuestros ayuntamientos se encontraban en una encrucijada difícil, con escasos recursos, cada vez más competencias y notables dificultades para superar el modelo de entidades locales clientelares formalizado tras 40 años de franquismo. En ese contexto, asistíamos a un debate profundo sobre el desarrollo de la legislación que articulaba el Estado autonómico y los estatutos de autonomía, debate en el cual, el Partido Comunista de España, con su arraigo municipal, trasladaba permanentemente la urgente necesidad de reformas y marcos legislativos que evitaran que los ayuntamientos fuesen los verdaderos olvidados de la democracia y sus competencias y financiación fuese un elemento menor en la construcción de las estructuras políticas del Estado que se configuraba tras la dictadura franquista.

El grupo parlamentario comunista, muy crítico con la propuesta incipiente del Gobierno de la UCD de Ley de Bases de Régimen Local, había presentado en marzo de 1979 una propuesta audaz de reforma urgente de la administración local elaborada por Jordi Solé Turá que instaba a abordar seriamente el hecho de que el texto constitucional había relegado de forma clara el diseño competencial de los ayuntamientos y la nueva ley de bases tampoco lo enmendaba.

Porque a pesar de que esta recogía los principios de “autonomía municipal e integración democrática de los órganos de las entidades locales” y se reconocía de facto la modificación sustancial del marco jurídico anterior, lo cierto es que no se clarificaba cómo resolver la insuficiencia del mismo para una financiación competencial, la democratización de los órganos de gobierno local y el sistema de gestión de los servicios públicos que los ayuntamientos estaban obligados a proporcionar. Igualmente se alertaba de la necesidad de articular una ley electoral para las administraciones locales que corrigiera el presidencialismo de la figura de los alcaldes y la participación ciudadana para una “gestión colegiada y descentralizada”.

No se entendería el municipalismo actual sin la batalla por desarrollar ayuntamientos democráticos en la cual el papel de miles de concejales comunistas fue determinante

El proceso electoral municipal de 1979 que se viviría un mes después demostró que las preocupaciones expresadas por el PCE en el debate en el Congreso de los Diputados eran fundadas. Los nuevos consistorios democráticos se encontraron con cargas financieras elevadas, con fuertes deudas con el Banco de Crédito Local y otras entidades financieras como Cajas de Ahorros e incluso con empresas suministradoras de materiales y servicios, además de falta de liquidez para organizar servicios públicos y un cuerpo de funcionarios municipales que venían de los vicios del sistema municipal franquista profundamente clientelar. Un reto especialmente difícil para los ayuntamientos que democráticamente habían elegido alcaldes comunistas y de otras fuerzas progresistas.

Desde 1979 hasta 1988 que se aprobó la ley 39/1988 de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, la batalla de alcaldes y gobiernos locales por recursos para desarrollar ayuntamientos democráticos y garantes de servicios públicos elementales fue dura y constante, batalla en la cual el papel de miles de concejales comunistas fue determinante y sin el cual no se entendería en nuestro país el municipalismo actual.

Fueron los y las comunistas los que abrieron el melón del debate competencial y de los recursos para financiarlos. La propuesta del PCE era clara y meridiana, al sostener que el único control político-administrativo al que estarían sometidas las corporaciones locales sería el de la legalidad que solo podría dar lugar a la suspensión de sus acuerdos por decisión judicial, entendiendo acertadamente que la tutela que ejercían otros órganos de la administración central del Estado: dirección general de la administración local, las delegaciones provinciales de Hacienda o incluso las comisiones provinciales de urbanismo, deberían ser inmediatamente traspasadas a los órganos provisionales o pre-autonómicos de las nacientes comunidades autónomas para luego delimitar cuáles de ellas se derivarían a los ayuntamientos.

Era un momento en el que a nivel de haciendas locales, por ejemplo, regulaba un decreto del año 76 emitido por el Ministerio de la Gobernación (hoy Ministerio de Interior) absolutamente limitante de la autonomía local. Los nuevos alcaldes y alcaldesas se encontraban ayuntamientos tutelados, endeudados y enmarañados en un permanente debate de desarrollo competencial entre el Estado, las nacientes comunidades autónomas y los marcos legales que se articulaban para armonizarlo todo.

