Las multas oscilan entre los 1.800 y los 14.500 euros

Multa a 55 empresas, entre ellas Carrefour o Dia, por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria

Retrasos en los plazos de pago, la inexistencia de contratos por escrito o la no inclusión del precio en dichos contratos, todas las cuestiones perjudiciales para el pequeño campesino o ganadero son algunos de los incumplimientos

El Gobierno ha multado a un total de 55 empresas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, una ley promovida por Unidas Podemos, para garantizar precios justos en el sector agroganadero, obligando a la transparencia en los contratos para impedir vender por debajo de coste.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha hecho pública la primera lista de sanciones firmes a empresas por incumplimientos graves y muy graves de la Ley de la Cadena Alimentaria, entre ellos, retrasos en los plazos de pago, la inexistencia de contratos por escrito o la no inclusión del precio en dichos contratos, todas las cuestiones perjudiciales para el pequeño campesino o ganadero.

Tras conocer la noticia, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha apoyado este jueves las multas impuestas, ya que a su juicio evidencian que sin la norma «volveríamos a la ley de la selva», según ha informado en una nota de prensa. «Unos precios justos del campo a la mesa no se consiguen solo con buenas voluntades», han señalado.

Así según el listado hecho público, los Centros Comerciales Carrefour han sido sancionados con 3.001 euros por el incumplimiento de los plazos de pago; mientras que otra de las grandes cadenas de supermercados como Dia Retail España ha recibido dos sanciones por el mismo motivo: una de 3.001 euros y otra de 3.899,12 euros.

No obstante, la mayor sanción ha recaído en Ray Lech, empresa dedicada al comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles, que ha recibido dos multas: una de 3.001 euros por el incumplimiento de los plazos de pago y otra de 11.500 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios y no incorporar en los mismos el precio.

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