Desde los tiempos de la guerra fría, el bando occidental ha alardeado de estar en el lado de la libertad de prensa y de expresión. Estados Unidos y Europa Occidental eran los países de la libre información, mientras que en la Unión Soviética y la Europa Oriental campaba la censura y la persecución a los periodistas. Era tal el predominio mundial del periodismo occidental que hasta lograron seducir a los ciudadanos de los países socialistas, convencidos todos de la superioridad moral y de la libertad de la prensa capitalista.
Han pasado varias décadas desde la caída del muro de Berlín y hemos tenido tiempo suficiente para comprobar cómo es esa supuesta libertad de prensa. Ya sabemos que, como todo en el capitalismo, es el dinero el que define si se accede a la libertad de expresión. De ahí que grandes empresas propietarias de medios son las que dominan el panorama. Pero no es en eso en lo que ahora vamos a fijarnos Lo que estamos viendo es cómo en este mundo libre para la información está vigente la persecución, la represión, el encarcelamiento y hasta la complicidad con los asesinatos de los periodistas e informadores incómodos.
El caso más emblemático es el de Julian Assange, fundador y portavoz de Wikileaks, una agencia de noticias que supuso una revolución en el mundo de la comunicación. Creó un portal que permitió que muchos denunciantes, de forma protegida, documentaran y pudieran difundir la comisión de crímenes, corrupción o demás irregularidades. Con este novedoso sistema WikiLeaks publicó información de interés mundial como ejecuciones extrajudiciales en Kenia, crímenes medioambientales en Costa de Marfil, corrupción bancaria en Islandia, o la censura a Internet en China. Sin embargo, tras publicar informaciones e imágenes sobre los crímenes de Estados Unidos y la OTAN en Iraq y Afganistán, Estados Unidos decidió comenzar la persecución de WikiLeaks y su fundador, Julian Assange
En la actualidad, Assange está encarcelado en el Reino Unido desde abril de 2019 con una petición de extradición a EEUU, donde lo podrían condenar a hasta 175 años de cárcel, acusado de divulgar documentos secretos, que entre otras cosas informaban de crímenes de guerra que cometió el ejército de EEUU.
Curiosamente, el mismo organismo británico que ha dado el visto bueno a su extradición, fue el que lo negó a la justicia española para juzgar a Pinochet por razones de salud. Un Pinochet que salió milagrosamente andando cuando supo que estaba libre. En cambio, en el caso de Assange, a su delicado estado de salud y su depresión, se une un derrame cerebral y no parece que eso impida su extradición.
A diferencia de Pinochet, Assange lleva más de doce años recluido en el Reino Unido a pesar de que no ha sido condenado por ningún delito. Fue detenido inicialmente en 2010 a instancias de Suecia por un caso de supuestos delitos sexuales que están archivados por la justicia sueca en 2015, es decir, no hay delito. Primero estuvo bajo arresto domiciliario, después refugiado en la embajada de Ecuador de 2012 a 2019 y actualmente en prisión a la espera de que termine el actual proceso.
Otra de las paradojas la ha recordado el director de Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Ben Wizner. Mientras se encarcela a Assange, los medios de comunicación que tuvieron el acceso privilegiado y difundieron los papeles de WikiLeaks, fueron galardonados por informar y mostrar los crímenes de guerra que militares de Estados Unidos y del Reino Unido cometieron en Irak y en Afganistán.
Una investigación periodística reveló en septiembre del 2021 que la CIA analizó la posibilidad de secuestrar y asesinar a Assange cuando este se encontraba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres.
Cárcel o asilo
Estrechamente ligado al caso Assange está el de Chelsea Manning, el soldado y analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos que filtró a Wikileaks los documentos que posteriormente se difundieron por la prensa. A pesar de que se trataba de documentos que no afectaban a la seguridad del país, un tribunal militar la condenó en agosto de 2013 a una pena de 35 años de prisión.
Tras seis años entre rejas, Obama le conmutó el resto de la pena pendiente y fue libertado en 2020, pocos días después de haber intentado suicidarse en la cárcel.
En 2013 a través de periódicos como The Guardian y The Washington Post, el experto en seguridad informática de las agencias de seguridad de Estados Unidos, Edward Joseph Snowden, hizo públicos documentos e informaciones que mostraban los sistemas de vigilancia a la población por parte de las autoridades estadounidenses.
La justicia estadounidense ordenó su captura bajo diferentes cargos criminales por esas filtraciones. Numerosos países que dicen ser defensores de la libertad de expresión, desde España a Austria, pasando por Noruega o Alemania, no aceptaron darle asilo. Actualmente se encuentra bajo asilo temporal en Rusia.