La asamblea constituyente de la FEMP, de la que celebramos 40 años el pasado 2021, recogió de manera clara lo que ocurría en nuestros ayuntamientos y radiografiaba las preocupaciones de las corporaciones locales desde las elecciones municipales de 1979. En la asamblea, el entonces alcalde de Córdoba, Julio Anguita, participó representando al PCE con un mandato claro que fue reconocido por la misma como esencial: reconocer a los ayuntamientos como una de las tres patas del armazón institucional del Estado, una nueva norma de régimen local que a la vez garantizase suficiencia financiera para sostener los servicios públicos, y garantizar la democratización de las corporaciones locales dotándolas del refuerzo del valor de proximidad con la ciudadanía. No en vano el lema de la asamblea constituyente de la FEMP era “Ayuntamientos más representativos, más solidarios, más eficaces”.

En la asamblea constituyente de la FEMP, Anguita, entonces alcalde de Córdoba, defendió reconocer a los ayuntamientos como la tercera pata del armazón institucional del Estado

El propio Julio Anguita defendería en aquellos años el valor de la autonomía local expresando en numerosas ocasiones la falta de decisión valiente de los primeros gobiernos democráticos en abordarla. En 1985, durante su discurso de inauguración del edificio actual del Ayuntamiento de Córdoba decía: “Por la corta historia de nuestra Autonomía Andaluza, sabemos perfectamente qué duros han sido los momentos que han precedido a la existencia de un Gobierno Autonómico y, ¿por qué no decirlo?, los momentos por los que todavía se atraviesa. Hablar de Autonomía Municipal, es una hermosa frase, pero hacerla realidad es una labor titánica que va dejando en cada uno de nosotros la huella del cansancio y las cicatrices de las heridas en el combate. Y es natural porque en la tensión dialéctica Administración-Administración local, una cumple el papel estadístico que la historia le ha ido otorgando, pero la otra tiene que conquistar el puesto que la Ley le concede. Por eso en ese combate se nota mucho más la actividad de la autonomía municipal, suena más, aparece como más conflictiva, incluso con estridencias, pero si no fuera así hoy no tendríamos ni edificio municipal ni tampoco autonomía. Y en este combate por conseguir un Ayuntamiento autónomo en lo político y en lo económico, se ve jalonado diariamente de enfrentamientos legales, políticos e incluso protocolarios. Estamos conquistando el sitio que la Constitución nos da, o mejor, nos autoriza a tener porque como ya he dicho antes, hacer realidad la letra de las leyes es siempre fatigosa tarea y una alerta permanente”.

41 años después, es notable que se ha avanzado en algunas cuestiones, pero es evidente que la realidad económica y social actual ha sufrido transformaciones que demandan de las administraciones locales un papel distinto y más activo del que se establecía en la legislación local y de financiación de los ayuntamientos. La crisis sanitaria de la COVID 19 y sus consecuencias lo han demostrado palpablemente.

La administración local ha sido sin duda la que más rápido y con mayor flexibilidad ha atendido las situaciones derivadas de la pandemia en nuestros pueblos y ciudades. Se han flexibilizado los catálogos de servicios sociales, se han derivado recursos para cuestiones como garantizar ayudas a familias, desinfección de calles y edificios, garantizar la continuidad del transporte público, suministro de elementos de protección y atención a la población más vulnerable. Sin tener resuelto aún el debate competencial y los recursos necesarios que deberían haberse abordado mediante una nueva Ley de Financiación de Haciendas Locales, han sido los municipios el primer muro de contención de una situación tan inesperada como con consecuencias económicas y sociales imposibles de cuantificar en los primeros momentos de la pandemia.

Y decimos sin abordar y resolver el debate competencial porque pese a constituirse en 2017 una comisión para abordar la revisión del modelo de financiación local integrada por diez expertos propuestos por el Gobierno y la propia FEMP, y pese a que esta comisión elaboró un detallado dictamen que abordaba recomendaciones para que el modelo de financiación solventase los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos básicos de prestación obligatoria, pese a todo ello el informe, sus conclusiones y la acción político-institucional esperada duerme el sueño de los justos en algún cajón institucional sin que se aborde ya la urgente reforma.

Y este hecho se suma a que estamos agotando la legislatura actual sin que el Gobierno de Coalición, pese a los requerimientos permanentes de Unidas Podemos de abordarlo, dé cumplimiento al acuerdo de Gobierno análogo que textualmente dice que el Gobierno de Coalición “ampliará las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica. En esta misma línea, derogaremos la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, y aprobando una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos (sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado”.

