Unidas Podemos ha registrado hoy en el Congreso una iniciativa parlamentaria en relación al denominado ‘caso Kitchen’, la trama de corrupción y espionaje protagoniza por altos cargos del Partido Popular desde el Ministerio del Interior en su última etapa en el Gobierno y que se instruye con desigual fortuna desde hace años en la Audiencia Nacional.
Impulsada desde Izquierda Unida de Navarra (IUN-NEB), el grupo confederal formaliza una pregunta escrita en la que, entre otras cuestiones, pide al Gobierno que detalle si “¿cuenta con información sobre las actuaciones que se han llevado a cabo para desacreditar a la que fue consejera del Gobierno navarro María José Beaumont?” e interroga también al Ejecutivo sobre “¿qué medidas se han tomado o van a tomarse para que este tipo de actuaciones no pueda volver a desarrollarse?”.
Los datos aparecidos sobre este asunto constatan que la consejera Beaumont Aristu comenzó a ser investigada en 2015 “sin ningún fundamento legal” nada más acceder al cargo, “por los hoy imputados en la ‘trama Kitchen’, que aprovechó las estructuras del Ministerio del Interior para finalidades políticas ilegítimas”, todo ello con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y Jorge Fernández Díaz, hoy también investigado, al frente de la cartera. Las informaciones recabadas por la justicia en la instrucción permiten comprobar cómo cómo María José Beaumont “ha sido víctima de una investigación extrajudicial, que afectó también a su entorno privado, con la finalidad de desacreditarla”.
El que fuera secretario de Estado de Seguridad en el Ejecutivo del PP, Francisco Martínez, y el excomisario y exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, perteneciente a la polémica cúpula policial vinculada, protegida y al servicio políticamente entonces de los intereses del Partido Popular, intercambiaban continuamente conversaciones por WhatsApp en las que, entre otros temas, “se pregunta directamente por Beaumont y su entorno para comprobar textualmente si ‘tienen cosillas’ y que se miraría a ‘su entorno’, aunque nunca se había encontrado ningún indicio contra la consejera”.
Estas conversaciones, incorporadas en el sumario que instruye con continuos altibajos el magistrado Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional sobre la ‘trama Kitchen’, acreditan “un patrón similar al llevado a cabo contra otros dirigentes políticos en el conjunto del Estado español”, se recoge en la iniciativa registrada.
La pregunta parlamentaria que ahora deben contestar por escrito los responsables de Interior del actual Gobierno se completa preguntando si “¿se han iniciado acciones disciplinarias o similares respecto a los funcionarios responsables de estas actuaciones indebidas?”.
Fuente: izquierdaunida.org
