El PCPV, ante el alarmante incremento de situaciones de acoso inmobiliario en el País Valencià, ha emitido una nota pública para exigir políticas públicas de vivienda que incluyan de forma explícita la prohibición de desalojos de familias vulnerables en inmuebles propiedad de entidades bancarias y fondos buitre.
Aunque la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha una serie de iniciativas con la aprobación de un Decreto Ley el pasado 17 de febrero y una ampliación del parque público valenciano con 500 viviendas de la SAREB, por parte de la organización comunista valenciana se consideran insuficientes, en línea con las demandas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH PV) y activistas de movimientos sociales y vecinales.
Según explican, en el País Valencià hay 13.400 demandas de vivienda pública y las autorizaciones por parte de los juzgados para desalojar viviendas alcanzaron en 2022 a 3.894 familias, disparando un 40% los desahucios en el último trimestre de ese año según los datos del Consejo General del Poder Judicial, cifras que en 2023 se han incrementado por impago de alquileres e hipotecas o finalización de contratos de arrendamiento. Por lo cual, a juicio del PCPV, medidas aisladas como la ampliación del periodo de suspensión de los desahucios de hogares vulnerables hasta el 30 de junio de 2023 son inoperantes por carecer del acompañamiento de políticas públicas de viviendas.
Para el PCPV, cuando hay millones de viviendas vacías, debe prevalecer la función social de la propiedad de la vivienda, y exige la compra a precio simbólico de todos los activos de la SAREB, más de 31.000 en la Comunitat según la PAH, para implementar un mecanismo de Alquiler Social Obligatorio.
Pese a que reconocen avances en materia de vivienda en las medidas implementadas por el Decreto Ley 3/2023 de 17 de febrero, solicitan celeridad en la aplicación de la regulación de los grandes tenedores de viviendas y las medidas de cesión de uso y expropiación; en la puesta en marcha de las medidas de protección frente al acoso inmobiliario y discriminación en el acceso a la vivienda, en la implementación de medidas dirigidas a frenar el trato preferencial en la fiscalidad de los fondos buitre y Socimis e impedir la concentración de la propiedad inmobiliaria.
La formación comunista reitera su compromiso con la iniciativa legislativa popular por una Ley de Vivienda digna y exige que la Ley de Vivienda estatal recoja la paralización de los desahucios, que contemple el alquiler social obligatorio, que regule el precio del alquiler, que transforme la SAREB en un parque público de viviendas, que garantice los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones, que se establezca la segunda oportunidad para mantener una vivienda habitual que incluya a los avalistas y que la vivienda deje de ser un producto de mercado para ser un derecho social básico