Por lo tanto, resolver esta encrucijada es un debate esencial, no se trata de hacerlo exclusivamente por la oportunidad de poner el foco en lo local por la llegada de un ciclo electoral municipal, ni siquiera porque sea un espacio donde la fortaleza de la propuesta de los y las comunistas y del conjunto de Izquierda Unida y de otras fuerzas con las que compartimos espacio municipalista se desarrolla de manera más evidente, se trata de, desde la izquierda, volver a poner este debate y el programa para tener ayuntamientos fuertes y con recursos en la centralidad del debate.

En primer lugar porque las entidades locales han ido asumiendo competencias “impropias” de manera sostenida, que ya en 2005 se cuantificaban en el LIBRO BLANCO PARA LA REFORMA DEL GOBIERNO LOCAL en casi el 40% del gasto ordinario de un ayuntamiento y todo ello teniendo en cuenta que el gasto de los ayuntamientos es apenas el 15% del gasto total de las administraciones públicas. Porque después de 40 años de los consensos expresados en la asamblea de fundación de la FEMP de que las administraciones locales participaran hasta en un 33% de la recaudación de los tributos que recaudan todas las administraciones públicas, a día de hoy, participan prácticamente en el mismo porcentaje que tenían en el año 79, cuando se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas.

En segundo lugar, porque se han incrementando notablemente las gestiones locales con respecto a políticas derivadas de la actual situación de subida de precios provocado especialmente por la guerra de Ucrania, aumento de dificultades para el acceso a vivienda, incremento de precios de los suministros más básicos para las economías familiares, gestiones de las administraciones locales para la obtención del Ingreso Mínimo Vital y otros servicios de los catálogos de servicios sociales que le corresponderían en justicia a otras administraciones que recaudan y tienen recursos para ello.

Y en tercer lugar porque los ayuntamientos aún siguen soportando las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 tal y como indicaba una reciente PNL presentada por Unidas Podemos en el Congreso de los/as Diputados/as. Y lo hacen porque para combatir las consecuencias del confinamiento y la paralización de la actividad económica las entidades locales siguen desplegando políticas de todo tipo con el esfuerzo inversor sobrellevado, asumiendo competencias impropias y realizando esfuerzos encomiables para ampliar el escudo social para proteger a las familias, bonificar en tasas a la hostelería y al comercio local, o garantizar servicios sociales básicos, entre otras actuaciones.

Perse a los requerimientos de Unidas Podemos, no se ha cumplido el acuerdo del gobierno de coalición de ampliar las competencias y capacidades de los gobiernos locales como unidad territorial básica

La propuesta que tanto el PCE como Izquierda Unida siempre han defendido para solventar esta situación pasa por lo tanto por dotarnos de un sistema de financiación local que aúne la presencia de una “nueva fiscalidad que incluya impuestos (propios y compartidos), tasas, precios públicos y, en su caso, contribuciones especiales, que permita a los gobiernos locales ejercer su autonomía y corresponsabilidad fiscal, con un conjunto de transferencias incondicionales (procedentes tanto de la Administración Central como de las Administraciones Autonómicas sumado a unos fondos europeos asequibles y gestionables administrativamente) que cubran la brecha existente entre las necesidades de gasto estimadas con base a las competencias asumidas y a la capacidad fiscal propia que emana de las bases tributarias disponibles“.

Pero obviamente la financiación, aunque resuelve gran parte de los problemas actuales del municipalismo, tiene que venir acompasada de otras reformas profundas en lo local. Una de ellas, no menor, es resolver definitivamente la “tutela de hermano mayor” que ejercen otras administraciones. Desde los aspectos en cuanto al papel decisorio de los acuerdos de los ayuntamientos (remunicipalizaciones, mancomunización de servicios, restar competencias a las diputaciones,…) hasta la capacidad de convertir las entidades locales en elementos de promoción de vivienda con algún tipo de protección, ampliación de plantillas municipales, gestión autónoma energética mediante comunidades o empresas municipales de energía, movilidad y agenda urbana sostenible, estatuto para municipios rurales y de la España despoblada, etc… Retos urgentes que tienen que centrar la agenda municipalista de la izquierda antes de que el debate electoral sea lo urgente.

Izquierda Unida ya ha iniciado estos trabajos de forma urgente. Los comenzamos con la escuela municipalista de Mieres, donde se ha visualizado que la fortaleza municipal y la experiencia acumulada de nuestros alcaldes y alcaldesas, y que este número de Nuestra Bandera recoge en varios artículos, es un capital político acumulado indispensable. En la escuela se han puesto en la mesa los mimbres de esta propuesta, lo que hacemos en donde gobernamos y lo que significa para la mejora de la vida de la gente de nuestras ciudades y pueblos. Y se han continuado y centrado en la II Asamblea de activistas celebrada el pasado mes de julio en Alcorcón, en donde se ha trabajado en torno a los ejes programáticos en los que se quiere centrar la propuesta programática municipalista de IU para el proceso electoral municipal de mayo de 2023.