La persecución de Estados Unidos a periodistas y filtradores incómodos de información cuenta con la complicidad de los países satélites de la OTAN o de socios geopolíticos. Ellos deniegan ayuda o asilo a los perseguidos por Estados Unidos y, al mismo tiempo, logran impunidad global para sus crímenes contra la prensa.
Condenado sin pruebas
El periodista Pablo González lleva detenido desde el pasado 28 de febrero en Polonia, cuando se dirigía a cubrir el conflicto de Ucrania como freelance para los diarios Público, Gara y la televisión LaSexta. Acusado de espionaje, se le ha mantenido incomunicado de su abogado y de su familia. Su prisión provisional se alarga meses con toda impunidad y su condena puede ser de años.
Las únicas “pruebas” que Polonia ha esgrimido contra él es que había trabajado para Gara y que poseía un pasaporte ruso (tiene la doble nacionalidad porque nació en Moscú en 1982 ya que es nieto de uno de los miles de “Niños de Rusia” que en los primeros años de la Guerra Civil española fueron enviados por la República a la Unión Soviética). A los nueve años se fue a vivir a España.
Su detención está vulnerando 18 artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Su abogado denuncia que «en un contexto bélico como este, y con la relevancia que ha tomado Polonia en su apoyo a Ucrania, nadie quiere decirle nada a Polonia”, un país que está cumpliendo con fidelidad todo lo que se le exige en lo relacionado con la guerra de Ucrania. Por parte del gobierno español no ha habido el mínimo pronunciamiento valiente y firme contra esa detención que pronto cumplirá un año. Imaginen si un periodista español estuviese detenido en las mismas circunstancias en una cárcel rusa, china, cubana o venezolana.
La persecución de Estados Unidos a periodistas y filtradores incómodos de información cuenta con la complicidad de los países satélites de la OTAN o de socios geopolíticos
El 2 de octubre de 2018, el saudí Jamal Khashoggi, periodista de The Washington Post, entró en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, donde iba a recoger sus papeles para contraer matrimonio. A los diez minutos un comando de agentes sauditas lo asesinaban, descuartizaban y se deshacían de su cuerpo. Todo ello fue documentado y demostrado por las autoridades turcas y diversas investigaciones.
La entonces relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, que investigó el caso, dijo en junio de 2019 que las pruebas sugerían que Bin Salmán y otros altos cargos eran responsables del asesinato. Callamard, hoy máxima responsable de Amnistía Internacional, fue amenazada directamente por autoridades saudíes.
Cuatro ciudadanos saudíes que participaron en el asesinato de Jamal Khashoggi recibieron entrenamiento paramilitar en Estados Unidos el año anterior.
El pasado noviembre, la Administración Biden concedía inmunidad al príncipe saudí Bin Salmán en el caso abierto por el asesinato de Jamal Khashoggi al considerar que es inimputable por su condición de primer ministro.
Silenciar al contrario
El 1 de marzo de 2022 el Boletín Oficial de la UE anunciaba, mediante reglamento y decisión que “Queda prohibido a los operadores difundir, permitir, facilitar o contribuir de otro modo a la emisión de cualquier contenido por parte de las personas jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo IX (la televisión Rusia Today en varios idiomas y la agencia Sputnik) e , incluso mediante transmisión o distribución por cualesquiera medios tales como cable, satélite, IP-TV, proveedores de servicios de internet, plataformas o aplicaciones de intercambio de vídeos en internet, ya sean nuevas o previamente instaladas”. Es decir, se prohibían dos medios de comunicación en toda la Unión Europea.
El razonamiento esgrimido es que eran medios de propaganda rusa. No recurrieron a ningún informe que mostrara las manipulaciones o mentiras de esos medios, no mostraron ninguna legislación en la que se fundamentaran y, menos todavía, una sentencia judicial que les apoyara.
Ahora volvamos a los tiempos históricos con los que empezábamos este texto, durante aquella guerra fría en la que convencieron al mundo de que en el bloque socialista se perseguía a periódicos y periodistas, mientras que aquí, en el mundo libre, la libertad de expresión y de prensa era sagrada. Hoy vemos que es mentira. Los “países de la libertad de expresión” encarcelan a periodistas e informadores incómodos, permiten que sus gobiernos amigos los asesinen y descuarticen y, si hace falta, directamente prohíben los medios de comunicación extranjeros que molestan.
