El pasado 2 de marzo la Junta de Andalucía publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOE) la Orden que permitirá a las empresas privadas concertar el uso de la Atención Primaria por primera vez en una comunidad del estado.

El documento expone que: “La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, regula la posibilidad de colaboración de sujetos privados en la prestación del servicio sanitario público a través de una doble vía, el concierto y los convenios de vinculación”.

Esta medida pone al servicio de las empresas privadas una serie de tarifas para disponer de las instalaciones y los servicios públicos.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) pagará una tasa de 65 euros por la primera consulta que asuman las clínicas privadas, actualizándose a 150 euros por visita al médico especialista y 90 euros por las consultas. La Junta de Andalucía aprovecha estas medidas para derivar a la privada cuando el sistema público no los pueda asumir.

El objeto principal de esta orden, según la Administración Andaluza, es actualizar y adaptar los precios y las tarifas que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cobra a las clínicas privadas por tratar a sus pacientes. Todo ello, en el contexto de la falta de médicos en la pública que ha generado un aumento exponencial de las derivaciones a la concertada. Por lo tanto, estas empresas privadas marcarán como objetivo maximizar sus beneficios en detrimento de la calidad de los servicios.

Frente a las declaraciones de Moreno Bonilla sobre la sanidad pública y que “no la privatizará”, la realidad lo desmiente, la situación de los centros de salud en Andalucía es muy precaria en la mayoría de casos, la mayor parte de las plazas médicas son por contratos que no ofrecen estabilidad y quienes se jubilan no tienen suficientes profesionales para su sustitución. De ahí que el pasado enero los sindicatos conminaran con una huelga, la que llevó a un acuerdo con el Sindicato Médico para establecer cupos máximos en la atención. Según el mismo, los médicos no atenderían a más de 35 pacientes en horario de mañana y los pediatras a 25, pudiendo atender a igual número por las tardes. Pero el acuerdo no ha pasado de proyecto por lo difícil de aplicar ante la situación en la que se encuentra la sanidad pública andaluza.

Desde el PCA alertan sobre las consecuencias negativas de las medidas tomadas por el gobierno de Moreno Bonilla, tales como la pérdida de calidad en la atención médica, el aumento de las desigualdades en el acceso a los servicios en ciudades, pueblos y barrios marginados, y también el deterioro de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Por lo argumentamos que la salud y bienestar de la población deben ser la principal prioridad a defender, la privatización de la atención primaria NO es la solución adecuada para mejorar la calidad y eficiencia del Sistema de Salud de Andalucía.

El próximo 25 de marzo, la coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía ha convocado manifestaciones en todas las capitales de provincia, a la que el PCA manifiesta su adhesión y unión para apoyarlas y exigir que se revierta el mazazo dado al servicio de salud público.

(*) Fuente: Partido Comunista de Andalucía