Además de la financiación, otros retos de la agenda municipalista de la izquierda son las remunicipalizaciones, capacidad de promoción de viviendas, gestión autónoma energética…

Esta propuesta se va a concretar en varios bloques programáticos que conjugan la experiencia municipalista acumulada de IU y las aportaciones de nuestros hombres y mujeres que participan en diferentes frentes de activismo social y las propuestas que la sociedad civil nos ha trasladado durante estos años. Estos son:

RECURSOS PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS PARA LA MAYORÍA SOCIAL

La crisis de la COVID 19 y la situación actual de inflación desbocada de precios ha demostrado la necesidad de dotar a nuestros ayuntamientos de unos servicios públicos de calidad para garantizar derechos sociales. Entendiendo que esta cuestión es central para abordar la reforma de la fiscalidad municipal y de la ley de bases, se debe abrir un profundo debate sobre las transferencias de otras administraciones públicas y el cofinanciamiento de servicios sociales comunitarios, ampliar los usos de los remanentes y superávits para coberturas sociales y garantizar la simplificación de la captación de los fondos europeos de recuperación y resiliencia que actualmente son inalcanzables para una mayor parte de los sistemas de gestión administrativa de los ayuntamientos. Que gran parte de ese 15% de fondos europeos que gestionarán los ayuntamientos quede sin captación es una oportunidad perdida en un momento además que las políticas de “mano abierta” en materia de uso de recursos económicos y suspensión de las reglas fiscales quede abortada por el cambio de rumbo de la UE que ya se aventura una vez pasados los difíciles años de la pandemia del 2020 y 2021 y en el contexto económico actual.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Desde los años 90, Izquierda Unida ha desarrollado tanto en sus programas políticos como en su praxis de gobierno elementos de participación democrática directa de la ciudadanía. Hemos sido pioneros en incorporar los Presupuestos Participativos en ayuntamientos como Cabezas de San Juan, Sevilla o Ferrol, trayendo al municipalismo del Estado los vientos que soplaban ya en Latinoamérica (nacidos de la experiencia de Portoalegre en Brasil en los años 90) y que luego incorporaron los espacios plurales municipalistas a partir de 2015. IU ha sido persistente en la generalización de los consejos municipales de participación, en la presencia vecinal en los consejos de administración de empresas públicas y en elementos de transparencia de auditoría pública ciudadana. Las nuevas legislaciones ambientales que exigen una participación democrática previa ya era una práctica muy presente en la acción de gobierno de los municipios gobernados por IU.

EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

Las políticas regresivas de la llamada Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012 que han adelgazado las plantillas municipales tiene que ser urgentemente derogada y ampliar las OPES y tasas de reposición lo suficiente para garantizar estabilidad y plantilla suficiente en nuestros ayuntamientos. La reforma laboral no habría sido adaptada a la realidad de los ayuntamientos en lo que corresponde a los planes de empleo y el trabajo temporal que se necesita en la administración local sin el trabajo de IU para que el Ministerio de Trabajo y el SEPE entendiesen el papel de esta tipología de contratación especialmente en los municipios donde la actividad agraria temporal tiene que conjugarse con el papel de empleador de la administración local. De igual modo, los Planes de Igualdad municipales como elementos de acabar con la discriminación salarial y fomentadores de la igualdad plena del empleo público local van a ser seña de identidad de la actividad política de IU en los ayuntamientos. No renunciamos a que sean administraciones con capacidad plena para la creación de empresas públicas municipales y dinamizadores de empleo con competencias y recursos suficientes. La crisis de la COVID puso a muchas entidades locales a trabajar en serio para ayudas a empresas (hostelería, comercio local) y a autónomos/as, demostrando capacidad de gestión y prontitud en la administración de los recursos.

SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES

El ejemplo de la remunicipalización del agua en Valladolid, de varios servicios públicos en Astorga y la exitosa gestión de empresas públicas en ayuntamientos como Rivas es una seña de identidad ya de Izquierda Unida. Es un modelo de concepción de los servicios públicos como servicio y no como negocio privado. Hemos apostado por defender este modelo en los momentos más graves del discurso neoliberal de que lo público era costoso y símbolo de mala gestión. Hoy es notorio que la gestión pública directa y el control democrático de las concesiones públicas es beneficioso y generador de empleo y precios públicos asequibles y ponderados al nivel de renta de la ciudadanía. La nueva ley de residuos, el transporte y la movilidad sostenible, los retos de las fuentes de energía y sus costes también en lo local son retos del municipalismo que IU ya ha abordado con elaboración programática concreta expresada en numerosas jornadas y documentación.

