El Gobierno de España ha decidido finalmente suspender la exportación a Perú de material antidisturbios. Así lo anunció José Manuel Albares, ministro de Exteriores, durante su comparecencia ante la comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados el 21 de febrero. El anuncio llega dos meses después de que Unidas Podemos en el Parlamento y Amnistía Internacional en la sociedad lo solicitaran expresamente.
Tras la masacre de Ayacucho el 10 de diciembre, cuando el Ejército asesinó a 10 civiles en un solo día, Amnistía Internacional viene solicitando esta suspensión, al constatar que muchas de las lesiones graves y muertes producidas por la represión policial de las protestas, se deben a disparos directamente al cuerpo de los manifestantes, en muchos casos a la cabeza, de perdigones y bombas lacrimógenas. La Policía no solo ha violado su Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, sino que ha ido en contra de lo que dictan las normas y estándares internacionales , como orientaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre el empleo de armas menos letalesen el mantenimiento del orden.
El gobierno de España respondió en diciembre que cualquier solicitud de exportación de material policial se analizaba “caso por caso” al considerar a Perú un “destino sensible”, pero que el comercio “seguía abierto”.
El 16 de febrero, la organización defensora de los derechos humanos presentó las primeras conclusiones de su misión en Perú. El Laboratorio de Evidencia de Amnistía Internacional concluyó que en la represión de las manifestaciones que se ha cobrado la vida de 48 personas, se usó proyectiles antidisturbios de escopeta y balas de goma fabricados por la empresa española Maxam Outdoor, filial de la multinacional líder en munición de caza Maxam. España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea, con más de 184 millones de euros autorizados en exportaciones de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022, de los cuales casi 40 millones fueron de material antidisturbios.
Bombas lacrimógenas disparadas a la cabeza
Renato Sebastián Murillo Reyes, de 22 años, fue ingresado en la UCI por traumatismo cráneo encefálico severo el 12 de diciembre pasado, cuando un policía le disparó una bomba lacrimógena al rostro durante la represión de la protesta en la Plaza San Martín de Lima:
El 28 de enero, el mismo modus operandi de la Policía acabó con la vida de Víctor Santisteban Yacsavilca, de 55 años, cuando se manifestaba en el centro de Lima y un agente le disparó una bomba lacrimógena directamente a la cabeza, a muy pocos metros de distancia, como denunciaron medios alternativos a partir de las imágenes de la municipalidad
Perdigones disparados a corta distancia
Los protocolos de la Policía recomiendan que los perdigones de goma no sean disparados a una distancia menor a los 35 metros de distancia. Un solo cartucho puede tener hasta 25 perdigones de goma en su interior. Por ello, un solo disparo puede herir a distintas personas y provocar orificios en el cuerpo, si no se respeta la distancia reglamentaria.
En Cusco Rosalino Flores Valverde, de 21 años, recibió 36 perdigones dentro de su cuerpo. Su condición es crítica debido a que tiene dañados los intestinos, riñón y pulmón. El joven permanece en el hospital Antonio Lorena (Cusco), donde sólo han logrado extraer 9 de los proyectiles alojados en su cuerpo.
Este es el momento de su agresión por un agente de policía que le disparó a cortísima distancia:
La prensa también ha sido víctima de los disparos de la policía al cuerpo:
Desde el estallido de las protestas el 7 de diciembre, la Asociación Nacional de Periodistas de Perú ha registrado 153 ataques contra informadores mientras realizaban su trabajo. La mayoría de las agresioines fueron perpetradas por las fuerzas de seguridad.
