Las trabajadoras del servicios de limpieza subcontratado por el servicio vasco de salud, Osakidetza, comenzaron el lunes 27 de febrero una semana de huelga convocada por los sindicatos LAB, UGT, CCOO y ESK en demanda de la homologación de condiciones laborales en relación al personal propio del Servicio Vasco de Salud.

Según los sindicatos convocantes, el colectivo lleva más de 5 años sin convenio y a pesar de que se han celebrado numerosas reuniones, no hay avance y la negociación con el medio centenar de empresas se encuentra bloqueada.

La trabajadoras de limpieza de las subcontratas de Osakidetza piden sencillamente homologar sus condiciones a las que ya tienen las trabajadoras de Osakidetza: la carrera profesional, un sistema más amplio y justo de cobertura de vacantes, acceso a la jubilación parcial vinculada al contrato de relevo, y algunos permisos y licencias que ya tiene reconocido el personal de Osakidetza.

El PCE-EPK, en un comunicado emitido, considera que el Gobierno Vasco tiene la responsabilidad en este conflicto de garantizar las condiciones de trabajo de esas trabajadoras, en tanto en cuanto que “la limpieza de la sanidad pública se hace con empresas privadas por decisiones políticas del propio Gobierno”. “La huelga que han convocado las trabajadoras –declara el comunicado- atañe a las empresas contratistas, pero también atañe al Gobierno Vasco, que es el responsable del modelo y el responsable del servicio público”.

El Gobierno Vasco –se denuncia en el comunicado- lamentablemente no ha movido un dedo para que las empresas adjudicatarias del servicio desbloqueen la negociación y se puedan garantizar unas condiciones dignas a las trabajadoras acabando con la discriminación que sufren, llegando a una situación de parálisis donde nadie mueve ficha, y en la que Gobierno Vasco y empresas adjudicatarias se sacuden mutuamente la responsabilidad.

Mientras se repite incesantemente –dice el PCE-EPK- que las trabajadoras de limpieza de la sanidad pública son esenciales e importantísimas, buena parte de las mismas tienen su convenio colectivo caducado. No es válido decir, –afirma el PCE-EPK- como hace el Gobierno Vasco, que es un tema de las empresas. “Si es un problema de las empresas –replican desde la organización comunista vasca- es por el modelo de externalizaciones del propio Gobierno Vasco”.

Por este motivo, desde el PCE-EPK “exigen al Gobierno Vasco que acabe con la discriminación que sufren las y los trabajadores que trabajan para Osakidetza a través de contratas externas, y que garanticen unas condiciones dignas para este colectivo”.

Fuente: pce-epk.org