CIUDADES Y PUEBLOS QUE CUIDAN. LOS SERVICIOS SOCIALES LOCALES AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

La aparición del Ingreso Mínimo Vital y las gestiones en servicios sociales municipales se han desbordado de manera notable desde la pandemia y la escalada de precios de suministros básicos y vivienda. El incremento presupuestario en materia de servicios sociales de los presupuestos generales del estado llega de manera irregular a las administraciones locales que gestionan a veces políticas sociales que son competencia de la administración autonómica. Financiar correctamente los servicios sociales municipales, articular recursos para políticas locales que fomenten los parques públicos de vivienda de emergencia es una urgencia demandada por las administraciones locales en todos los foros y debates. El reto y oportunidad de la ley estatal de Vivienda, la necesidad de desarrollar los contenidos del Plan de Choque y el Impulso del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD) tienen que tener una dimensión adecuada a las administraciones locales. De igual manera, la generalización de los centros especiales de empleo en el ámbito de la administración local tiene que tener un control de que no sean elementos de precarización laboral con la excusa de la integración y empleabilidad de personas con discapacidades.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

Hemos asistido permanentemente a un mantra que argumenta que las competencias en materia de vivienda no son municipales. Frente a ello, numerosas iniciativas en materia de vivienda que hemos desarrollado desde municipios gobernados por IU han demostrado que se puede desarrollar de manera muy clara la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en cuanto al papel de municipio como promotor público de vivienda, la rehabilitación de vivienda y la creación de parques de vivienda de emergencia. Del desarrollo de la futura ley de vivienda y la declaración de municipios saturados para regular los precios de alquileres dependen muchas familias y es una oportunidad más para que nuestros ayuntamientos sigan siendo referenciales en defensa de vivienda digna y asequible a los vecinos y vecinas

CIUDADES Y PUEBLOS CON CULTURA(S) DEMOCRÁTICAS, PLURALES Y CON MEMORIA

IU es un ejemplo de gestión cultural en los ayuntamientos donde nuestros cargos públicos ocupan estas responsabilidades. Con modelos de gestión de recursos para el apoyo a la creación y difusión democrática de la cultura, recuperando espacios y patrimonio existente como contenedores culturales, con experiencias exitosas como la recuperación del Pozo Santa Bárbara en Mieres, o la defensa de expresión cultural popular en nuestros barrios. IU ha colocado en la agenda política municipal la memoria histórica, programas de ocio alternativo y lucha contra las casas de apuestas, especialmente como elemento nocivo de ocio juvenil. Hemos sido y somos referentes en visualizar la cultura y la visión de las mujeres en el diseño de políticas culturales. Buena muestra de ello se relata en este número de Nuestra Bandera.

CIUDADES Y PUEBLOS SOSTENIBLES. ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES. DERECHOS DE LOS ANIMALES

El concepto de gestión directa de servicios públicos ha referenciado a IU en los modelos de gestión sostenible del agua, los espacios verdes en las ciudades, la defensa de un rural vivo y sostenible y defensa de la biodiversidad. Hemos avanzado en la defensa del sector primario en pueblos compatible con un turismo y entorno natural sostenible y nuestro trabajo en la defensa de un modelo energético municipal sostenible como son las comunidades energéticas es un reto al que nuestra acción municipal ya ha llegado de manera notable. La agenda 2030, las políticas de consumo responsable y la gestión urbanística sostenible donde IU se ha significado codo con codo con el ecologismo y las plataformas vecinales son seña de identidad municipalista. Hemos desarrollado ordenanzas de protección animal pioneras en ciudades como Zaragoza o Santiago durante nuestra participación en los gobiernos y una protección de la riqueza biológica en los pueblos rurales que se ha trasladado a la acción de gobierno.

CIUDADES Y PUEBLOS POR LA IGUALDAD

En el desarrollo programático de IU se han transversalizado las propuestas feministas. No se entiende una gestión igualitaria sin desarrollar políticas feministas desde el ámbito de la gestión de los servicios sociales hasta el diseño del urbanismo, pasando por propuestas institucionales y participación Social de las mujeres, hasta medidas para el acceso al empleo en condiciones de igualdad, la apuesta por lo público para la reducción de las brechas de género o políticas expansivas contra la violencia de género o la lucha contra la exclusión social y la feminización de la pobreza.

CIUDADES Y PUEBLOS EN LUCHA POR LOS DERECHOS LGTBI+

Hay una dimensión local en las políticas de defensa de los derechos de las personas LGTBI+. No solo en lo que corresponde a acciones de sensibilización, denuncia de la LGTBfobia o actuaciones de formación y refuerzo de las unidades de policía local para luchar contra agresiones y actos de odio. Existe también una dimensión de transversalizar políticas sociales, de empleo, diseño de políticas culturales o educativas desde una perspectiva integradora en la que IU ya ha puesto muchas iniciativas a nivel municipal.

UN PAÍS PARA QUE VUELVAN LOS QUE SE HAN IDO Y CON DERECHOS PARA LOS QUE LLEGAN

En los últimos años, hemos desarrollado políticas importantes para evitar el desierto demográfico y la despoblación. Nuestra red de activistas de mundo rural han elaborado un documento de trabajo sobre esta cuestión que se va a configurar como base para nuestro programa de mundo rural y que actualmente se verá complementado con una propuesta sobre el Estatuto para municipios de menos de 5.000 habitantes en base a nuestra lectura del borrador trabajado en el seno de la FEMP. En la propuesta central para recuperar población con derechos en los municipios despoblados se integra también dimensionar los servicios sociales para implementar políticas de asilo y emigración, recursos para la empleabilidad de población migrante y el retorno de jóvenes a los municipios rurales.

UN PAÍS DE PAZ Y SOLIDARIDAD. COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

En un momento complejo por la ofensiva expansiva de la OTAN y el conflicto de Ucrania, IU quiere que los municipios, como lo fueron muchos en el 86, sean elementos donde se visualice una cultura de paz y antimilitarista. Hemos defendido con mociones, con acciones institucionales y de todo tipo la necesidad de una política de paz y los valores de la cooperación como valores que centran los derechos humanos como elemento de convivencia. Una apuesta por recuperar políticas como la creación de Consejos municipales de cooperación, recuperar el 0,7% en políticas de cooperación que se visualizó especialmente en legislaturas anteriores y colocar el papel del municipio como elemento central para una cultura solidaria e internacionalista al calor de los acontecimientos actuales es esencial.

Desde municipios gobernados por IU han desarrollado el papel que la ley da al municipio como promotor y rehabilitador público de vivienda, y de creación de parques de vivienda

En resumen, se trata de conjugar la experiencia municipalista del PCE e IU, la evidencia de que se pueden implementar políticas locales concretas que demuestran que donde IU gobierna la vida de la gente mejora y la defensa de profundas reformas legislativas que permitan a los municipios su desarrollo competencial, jugar el papel que el propio texto constitucional otorga y adaptarnos a una realidad necesaria y urgente de fortalecer la administración que con la pandemia más ha visibilizado el ciudadano.

Seguro será difícil sin abordar antes de forma urgente una nueva Ley de Financiación Local, que contemple, entre otras medidas, la participación hasta en un 33% de los municipios en los tributos del Estado, sin la derogación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, sin hacer ver a las CC.AA. que existe un mandato constitucional para otorgar suficiencia financiera a las corporaciones locales especialmente por esas competencias impropias que se asumen o sin plantear nuevas transferencias o modelos fiscales no discriminatorios con lo local.

Son retos a los que el PCE e IU están llamados a afrontar, desde la trayectoria de más de 40 años de municipalismo programático y de la praxis en el sentido gramsciano. Más de 8.000 municipios esperan una propuesta política que deberá dar solución a una eterna situación contradictoria que viven desde hace años, por un lado, porque la ciudadanía quiere respuestas para servicios e infraestructuras cada vez más complejas, cada vez más servicios públicos eficientes y accesibles, pero por el otro, y en base a lo expresado sobre que estamos ante las administraciones más cercanas a los ciudadanos, exigen respuestas a problemas como el empleo digno, la situación inflacionaria, la exclusión social, la vivienda que son resultado de políticas puestas en marcha por otras administraciones (estatal o autonómica) pero de las cuales el ciudadano ve sus consecuencias en su ámbito más cercano. Solventar esta contradicción, reforzar el municipalismo y la cogobernanza ciudadana en las decisiones y la corresponsabilidad en el gasto público municipal es un reto al que estamos llamados a contestar.